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La victoria de diferentes candidaturas alternativas en municipios importantes del Estado Español como Madrid, Barcelona o Cádiz en las Elecciones Municipales de 2015 generaron un movimiento de simpatía y esperanza por parte de la clase obrera hacia lo que se dio en llamar los gobiernos del cambio o los ayuntamientos del cambio. Gobiernos como el de Manuela Carmena, en Madrid y el de Ada Colau, en Barcelona, representaban para muchos/as la posibilidad de regeneración política y democrática que dejaría atrás los años del pelotazo urbanístico, los casos de corrupción y el maltrato de los servicios públicos y hacia la clase obrera en general.

Por Evaristo Espigares, de Barcelona

Sin embargo, casi dos años después, a mitad de sus mandatos, vemos que estos gobiernos municipales no responden a las expectativas generadas en su día a su alrededor. En su actuación, no pasan de ser gestores “honestos” del sistema capitalista, lejos de ser el instrumento de profunda transformación social, política y económica que tanta gente esperaba de ellos

Este es el caso del gobierno de Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona. Precedida por su buena labor al frente de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que supuso un auténtico soplo de aire fresco en la realidad política y social estatal, puesto que hizo temblar uno de los principales pilares del sistema capitalista, la propiedad privada, Ada Colau y su gobierno se muestran incapaces de ponerse manos a la obra a la hora de atacar de raíz los supuestos de un sistema que precariza día a día las condiciones de vida de la clase trabajadora. Además, y como municipio más relevante de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona también juega un importante papel en la batalla por el referéndum de independencia.

Este último aspecto junto con el de la vivienda y el tratamiento de la inmigración (refugiados, manteros…) son los que trataremos en este artículo.

Sin duda, la actuación estrella del mandato de Barcelona en Comú (marca bajo la que gobierna Ada Colau en Barcelona) pasa por ser la política de vivienda, no en vano, como hemos mencionado, Ada Colau fue la principal figura pública de la PAH. Sin embargo, y pese a crear la UCER (Unidad Contra la Exclusión Residencial) y reunir les Mesas de desahucio en los diferentes distritos de la ciudad una vez al mes para intentar frenar el drama de los desahucios y la precariedad habitacional, de Enero a Julio del año pasado (2016) se atendieron 1515 desahucios, más que en todo 2015 y estos, a pesar de haber bajado en algunos como Nou Barris, se han extendido a otros (Ciutat Vella, Sant Martí, Sant Andreu y Sants – Montjuïc)[1]. Además, la propia Ada Colau reconoció que su ayuntamiento no ha conseguido parar de forma definitiva los desahucios en Barcelona, elevando la cifra de los mismos durante su primer año como alcaldesa a 340[2].

¿Por qué se produce esta situación?

El enfoque que el Ayuntamiento da al problema de la vivienda no permite que sus políticas representen una salida al problema de emergencia habitacional grave que continúa teniendo la clase trabajadora en Barcelona y sí perpetúa el conflicto debido a la política de parches llevada a cabo por Colau y los Comunes.

La Ley 4/2016 que sustituye a la Ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética ha supuesto una rebaja en las ambiciosas medidas parciales que contemplaba la primera ley, tumbada en parte de su articulado por el Tribunal Constitucional. Esta rebaja (votada unánimemente en el Parlament) ha contado con el beneplácito del Ayuntamiento de Barcelona y supone aceptar la participación de las entidades privadas en el proceso, hacer desaparecer el concepto de “gran tenedor” en la ley, no obligar a las entidades bancarias a poner en alquiler social sus inmuebles vacíos (solo se incorporaran estas viviendas a una lista específica de manera voluntaria) y evitar en la práctica la expropiación de viviendas para fines sociales.

Según el actual portavoz de la PAH, Carlos Macías, esta ley supone renunciar a los logros de la anterior: “un cambio de paradigma que dejaba atrás la transferencia de recursos públicos a la banca y proporcionaba herramientas que no permitían que las entidades pudieran hacer negocio con un derecho básico como la vivienda sin asumir sus costes. Este cambio no figura en la nueva ley”[3]. El resultado, según el propio portavoz de la PAH, supone dejar fuera al 90 % de las familias amenazadas de quedar en la calle. Además, el ayuntamiento pactó con CiU un Plan Municipal por el Derecho a la Vivienda que da un protagonismo al Tercer Sector (entidades asistenciales sin ánimo de lucro, entre ellas la Iglesia), la banca y los fondos de inversión[4].

