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Hemos entrado en el año decisivo de la hoja de ruta soberanista. Un año que gira en torno al referéndum de independencia, reclamado por el 80% de la población catalana.

Por Felipe Alegría

Junts pel Sí y la CUP se comprometieron en el debate de política general del Parlament a la convocatoria de un referéndum el mes de septiembre, tanto si era un referéndum pactado con el Estado como si era unilateral: “referéndum o referéndum”, en palabras del president Puigdemont. Antes, en julio, se aprobarían las leyes de desconexión, la más importante de las cuales es la llamada ley de de transitoriedad, que debe fijar el tránsito de una legalidad a otra. Esta ley tendría dos partes, una que serviría para la convocatoria del referéndum y otra que solo sería válida si ganara el Sí a la independencia.

Paradójicamente, el siguiente paso fue la celebración, en vísperas de Navidad, de una cumbre que dio origen a un “Pacto por el Referéndum”¸ en verdad un pacto por el referéndum “legal y acordado” con el Estado. La gran novedad de esta cumbre, a la que asistieron representantes institucionales, una parte de la patronal y los sindicatos mayoritarios, fue la presencia de Ada Colau en representación de los Comunes. La intervención de la alcaldesa de Barcelona fue clara: los Comunes están por un referéndum, pero sólo si está pactado con el Estado y es reconocido por la UE, y rechazan por lo tanto cualquier planteamiento de referéndum unilateral. Ada Colau remarcó que no había que tener prisas para convocar el referéndum e hizo también hincapié en la importancia de contar con aliados estatales como Podemos.

Sólo unos días más tarde, el president Puigdemont pronunciaba su mensaje de fin de año afirmando que este 2017 será clave, que está preparado para celebrar el referéndum y que no le faltará “valentía y coraje”. Por su parte, Junqueras, presidente de ERC y vicepresidente del Govern, ante las palabras de una alta dirigente del PDCat (exConvergencia) que ponía en duda la convocatoria del referéndum, sacaba pecho y declaraba que “nosotros sí que estamos convencidos que haremos el referéndum”.

Entretanto, la operación diálogo de Rajoy ha quedado rápidamente desacreditada, no sólo por su rotunda negativa a hablar del referéndum, que se daba por descontada, sino por la fortísima ofensiva judicial desatada contra el movimiento soberanista: encausamiento de concejales de la CUP; juicio -el próximo 6 de febrero- al expresident Mas y a dos exconselleres por organizar la votación del 9N; encausamiento del diputado Francesc Homs por el mismo motivo y, el caso más grave de todos, el procesamiento de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por haber permitido que el Parlament debatiera la hoja de ruta soberanista. Detrás de esta ofensiva judicial está la amenaza última de suspender la Generalitat. El gobierno Rajoy cuenta para todo esto con el firme apoyo del PSOE, de la UE y de los principales gobiernos europeos.

Hemos entrado en pleno despliegue de maniobras políticas donde la verdad y las apariencias se superponen, mientras avanzamos en un camino lleno de incógnitas que lleva a un choque de trenes entre el Estado y Cataluña, cuya intensidad va a depender en gran medida del curso de la ofensiva judicial contra las instituciones catalanas y de la respuesta popular a estas agresiones.

Los Comunes

Los Comunes se vieron arrastrados a disgusto a la Cumbre por el Referéndum. No podían negarse a participar cuando el independentismo al completo había decidido fijar el listón de la Cumbre en el referéndum pactado. Así las cosas, aprovecharon la foto de Ada Colau con Puigdemont y Forcadell para aparecer ante sus seguidores como partidarios del derecho a la autodeterminación de Cataluña.

Pero la verdad es que los Comunes están en la práctica contra del referéndum, porque lo hacen depender de condiciones imposibles de cumplir, ya que Rajoy (y el PSOE) nunca van a dar su brazo a torcer y porque las potencias europeas y la UE tampoco dudan en apoyar a Rajoy. Y si esto es así ¿dónde queda el derecho a la autodeterminación de Cataluña si su ejercicio depende del visto bueno del estado que la oprime nacionalmente? Es como el derecho al divorcio: si para ejercerlo es necesaria la autorización del otro cónyuge, entonces tal derecho deja de existir.

