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Esta mañana medianteuna nota de prensa emitida por la guardia civil hemos tenido conocimiento de la detención del empresario Agrícola Espino. Como veníamos sosteniendo desde el sindicato Cobas, la Guardia Civil confirma que la “empresa no ingresaba cuotas a la seguridad social de los trabajadores, adeudando una cantidad al organismo público de unos 614.440 euros, además de no haber cumplido desde 2010 con ninguna de las obligaciones impositivas con respecto a la Agencia tributaria”. En este sentido, nos alegramos que después de dos largos años de sufrimiento y dolor por parte de las familias jornaleras afectadas se haya tomado alguna medida contra el defraudadory responsable de esta situación.

Sin embargo, lamentamos que en dicho comunicado no se haga distinción alguna entre el verdugo y las víctimas, queriendo así legitimar las actuaciones del SEPE contra los trabajadores, que habían sido condenados previamente, sin derecho a defenderse, sin pruebas y sobre la base de indicios, a devolver las prestaciones con el fin de reponer los daños causado por el empresario a la hacienda pública.

Prosiguiendo por la senda de conjeturas y supuestos que el Sepe e Inspección de Trabajo emprendieron contra los trabajadores para responsabilizarnos del fraude del empresario. Ahora la guardia civil añade un nuevo indicio para acusar a las víctimas de connivencia con el empresario basado en el argumento de que el 90% de las jornaleras son amas de casa. En este sentido, nos sorprende que ni siquiera se haya tomado la molestia de mirar la vida laboral de las jornaleras afectadas, ni tampoco de reflexionar acerca de dicha acusación, ya que desagraciadamente la mayoría de las mujeres del mundo han de combinar el trabajo doméstico con el trabajo de fuera, que en el caso del campo es aún más sacrificado. ¿O es que acaso ahora ser ama de casa también es un delito?

Ante las acusaciones desproporcionadas que se han venido vertiendo contra los trabajadores, queremos recordar la sentencia favorable a los jornaleros del Juzgado de nª 1, que dice “lo cierto  es que no aparece en el acta de infracción, mas allá de suposiciones, conjeturas y datos genéricos (…) las conclusiones alcanzada por Inspección de Trabajo no tiene su base en datos ciertos e inequívocos de los que pueda deducirse la existencia de una actuación fraudulenta encaminada a la obtención de una prestaciones en la seguridad social”.

Del mismo modo, la declaración institucional aprobada por unanimidad en la Diputación de Sevilla decía “Cuesta creer que en vez de arremeter contra el empresario responsable del fraude se cargue contra las víctimas, en este caso los trabajadores y trabajadoras de ambas empresa. Cuesta creer que a la condena al hambre que supone las sanciones se le sume ahora la petición de penas de cárcel”.

Nos dirigimos una vez más a la Junta de Andalucía y al PSOE andaluz para que se haga eco de las demandas de los jornaleros afectados, y que se sume al apoyo que desde los Ayuntamientos de la comarca de la Vega y la Sierra Sur están ofreciendo a partir de las aprobaciones de mociones y declaraciones institucionales en favor de los jornaleros afectados, que solicitan la devolución de las prestaciones y archivo del auto por lo Penal.

 

Por ultimo ratificamos la inocencia de las jornaleras, seguimos reclamando el sobreseimiento de todos los procesos y que la Junta y el Sepe se siente a hablar con las afectadas para restituirles todas las prestaciones retiradas.

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