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 Aunque  con muchas diferencias entre países, el derecho al aborto sigue sin estar totalmente garantizado en ningún lugar del mundo. Por eso el próximo 28 S- Día internacional por la despenalización del aborto, sigue siendo un día de lucha.

Para las mujeres trabajadoras, es una cuestión de vida o muerte. Son miles las que mueren o quedan mutiladas de por vida por abortos clandestinos. Son muchas las que se enfrentan a procesos judiciales y a la cárcel, por practicarse un aborto fuera de la ley.

En el Estado Español, nadie nos regaló nada. La ley actual es fruto de la lucha que las mujeres, organizadas y en alianza cada vez mayor con muchos hombres, al igual que hoy lo hacen en Chile o en Polonia, venimos llevando a cabo desde hace más de cuarenta años por nuestros derechos sexuales y reproductivos, siempre amenazados.

Fue también gracias a la movilización, que conseguimos derrotar en las calles la propuesta de contrarreforma a la ley actual, liderada por Gallardón, en un intento de hacerla más restrictiva. Y desde hace dos años  luchamos contra la Ley 11/2015 de 21 de septiembre, con la que todas las menores de 16 y 17 años tienen que contar con la autorización de sus representantes legales para acceder a la IVE.

Panorama mundial sobre el derecho al aborto

En la mayoría de los países de África, Medio Oriente, Oceanía y del Sudeste asiático, el aborto es un delito y solo se permite  en algún supuesto.

En Latinoamérica y El Caribe, tan solo cuatro países han legalizado el aborto bajo voluntad y a simple solicitud de la mujer: Cuba, Guyana, Uruguay y México. Cuatro países no lo permiten bajo ninguna circunstancia: El Salvador, Nicaragua, República Dominicana y  Honduras. Sólo en Nicaragua, cada año aproximadamente 6.700 niñas entre las edades de 10 y 14 son víctimas de violencia sexual y 1.300 quedan embarazadas. La buena noticia es que en Chile, que tenía una de las leyes más restrictivas del mundo, el Parlamento aprobó una Ley que permite el aborto en tres supuestos, lo que aun siendo insuficiente, es un reflejo de la lucha que llevaron a cabo las mujeres en ese país.

En EEUU, el derecho de la mujer al aborto sufrió un grave retroceso. Desde que Trump llegó al gobierno, 50 leyes restrictivas del mismo fueron aprobadas en distintos estados como Ohio, Arkansas, Alabama, Mississippi o Luisiana. El nuevo inquilino de la Casa Blanca, que enfrentan millones de mujeres en todo el mundo, por sus políticas xenófobas y machistas, reafirmó una política republicana que data de 1980 y firmo una orden ejecutiva que prohíbe el uso de fondos del gobierno para subsidiar ONGS que practiquen o asesoren sobre el aborto en el extranjero.

En Europa, sigue prohibido en Vaticano, Irlanda y Malta y sujeto a estrictos  condicionamientos en Hungría y Polonia. En los países donde es reconocido legalmente, sufre también importantes restricciones, por la falta de recursos como personal o instalaciones hospitalarias adecuadas y la posibilidad de objeción de conciencia  por parte de los profesionales médicos, en  la sanidad pública.

 

El ejemplo de la Revolución Rusa.

Ahora que se cumplen cien años de aquella revolución obrera y popular, hay que señalar que en plena guerra civil y a pesar del caos económico y social  y los escasos servicios de salud que había, el gobierno obrero surgido tras la Revolución Rusa de Octubre, comprometido con la lucha por la igualdad de las mujeres, se esforzó por garantizar el aborto libre y gratuito en los hospitales públicos, a partir de 1920.La Unión Soviética se convirtió en el primer país del mundo en otorgarles a las mujeres la posibilidad legal de interrumpir el embarazo. Porque sabían que la mujer soviética seguiría abortando mientras no tuviese acceso a anticonceptivos, servicios de planificación familiar o  persistiesen las dificultades materiales para ser madre derivadas de la guerra, el hambre, etc.

Una conquista que Stalin abolió en 1936, prohibiendo de nuevo el aborto que no se consideraba un derecho de las mujeres, sino una cuestión de salud pública, sujeta a las necesidades del Estado, inmerso en ese momento en políticas para promover la natalidad en la URSS.

Prohibir no es la solución:

Hace muchos años que todos los estudios sobre el tema vienen demostrando que la prohibición o restricción del aborto no disminuye su incidencia. El verdadero motivo por el que los gobiernos actuales continúan prohibiendo o restringiendo el acceso al aborto, es dificultar que las mujeres, que parimos la mano de obra que gobiernos y burguesía necesitan para seguir manteniendo este sistema capitalista, tengamos el control sobre nuestro cuerpo, nuestra sexualidad y nuestra maternidad, lo que es una de las formas de perpetuar  la opresión que sufrimos

La única manera eficaz de reducir el número de abortos es proporcionando  educación sexual y  anticonceptivos fiables, seguros y gratuitos. Es aumentando los recursos contra la violencia machista por la que una mujer es violada cada 8 horas en el Estado Español o cada ocho minutos en México.

Y sobre todo, poniendo en marcha políticas que combatan a fondo la espantosa pobreza y miseria en que viven millones de mujeres en todo el mundo y  protegiendo  a  aquellas que decidan ser madres.

Con sus recortes sociales y sus políticas de ajuste en salud y educación, los gobiernos imperialistas niegan el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y su maternidad. Con sus leyes, ponen los derechos y la vida de los “no nacidos” por encima de los de las mujeres, obligándolas a parir  contra su voluntad o a someterse a un aborto de riesgo.

