Las pasadas elecciones municipales pusieron en los dos principales ayuntamientos del Estado español, Madrid y Barcelona, a dos mujeres. Su victoria electoral se vivió con gran euforia por una parte de la población y por muchas mujeres que consideraban que su investidura abría la posibilidad de que desde estos Ayuntamientos denominados “del cambio”, dirigidos por mujeres, se llevasen a cabo políticas a favor de la inmensa mayoría de mujeres, las mujeres trabajadoras.

Por Marina García y Laura Requeña

Frente a mujeres como Esperanza Aguirre, Rita Barberá o Maria Dolores de Cospedal, las candidaturas de Ada Colau o Manuela Carmena despertaron anhelos de cambio, ya que sus programas contenían algunas medidas a favor de la igualdad y en defensa de la clase trabajadora y los sectores populares. Y no sólo porque las primeras estaban y están cada vez más “enfangadas” en escándalos de corrupción, sino porque durante su mandato no les tembló el pulso para aplicar recortes sociales, privatizar servicios públicos y defender a las empresas privadas, deteriorando con ello las condiciones materiales y de vida de muchas de nosotras. Esto es así porque por encima de ser o no ser mujeres, su principal objetivo fue proteger los intereses de una banca y unas multinacionales de cuyos beneficios ellas mismas se enriquecen, como parte de la burguesía que son.

Medidas insuficientes ante una catástrofe social que golpea a las mujeres trabajadoras

En estos meses, además de muchas acciones simbólicas, como la campaña propagandística contra la violencia machista en Barcelona, que en nada ha cambiado las condiciones de vida de los sectores más desfavorecidos, tanto Carmena como Colau, han puesto en marcha algunas medidas contra la violencia machista. El Ayuntamiento de Madrid destinará un tercio de la partida que el Gobierno de Cifuentes había presupuestado para el Centro de Estudios taurinos de Madrid, a los juzgados de violencia sobre la mujer. Además se dará formación en violencia de género al personal de los juzgados madrileños, cumpliendo así con una sentencia de la ONU que obligaba al Estado a tomar estas medidas. El gobierno de Ada Colau por su parte, aumentó en 1,1 millón de euros para 2016, los fondos para violencia machista que destinarán a distintos proyectos de prevención y atención a las mujeres que la sufren. Por otro lado, tanto el presupuesto aprobado en el año 2016 en el Ayuntamiento de Madrid como el de Barcelona, aumentan el gasto social a base de disminuir el porcentaje del mismo destinado al pago de intereses y amortizaciones de la deuda. En el caso de Madrid, el gasto social aumenta un 16,4% respecto a 2015.

Pero lo cierto es que este aumento en el gasto social tanto para la atención a mujeres que sufren violencia machista como para otros proyectos, sigue siendo menor al que había antes de la crisis y muy insuficiente para acabar con la situación de catástrofe social que estamos viviendo.

Además la disminución del gasto en el pago de la deuda, no significa que tengan intención de hacer una auditoría de la misma con el objetivo de no pagar aquella que sea considerada ilegítima, lo que era una de las medidas defendida en sus programas. Por el contrario, ambas regidoras han dejado claro su intención de cumplir con los principios de “sostenibilidad presupuestaria” establecidos por el gobierno de Rajoy por mandato de la UE y la Troika y de pagar el conjunto de la deuda municipal, heredada de los anteriores gobiernos. Esto en un contexto económico en el que continúa la crisis y la UE y la Troika están exigiendo que gobierne quien gobierne, el Estado Español tiene que hacer un recorte de entre 8 y 10.000 millones de euros, para cumplir con el objetivo de déficit que sitúa en un 2,8% para 2016. Una imposición que sin duda afectará también a las Comunidades Autónomas.

De compromiso social a “lista de sugerencias”

Son justamente las medidas de mayor envergadura social, las medidas “estrella” del programa con el que ambas candidaturas se presentaron a elecciones, las que no se están cumpliendo. Esto se intenta justificar diciendo que no son “viables” o “necesarias”, como en el caso de la renuncia del gobierno de Madrid a crear un banco público, o que no eran un compromiso social con quienes les votaron, sino -en palabras de Carmena- “una lista de sugerencias”.

La principal propuesta de Ahora Madrid durante su campaña, fue la remunicipalización de los servicios públicos. Una medida absolutamente necesaria para lograr que estos sean de calidad y sobre todo para mejorar las condiciones laborales del personal que trabaja en ellos. En esta sociedad machista que vivimos, las mujeres somos especialmente afectadas por la privatización de lo público porque en general estamos empleadas en ellos en condiciones de cada vez mayor precariedad y somos las primeras en ser despedidas. Y además porque cuando estos servicios son para los cuidados de personas mayores, enfermas y dependientes, aquellos que se encarecen o desaparecen cuando se privatizan, recaen en nosotras.

