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El día 9 de Enero, el dueño de la empresa Agrícola Espino SLU era detenido por un delito de fraude fiscal a Hacienda de 614.440 euros, lo cual representó una victoria porque cumplía con una de las reivindicaciones del movimiento de jornaleras/os. Este hecho ha supuesto un varapalo para la propia administración que hasta el momento lo había exonerado de su responsabilidad, cargando exclusivamente contra las/os jornaleras/os. Sin embargo, la Guardia Civil intentó “mezclar a víctimas con verdugos”, igualando ambos.

Por Laura Requena, de Málaga

No tuvieron en consideración las reivindicaciones de la plataforma, las declaraciones institucionales de los Ayuntamientos y de la Diputación de Sevilla. Se da por hecho la culpabilidad de las jornaleras y su connivencia con el empresario, cuando lo cierto es que varios juzgados han señalado que “las conclusiones alcanzadas por Inspección de Trabajo no tienen su base en datos ciertos e inequívocos de los que pueda deducirse la existencia de una actuación fraudulenta (…)”.

Además de ignorar su presunción de inocencia, se informa de que “se está investigando a dichas jornaleras”, pero se oculta el hecho de que se les han retirado las prestaciones y obligado a devolver con creces la cantidad cobrada. Además, las/os trabajadoras/es, se enfrentan a un proceso penal que podría suponerles penas de cárcel y la prohibición de recibir prestaciones durante entre cinco y ocho años.

¡Ni criminales ni amas de casa, son trabajadoras!

Peor aún es el “machismo institucional” que se oculta tras el informe de la Guardia Civil. Un machismo del que tantas veces se hace cómplice la prensa. La única prueba “evidente”, por la que la Benemérita constata que estas mujeres habrían comprado al detenido las peonadas necesarias, ¡es que el 90% eran amas de casa!

Las jornaleras son trabajadoras que, como la mayoría de nosotras, trabajan dentro y fuera de casa, a veces de forma simultánea

El término “ama de casa” tiene una connotación negativa que alude al hecho de que son mujeres “que no trabajan”, aunque lo cierto es que las tareas domésticas, ya sean estas realizadas a tiempo parcial o completo, son un trabajo socialmente necesario e imprescindible para la producción de la riqueza social por la clase trabajadora.

Según un estudio del INE, actualizado a julio de 2016, independientemente de su situación laboral, el 91,9% de las mujeres (de 10 y más años) realizan tareas domésticas y se ocupan del cuidado de niños, ancianos y personas dependientes durante 4 horas y 29 minutos diarios, frente al 74,7% de los hombres que dedican en promedio 2 horas y 32 minutos.

Las “tareas del hogar” son un trabajo no retribuido que por el machismo social imperante, sobre todo en el medio rural, siguen recayendo mayoritariamente en las mujeres. Una forma de opresión machista que se suma a otras muchas que sufrimos y que a la burguesía y su gobiernos les interesa perpetuar para poder explotarnos mejor y aumentar su tasa de ganancias con el dinero que se ahorran por este trabajo gratis.

Las jornaleras son trabajadoras que, como la mayoría de nosotras, trabajan dentro y fuera de casa, a veces de forma simultánea. Llevan a cabo, en muchos casos, una doble y triple jornada laboral. ¿Acaso alguien piensa que con los salarios cada vez más recortados (porque se incumplen los convenios), con la cada vez mayor temporalidad laboral que sufren (por el desmantelamiento del campo andaluz) o con las miserables ayudas que reciben cuando consiguen reunir las 35 peonadas, pueden pagar a alguien (casi siempre otra mujer) para que realice estas tareas? Su vida laboral atestigua que son jornaleras que llevan desde los 16 años trabajando y ahora intentan quitarles todos sus derechos laborales.

Peor aún es el “machismo institucional” que se oculta tras el informe de la Guardia Civil

Atacar y dividir al movimiento jornalero para justificar los recortes

La Guardia Civil responde a un intento de criminalizar a estas/os 585 jornaleras/os, empezando por atacar a su sector más oprimido y explotado: las mujeres. La discriminación laboral que sufren como consecuencia de la falta de empleo en el campo andaluz, hace que cada vez tengan más dificultades para ser contratadas. Se prioriza el trabajo a los hombres aunque los jornales de las mujeres son imprescindibles para que sus familias tengan una vida digna. Muchas además son cabeza de familia. Reunir las 35 peonadas se convierte en una odisea.

El informe presentado por la Benemérita forma parte de una política consciente para dividir el movimiento jornalero, inculcando la idea de que  una parte de las/os andaluces/as cobran las ayudas de forma “irregular” y que por tanto no las “merecen”. Con ello quieren justificar el recorte de las cuantías destinadas a pagar la renta agrícola o el antiguo subsidio, lo cual ya está ocurriendo. Por otro lado, preparan el terreno para endurecer las condiciones de acceso a estas.

Debemos seguir rodeando de apoyo y solidaridad esta lucha. Exigimos a Susana Díaz y al gobierno andaluz que deje de mirar para otro lado y tome medidas ante los ataques y las acusaciones infundadas sufridas por las jornaleras y la amenaza sobre ellas.

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