Los Comunes dicen que están por una confederación libre de Cataluña con los otros pueblos del Estado. Nosotros estamos a favor de esta posición. Pero es una falacia si no se apoya en el ejercicio del derecho a la autodeterminación y en la plena soberanía catalana, lo que es imposible de conseguir sin desafiar la legalidad del régimen. Mientras Cataluña no pueda decidir soberanamente no puede haber ninguna confederación libre .

Uno de los grandes argumentos de los Comunes para justificar su posición es que un referéndum unilateral no interpela a la mayoría social catalana. Pero es un argumento falaz, porque sólo hace falta que ellos se sumen a la convocatoria para que ésta interpele a la amplia mayoría, ya que más de dos terceras partes del electorado y del Parlament estarían a favor.

Otro de los argumentos importantes de los Comunes es que están por el derecho a decidir, pero no sólo sobre la relación de Cataluña con el estado español sino sobre todos los asuntos importantes que afectan al pueblo catalán. Pero no se pueden amalgamar las cosas, porque el tema que se está dilucidando ahora es el de las relaciones con el estado español y no otro. Por lo demás, tampoco está muy claro qué quiere decir en concreto el derecho a decidir sobre todo.

Junts pel Sí y el gobierno Puigdemont-Junqueras

La cumbre por el referéndum fue presentada por Junts pel Sí como un triunfo porque mostraba que la amplia mayoría del país estaba por el referéndum, pero lo cierto es que su contenido tenía muy poco que ver con el “referéndum o referéndum” de Puigdemont. Para Junts pel Sí era una manera de seguir jugando a la ambigüedad y, al mismo tiempo, una maniobra hacia los Comunes, a los que les dicen: nosotros estamos con vosotros a favor del referéndum pactado, pero si no se puede pactar -que es lo que va a suceder- esperamos que entonces vosotros estéis con nosotros por el referéndum unilateral.

Pero en Junts pel Sí están convencidos que los Comunes -como lo han reiterado sus dirigentes- van a rechazar la convocatoria unilateral del referéndum y cuentan con ese rechazo para cubrirse las espaldas, tanto si al final no convocan el referéndum unilateral como si finalmente lo convocan para después aceptar su impugnación por el Tribunal Constitucional. De paso, le endosan una elevada factura electoral a los Comunes.

Entretanto, ERC sigue alimentando las ilusiones de la base social independentista. Un ejemplo es el resumen de la conferencia del exjuez Vidal, que ha corrido profusamente por las redes sociales, según el cual todo va viento en popa, la independencia es imparable y a partir de su proclamación, de entrada, “el ingreso mínimo para todo el mundo será de 1.000 €”.

“Los presupuestos más sociales de la historia”

Junts pel Sí está aprovechando la promesa de la convocatoria del referéndum para chantajear a la CUP con los presupuestos de la Generalitat. Puigdemont se ha encargado de dejar claro que si la CUP no da su visto bueno a los presupuestos, no habrá referéndum, disolverá el Parlament y convocará nuevas elecciones. Junqueras lo complementa calificando a los presupuestos como los más sociales de la historia.

Pero la realidad es muy diferente: Los presupuestos asumen las imposiciones de Bruselas, aceptan los límites de déficit marcados por Montoro y no tocan las rentas más altas ni las grandes fortunas. ¡Nada de modificar el tramo autonómico del IRPF, el impuesto de Patrimonio o el de Sucesiones! Y, por supuesto, el servicio de la deuda pública sigue siendo sagrado: es la segunda partida de gastos (casi 6000 millones), con € 800 millones de pago en intereses y el resto en cancelación de créditos a cambio de endeudarse con el FLA de Montoro.