Y si bien es cierto que hay servicios que se han remunicipalizado o municipalizado, son poco significativos. Los verdaderamente importantes, en los que están metidos las grandes constructoras y las grandes empresas, siguen privatizados. Un ejemplo es el 010, donde gran parte de la plantilla son mujeres, en lucha por mejores derechos laborales y donde se abrieron las negociaciones para la remunicipalización. Pero finalmente se mantuvo el contrato a Ferrovial, otra gran constructora. Carmena prefirió proteger y mantenerse al lado de la burocracia sindical y de la empresa, en lugar de estar al lado de las trabajadoras. Otro ejemplo, es que Carmena otorgó a Clece, la filial de la multinacional constructora ACS propiedad de Florentino Perez, la concesión del servicio de ayuda a domicilio para personas dependientes, donde trabajan mayoritariamente mujeres, para ocho distritos. Esto a pesar de que es sabido que esta empresa ha conseguido hacerse con la gestión de servicios de asistencia domiciliaria en numerosas ciudades, a base de reducir la calidad y empeorar las condiciones laborales de sus trabajadoras.

En cuanto a Colau, primero apoyó con su firma la renovación del convenio para la celebración del Mobile World Congress que se celebró del 22 al 25 de Febrero en la capital catalana, desoyendo las peticiones de los trabajadores de Movistar en huelga. Y recientemente renovó el contrato millonario del consistorio con Telefónica. Y lo ha hecho sin introducir ninguna clausula social que obligue a la empresa a conceder unas condiciones laborales “dignas y justas” para sus trabajador@s, traicionando así el “compromiso de las escaleras” adquirido con ell@s en campaña electoral, durante la huelga que mantuvieron.

También las y los trabajadores de TMB autobuses en lucha por su convenio, le acusan de que no está haciendo nada por acabar con los privilegios de los directivos, ni con la precariedad que sufre una parte de la plantilla. Y como colofón, la alcaldesa, junto a la Regidora de Movilidad y Presidenta de TMB, Mercedes Vidal, ha llamado a los y las trabajadoras de Metro a desconvocar la huelga de los días 22 y 24 de febrero, posicionándose del lado de la empresa, que exige desconvocarla para empezar a negociar el convenio, y desvelando las condiciones laborales de las trabajadoras ante la opinión pública, tachándolas de «privilegiadas».

Otra de las medidas defendidas en campaña electoral por Ahora Madrid y sobre todo por Barcelona en Comú, fue la paralización de los desahucios y la creación de un parque público de viviendas en régimen de alquiler social. Pero tanto la PAH de Barcelona de la que Ada Colau fue una de sus fundadoras, como la de Vallekas, acusan a ambas regidoras de no estar haciendo lo suficiente para acabar con este drama social, por el que mujeres, niñ@s o personas mayores y enfermas, se están viendo en la calle.

No se están paralizando estos por decreto- dicen-, ni se está presionando a los bancos- rescatados con dinero público- de ningún modo, para que cedan las viviendas vacías. Y en el caso de Catalunya, la PAH recrimina a Colau que tampoco se está aplicando con la valentía necesaria, la Ley 24/2015 que se consiguió aprobara el Parlament de Catalunya, para hacer frente a la emergencia habitacional.

En definitiva, pasados nueve meses de sus gobiernos, el “mandar obedeciendo” del que hablaba Colau, o el “No vamos a gobernar solo para los que nos votaron sino para seducir a los que no lo hicieron”, no esta significando poner las instituciones al servicio del pueblo, sino llevar a cabo una “gestión responsable” y “dentro de la legalidad”. Pero sobre todo sin enfrentar a la burguesía, aun a sabiendas que muchas de las leyes y medidas aprobadas en estos años están al servicio de que nada cambie y de mantener los privilegios de esa minoría social que se apropia de la riqueza social producida por todos y todas.

Tener mujeres en las instituciones NO es suficiente

Desde los estrechos márgenes de los Ayuntamientos en su mayoría ahogados por la deuda municipal, no es posible enfrentar los recortes, los planes de ajuste, o la privatización de lo público que vienen “impuestos desde arriba”, únicamente actuando en el plano institucional. La realidad nos muestra día a día, y el gobierno de Syriza en Grecia es el mejor ejemplo de ello, que no hay forma de conseguir los derechos sociales, laborales, económicos y democráticos que nos están robando, sin ponerse del lado de los trabajadores y trabajadoras en su lucha contra las empresas capitalistas que debido a la crisis que ellos mismos generan, quieren recuperar su tasa de ganancia explotándonos cada vez más. Tampoco hay forma sin enfrentar los tratados de la UE a favor de la banca y el capital y el pago de la ilegítima y odiosa deuda pública y en el caso del Estado Español, sin romper con este régimen postfranquista del 78. Y sobre todo no hay forma, si no se quiere movilizar al pueblo y la clase trabajadora para lograr todos estos objetivos.

En definitiva, para aliviar las condiciones de explotación y machismo que sufrimos las mujeres en este sistema capitalista y opresor, que sean mujeres quienes están en los gobiernos, no es para nosotras garantía de nada. Aquellas que pactan con la burguesía, bien porque formen parte de esta clase social o porque como Carmena o Colau, no estén dispuestas a enfrentarla, terminan aplicando políticas que van en contra de las mujeres trabajadoras, que somos la mayoría.

Por eso desde Corriente Roja no tenemos ninguna confianza ni en Carmena y su equipo de gobierno ni en Ada Colau. A la par que seguimos exigiendo a ambos gobiernos municipales que cumplan con lo prometido en campaña, las mujeres trabajadoras tenemos que organizarnos junto a nuestra clase para salir a pelear en la calle por todos nuestros derechos.