No hay semana sin nuevas medidas de persecución judicial y policial sobre Cataluña. En ocasiones llegan a lo grotesco, como en la final de la Copa del Rey, donde la policía confiscó las prendas de color amarillo, en una actuación típica de una dictadura, que ha dado la vuelta al mundo.

Una peligrosa deriva autoritaria con epicentro en Cataluña

Ahora, la Fiscalía de Barcelona acaba de denunciar por «delitos de odio» a nueve profesores del Instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca, población donde se enclava el mayor cuartel de la Guardia Civil en Cataluña. Según los fiscales, los profesores habrían «vejado y humillado» a alumnos hijos de guardias civiles. Los delitos, construidos como acostumbran, consistirían en «lesión de la dignidad» e «injurias graves» a la policía y Guardia Civil. El crimen: hablar de la represión del 1 de octubre y hacer una concentración en el patio «por la paz y la no violencia«.

Son curiosos los «delitos de odio» del régimen. Se suponía que habían sido creados para proteger a los colectivos y minorías vulnerables ante los abusos, incluidos los de las propias autoridades. Sin embargo, se han convertido en un arma para arremeter contra quien cuestione a la Guardia Civil, la policía, la jerarquía católica o el Rey, es decir, instituciones de máximo poder e impunidad.

Macabro es asimismo el delito de terrorismo, ahora que gracias a la reforma del Código Penal del PP-PSOE, se puede incurrir en él sin pertenecer a ninguna organización terrorista. Así, una pelea de bar en Altsasu a altas horas de la madrugada, en la que participaron dos guardias civiles y sus parejas, se convierte en terrorismo y el fiscal pide una pena de ¡375 años! para ocho jóvenes, en un proceso repleto de irregularidades.

La Fiscalía, azuzada por C’s, PP, PSOE y el aparato mediático del régimen, está arremetiendo contra los CDR, asimilándolos a la kale borroka. La primera actuación fuerte ha sido contra la joven Tamara Carrasco, detenida en un operativo policial digno de los mejores tiempos de ETA y acusada de terrorismo… ¡por cortes de tráfico!

El rechazo del Tribunal alemán de Schleswig-Holstein a extraditar a Puigdemont por el delito de rebelión ha dejado en evidencia que la acusación estaba fabricada, igual que la de malversación, que Montoro niega y el juez Llarena proclama sin pruebas.

Estamos viviendo una grave deriva autoritaria del régimen monárquico que, con epicentro en Cataluña, afecta a todo el Estado. Con el Rey de mascarón de proa y el aparato judicial y la policía a todo vapor, Ciudadanos y el PP pugnan para ver quién es el más duro y el más españolista, mientras el PSOE, fiel súbdito, avala sumiso. Cada nueva actuación represiva muestra con mayor claridad que la Monarquía es heredera del franquismo. Es contra esta deriva represiva y por la libertad de los presos que el 15 de abril salió a la calle más de medio millón de personas en Barcelona.

 

Pugna entre Puigdemont y ERC

La dirección del movimiento independentista clama al régimen al diálogo, en medio de una áspera pugna entre ERC y Puigdemont por la hegemonía, que se desarrolla bajo la presión agobiante de la represión. ERC tiene prisa por formar «ya» un gobierno efectivo y cesar las «gesticulaciones». Pero Puigdemont, hoy héroe del independentismo, tiene otros ritmos y juega sus bazas apelando a la legitimidad. Sin embargo, la posición de fondo de ambos es la misma ya que ambos rechazan toda estrategia de insurrección popular, acatan el marco constitucional y lo fían todo a un hipotético diálogo, que vendría facilitado por las decisiones del tribunal de Schleswig-Holstein.

El pueblo catalán sólo triunfará si conseguimos levantar una nueva dirección, con los sectores más avanzados del movimiento obrero al frente, asociando la batalla por las reivindicaciones sociales a la lucha por la soberanía nacional, en una batalla común con el resto del Estado para derrocar la Monarquía y establecer una Unión Libre de Republicas, abriendo la vía a un cambio de régimen social, al socialismo.