El incremento del gasto social queda muy lejos de las necesidades populares. En particular en Sanidad y Educación, donde el gasto público es todavía un 11% inferior al de 2010. También están muy lejos de quedar atendidas las familias sin ingresos. Si en 2010 el gasto por alumno era de 4215 €, ahora, en los presupuestos de 2017 será de 3620 €. No hay un esfuerzo verdadero para revertir los grandes recortes de los gobiernos de Artur Mas. Los incrementos del presupuesto de Educación responden ante todo al aumento del alumnado. Es por este motivo que el 18 de enero y el 9 de febrero hay convocadas huelgas en la Enseñanza con el objetivo de comenzar a revertir de verdad los recortes. Tenemos una situación similar en la Sanidad, con las urgencias saturadas en todos los grandes hospitales y listas de espera que van a continuar.

La CUP y los presupuestos

Nunca ha sido verdad que el referéndum dependiera de los presupuestos, como dice Puigdemont. Ni tampoco que con unos presupuestos prorrogados, no se puedan aprobar nuevas partidas de gasto, como ha dado a entender Junts pel Sí. Sin embargo, la CUP se ha dejado envolver en esta tela de araña-chantaje, hasta el punto que ahora se encuentra – en medio de un fuerte debate interno- sin apenas margen de maniobra para enfrentar los presupuestos.

Tras pugnar infructuosamente por cambios en los grandes impuestos (IRPF, Patrimonio y Sucesiones), la CUP ha presentado 40 enmiendas parciales, que no afectan a los ingresos. Las principales consisten en traspasar 760 millones desde “partidas prescindibles” a 11 fondos dedicados a una amplísima variedad de temas, que van desde la lucha contra la corrupción y la evasión fiscal hasta el cambio climático o la defensa del patrimonio natural, pasando por la mejora de la educación pública, la cohesión social, la recuperación de la gestión pública, la ayuda a la cooperación, la economía cooperativa, la política de igualdad o la vivienda.

Presentan también una enmienda para recortar el 19% de los complementos salariales de los altos cargos de la Generalitat y otra, más pintoresca, para reducir en un 50% las retribuciones asociadas al cargo de director y jefe de estudios de las escuelas de primaria y los institutos de secundaria para dedicar los fondos así obtenidos a contratar más profesores. Hay otras enmiendas para retirar el aval al contrato de la Fórmula 1, eliminar los conciertos educativos con las escuelas del Opus que segregan por sexo o reducir los gastos en protocolo.

Son enmiendas que no afectan al corazón del presupuesto y que contribuyen a desdibujar a la CUP frente a ERC, que -según las últimas encuestas- hoy se llevaría la mitad de su electorado.

El referéndum debe ser convocado y realizado

Muchos dicen que estamos ante un teatro político y motivos no les faltan. Pero no lo podemos aceptar bajo ningún concepto. Es el derecho nacional de un pueblo el que está en juego y no puede ser traicionado. Millones de persones esperan no ser engañadas. De la misma manera que las necesidades sociales básicas no pueden ser en absoluto relegadas.

Exigimos a Junts pel Sí que respete su palabra y vaya hasta el final en sus promesas: tiene la obligación de convocar el referéndum… y de llevarlo a cabo.

Los Comunes, si de verdad están por el referéndum, deben apoyar y legitimar la convocatoria de un referéndum unilateral y evitar toda complicidad objetiva con el Estado español que lo niega.

Es necesaria la mayor movilización contra la ofensiva judicial del Estado, y si éste ordena la inhabilitación de Carme Forcadell como presidenta del Parlament, no debe ser obedecido.

Rechazamos los presupuestos de Puigdemont-Junqueras porque se someten a las exigencias de la UE y de Rajoy y dan la espalda a las necesidades del pueblo trabajador de Cataluña. Deben ser retirados y reelaborados al servicio de la mayoría social trabajadora. Apoyamos la huelga de los profesores y las diferentes reclamaciones sociales hacia los presupuestos.

Estamos por una Cataluña libre y plenamente soberana y por su libre confederación con los otros pueblos del Estado, en vanguardia de la lucha por una Europa de los Trabajadores y los Pueblos. Porque si hay algo claro es que con la UE, esa máquina de guerra contra la clase trabajadora europea, no habrá ni libertad nacional ni serán respetados los derechos del pueblo trabajador.

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