Otro caballo de batalla en el tema de la vivienda son los alquileres y el papel de la industria turística que están provocando la formación de una nueva burbuja en los precios de los alquileres y procesos de “gentrificación” urbana que expulsan a los habitantes de sus barrios, como en Ciutat Vella, donde los precios de las viviendas se han apreciado un 16,5 % en el último año[5]. Esto ha provocado las protestas de los vecinos que el pasado 28 de enero tomaron las Ramblas de Barcelona (FAVB, PAH, CGT…) reclamando viviendas públicas, un control del turismo y de la especulación[6].

Muy ligado a todo el tema de la vivienda está el problema de la pobreza energética, también recogido por la Ley 24/2015 que tumbó el Constitucional y que deja a multitud de familias en grave riesgo de exclusión social y siendo espectadoras de un partido de tenis entre la administración municipal y autonómica, incapaces de obligar a las eléctricas a asumir su responsabilidad mientras estas se niegan a cumplir la ley aduciendo una supuesta voluntariedad del texto.

Barcelona, ¿ciudad refugio?

Otro tema de vital importancia es el de los refugiados, tema en el que el Ayuntamiento de Barcelona ha denunciado la situación de las personas afectadas y se ha declarado dispuesto a ser ciudad de acogida. Sin embargo, los hechos demuestran una realidad bien distinta: Catalunya hoy en día tan solo alberga a 470 personas refugiadas[7], y el trato dispensado a los manteros (vendedores ambulantes inmigrantes) se ha caracterizado más por la represión que por la ayuda a resolver su situación y en el caso de los CIE’s (Centros de internamiento de extranjeros), la participación de miembros del equipo de gobierno en las manifestaciones pidiendo su cierre y ordenando su precinto, no concuerda con la represión que reciben dichos manteros y el envío de algunos de ellos al CIE mediante la actuación de la Guardia Urbana.

El Gobierno Colau y el referéndum

De gran calado también es el tema del referéndum de independencia en Catalunya, asunto en el que la alcaldesa Ada Colau ha participado representando a los Comunes. La postura de Ada Colau ha quedado clara en la cumbre convocada por el president de la Generalitat Carles Puigdemont en que se convocaba a todas las entidades favorables al referéndum. En dicha cumbre y en posteriores entrevistas a medios de comunicación, Ada Colau se ha manifestado favorable a un referéndum pactado, nunca a uno unilateral[8]. Es evidente que, teniendo en cuenta la situación política estatal, este posicionamiento equivale en la práctica a negar el derecho del pueblo catalán a decidir su propio futuro, puesto que el Gobierno central (PP) y sus aliados de facto (PSOE y C’s) no contemplan ni remotamente dicha posibilidad.

¿Todavía es posible el cambio?

Todo esto, aderezado por la Ley de estabilidad presupuestaria y demás leyes que atan de pies y manos a los ayuntamientos a la hora de invertir recursos y hacer políticas de vivienda, lucha contra la desigualdad, servicios sociales o en la remunicipalización de servicios básicos, que el Ayuntamiento de Barcelona descarta en ámbitos como la recogida de las basuras y la limpieza[9] a pesar de los fraudes que han salido a la luz en contratas con FCC en el propio ayuntamiento de Barcelona y en el de Badalona.[10]

 Ante este panorama, queda clara la necesidad de exigir al Ayuntamiento de Barcelona que aplique la Ley 24/2015, que no obedezca la Ley de estabilidad presupuestaria, que apoye el derecho legítimo del pueblo catalán a poder decidir su futuro, a través de un referéndum unilateral si no es posible uno pactado, que ponga en marcha un verdadero plan de acogida de refugiados, diga lo que digan los gobiernos de Madrid (estatal) y Bruselas (UE), y que apueste por dar una salida obrera a la crisis que padecen los habitantes de la ciudad de Barcelona.


[1] Diario 20 minutos, 15/9/2016

[2] El Mundo, 5/6/2016

[3] El País, 23/12/2016

[4] El País, 22/1/2017

[5] El País, 3/2/2017

[6] El País, 29/1/2017

[7] La Vanguardia, 25/1/2017

[8] Cadena SER, 30/1/2017

[9] El País, 18/12/2016

[10] El País, 27/11/2016

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