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Hemos pasado, en menos de dos meses, del levantamiento popular del 1-O a la aceptación del 155 y de las elecciones de Rajoy. No se puede ocultar que el movimiento soberanista, más allá de los resultados del 21-D, ha sufrido una severa derrota política. Y no por los encarcelamientos o por el 155 sino por la capitulación deshonrosa, sin lucha, de la dirección independentista y por la aceptación de los términos de la rendición, es decir, el regreso al redil constitucional.

La dirección independentista

En realidad, la dirección independentista nunca había pensado en proclamar la República catalana y, menos todavía, defenderla. Su política, llena de mensajes de “serenidad” y confianza en el Gobierno, nunca ha querido ir más allá de forzar una negociación con el régimen para lograr un nuevo “encaje”.

Estaban convencidos de que el 1-O no pasaría de una sonada jornada de protesta y que después podrían decir: “lo sentimos, hemos hecho todo el que hemos podido, ahora hay que acumular fuerzas y sentarse a negociar”. Pero el pueblo, resistiendo una brutal represión, garantizó el referéndum. Y después de esto ya no quedó espacio para una capitulación “honrosa”.

Por eso hicieron aprobar una declaración “simbólica” de independencia y después, con el 155, entregaron las instituciones, empezando por los Mossos, sin ninguna resistencia. Por eso, ante un Estado español violento han asumido, en nombre del pacifismo, la vía constitucional, renunciando a la República catalana, incompatible con la Constitución española. Por eso han legitimado las elecciones ilegítimas del 21-D, enterrando el mandato del 1-O.

La CUP

La CUP, a pesar de que Anna Gabriel decía que “la opción natural habría sido hacer boicot a los comicios”, también ha entrado. Dice que para “materializar” una República… inexistente. La CUP tiene una responsabilidad importante en todo lo sucedido porque tenía la obligación de decir la verdad sobre el fraude que se estaba cometiendo y no lo ha hecho. No ha aparecido como una alternativa sino como el ala izquierda de la dirección independentista.

Ahora quiere que los CDRs se conviertan en una “red de control del escrutinio para el 21D”, pasando de defender el referéndum y protagonizar las huelgas del 3-O y el 8-N a proveer interventores al PdCAT, ERC y CUP. Con esta política, después del 21-D difícilmente  quedará nada de ellos.

Los sindicatos, los Comunes y Unidos-Podemos

La dirección oficial del movimiento obrero, en particular CCOO-UGT, tienen una enorme responsabilidad por la actual situación, puesto que han estado en contra del referéndum, se han opuesto a la movilización contra la represión en las empresas y han dado el visto bueno al 155.

En cuanto al sindicalismo alternativo, tuvo un papel protagonista a la huelga general del 3-O contra la brutalidad policial, pero después desapareció de la escena. Una buena parte de él, en particular CGT, la organización que tiene más peso en las fábricas, considera el conflicto nacional como una cosa ajena en la clase obrera.

Los Comunes han defendido un referéndum pactado imposible y han hecho bandera de una falsa neutralidad. Unidos Podemos ni ha promovido la solidaridad en el resto del Estado ni ha aprovechado la escandalosa actuación del rey para atacar la Monarquía y defender la República. El Rey y Rajoy no  han encontrado en ellos ningún obstáculo a sus planes.

¿Y ahora?

En pleno regreso al redil constitucional no tiene mucho sentido plantear un irreal “proceso constituyente de base popular” planteado por sectores de la izquierda alternativa. Ahora hay que reconstruir el movimiento sobre nuevas bases.

La lucha contra la represión continuará por los cargos encarcelados y procesados pero también por la ofensiva que se anuncia contra los activistas de los CDR. También habrá que organizar la defensa de la enseñanza pública y los maestros ante la embestida que se prevé. Y será necesario retomar con toda la fuerza la lucha por un programa de emergencia social (derogación reformas laborales, pensiones, salario mínimo, desahucios, recortes y privatizaciones…). Esta lucha, donde las Marchas de la Dignidad tienen un papel importante, no sólo nos une al resto de trabajadores del Estado sino que nos lleva a exigir soberanía: soberanía nacional catalana al servicio de las necesidades populares y camino a la República catalana por la que luchamos.

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