 

Estado Español: Luces y sombras de una ley restrictiva  que  no se cumple

La actual  ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, combina plazos y supuestos y permite el aborto en las primeras 14 semanas. Pero un estudio de Diciembre del año 2016 llevado a cabo por la Coordinadora Feminista, revela que aún persisten  los siguientes problemas:

  1.  Con la actual Ley, el aborto se mantiene dentro del Código Penal, fuera de los plazos y supuestos señalados.
  2.  Siete años después de su aprobación, el 90% de los abortos se siguen realizando en centros privados. Hay  comunidades autónomas en las que no se han practicado abortos en centros hospitalarios o extra-hospitalarios de la red de sanidad pública, lo que incrementa las desigualdades y supone serias barreras y costes a las mujeres que tienen que desplazarse a otras provincias e incluso comunidades.

No hay verdadera voluntad política  de acabar con esta situación, entre otras cosas también porque el aborto es actualmente un negocio millonario para las clínicas privadas donde acuden las mujeres, ya sea pagando, las que pueden hacerlo, o derivadas por la sanidad publica que costeamos  entre todas y todos.

La objeción de conciencia del personal sanitario que la Ley reconoce, es un obstáculo para garan­tizar la prestación del aborto en la red sanitaria pública, porque no está regulada, dejando a muchas mujeres en situación de indefensión y vulnerando su derecho a la atención sanitaria. Las técnicas y los procedimientos abortivos siguen sin estar incluidos en la formación del personal sanitario.

  1. Da por supuesto que la mujer necesita siempre tutelaje en este tema, cuestionando nuestra capacidad y autonomía.
  2. Muchos grupos de corte religioso autodenominados “próvida” que niegan el derecho al aborto y promueven abiertamente la LGTBfobia, como es el caso de “Hazte oír”, continúan recibiendo financiación pública para la realización de sus actividades. La iglesia católica con su religión misógina, lleva años desarrollando una fuerte ofensiva contra el derecho de las mujeres a decidir en todo el mundo, incluido el Estado Español.
  3. La atención en salud sexual y reproductiva, así como la accesibilidad a los distintos métodos contraceptivos, es deficiente debido a los recortes sanitarios, con muchas diferencias entre CCAA.
  4. En nuestros colegios e institutos públicos, la educación sexual cuando existe, se configura como una actividad extraescolar, insuficiente, puntual y voluntaria y con un enfoque centrado en la reproducción. La mayoría de las CCAA que tienen las competencias en educación, no han elaborado normativas propias para la regulación, ejecución y seguimiento de la educación sexual en el ámbito educativo, con lo que esta  depende  de la implicación del profesorado y AMPAS de cada Centro escolar.

A todo esto hay que añadir que desde 2012, la reforma sanitaria también redujo el acceso a medidas de planificación familiar y al aborto seguro de las inmigrantes en situación irregular, aumentando su discriminación y vulnerabilidad a la violencia.

 

  Una lucha de toda la clase trabajadora

No es posible acabar con  los obstáculos  que aún persisten en la aplicación de la ley, ni con los embarazos no deseados sobre todo entre las adolescentes, o con el estigma social y la vergüenza que aún sufren muchas mujeres que deciden llevar a cabo una interrupción voluntaria del embarazo, sin que sigamos luchando para exigir que se aumente  el gasto social  en sanidad y educación, drásticamente recortado en estos años por los gobiernos del PPSOE y para revertir  su  privatización.

El  gasto en Educación aprobado en los PGE de 2017, fue de 2.522,76 millones de euros, un 1,7% más que en 2016, pero  por debajo de los 2.843 millones de euros que había en 2011, antes de los  recortes de los Decretos 14/2012 y 20/2012 en todas las etapas. La LOMCE de 2012, conocida como “Ley Wert”, eliminó además los  objetivos de igualdad entre mujeres y hombres en programas transversales y específicos.

El presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para este año se incrementó en 161,34 millones de euros, un 7,97%, respecto al del 2016, pero un 42%  menor que en 2008,  lo que asciende al 61% si se restan los programas presupuestarios de servicios sociales, no incluidos en este Ministerio en 2008.

Además se ha eliminado el Observatorio de Salud de la Mujer. Estos recortes han ido acompañados de una reforma sanitaria que, al igual que la LOMCE en Educación, ha impulsado su privatización

Por eso  la lucha por el derecho al aborto, es  parte de una lucha más amplia de toda la clase trabajadora, contra los planes de ajuste y austeridad que nos han venido  imponiendo y aún siguen  haciendo, los sucesivos gobiernos  tanto a nivel central, como autonómicos.

Desde Corriente Roja hacemos un llamamiento a todas las organizaciones de la clase trabajadora, a sumarse a las movilizaciones de este 28S en que miles de mujeres saldremos  a la calle  en todo el mundo para defender  nuestra vida, nuestra  salud y  nuestro  derecho a ser madres o no, como, cuando y en la forma que libremente decidamos.

 

¡ABORTO LIBRE, PÚBLICO, GRATUITO Y SIN OBJECCIÓN DE CONCIENCIA EN LA SANIDAD PÚBLICA PARA TODAS!

¡BASTA DE CRIMINALIZAR A LAS MUJERES. FUERA EL ABORTO DEL CÓDIGO PENAL!

 ¡EDUCACIÓN SEXUAL Y EN VALORES DE IGUALDAD EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA!

¡FORMACIÓN PROFESIONAL SOBRE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO Y LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS PARA ELIMINAR LOS PREJUICIOS QUE AÚN EXISTEN!

¡ANTICONCEPTIVOS SEGUROS, FIABLES Y GRATUITOS Y SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN LA SANIDAD PÚBLICA!

 

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