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El 20 de septiembre de 2017 se puso en marcha un movimiento popular de respuesta a la ofensiva represiva desplegada por el Estado español para impedir, fuera como fuera, el referéndum de autodeterminación convocado por el Govern de la Generalitat. Pero la represión, en vez de pararla, espoleó la respuesta, que convirtió el 1 de Octubre en un verdadero levantamiento popular que, apoyado en una enorme movilización espontánea y en la autoorganización alrededor de los CDR, aseguró la celebración del referéndum del 1 de Octubre.

 

Un levantamiento popular no querido por el Gobierno de Junts pel Sí

El Govern de JxSí ni esperaba ni quería el levantamiento que se produjo. Contaba con que el 1-O no iría más allá de una gran movilización popular (fuertemente reprimida) y que esto le permitiría recular “dignamente” y empezar negociaciones con el Régimen en busca de un nuevo “encaje”.

Esto explica que no hubieran restablecido la Sindicatura Electoral para proclamar los resultados del 1-O. Tienen el mismo significado las instrucciones de la ANC de hacer colas masivas y ordenadas ante los colegios pero no ofrecer ninguna resistencia a la policía española cuando viniera a retirar las urnas. O las revelaciones de Marta Rovira, según las cuales durante la mañana del 1-O el Govern se había planteado suspender el referéndum, pero no lo hizo al constatar que la gente no les obedecería y continuaría adelante.

La huelga general del 3-O (convocada por una plataforma unitaria y encabezada por el sindicalismo alternativo) también fue contra la voluntad del Govern de JxSí y de ANC-Òmnium. La dirección independentista no quería ningún desbordamiento popular y mucho menos que la clase trabajadora apareciera con voz propia. Por eso contraprogramaron la huelga general convocando un “paro de país” que, con la colaboración de CCOO-UGT, se tenía que hacer en consenso con los empresarios.

 

La República estaba al alcance de la mano, pero fue traicionada por el Govern de JxSí

El levantamiento del 1-O y la huelga general del 3-O incorporaron sectores populares y obreros que hasta entonces habían sido ajenos al movimiento y mostraron la enorme fuerza de la movilización masiva y la autoorganización popular. Durante estos días la República estuvo al alcance de la mano. Este era el sentimiento, la convicción compartida, de centenares de miles de personas movilizadas y dispuestas a luchar para defenderla ante el Estado.

Era el momento de proclamar la República y de defenderla colectivamente ante la reacción que había que esperar de un Estado que había quedado temporalmente aturdido.

Aun así, el Govern Puigmemont-Junqueras dejó pasar los días críticos sin hacer públicos los resultados del 1-O y proclamar la República, permitiendo que el Estado recuperara el aliento y organizara la contraofensiva, con el Rey al frente y con el apoyo de la gran patronal, la UE y los partidos de la unión forzosa.

El 10 de Octubre, Puigdemont anunció una República que duró exactamente 8 segundos. Más tarde, el 27 de Octubre, el Govern hizo que el Parlament aprobara una declaración que, como ha dicho Carme Forcadell, era “exclusivamente política, simbólica y no se publicó en el Boletín del Parlament. No tenía efectos jurídicos ni prácticos”. Pero lo que sí tenía efectos era la aprobación, el mismo día, del artículo 155, cesando al Govern de la Generalitat y entregando todas sus competencias a Rajoy.

La respuesta del Govern fue entregar a Rajoy las instituciones sin ninguna resistencia, empezando por los Mossos d’Esquadra. Los consejeros abandonaron las consejerías, Puigdemont marchó a Bruselas y la ANC llamó a “ir de compras, a la montaña o a visitar los abuelos”. Después, rápidamente, legitimaron las elecciones del 21-D, convocadas al amparo del 155, y aceptaron el regreso al redil constitucional.

Las ilusiones que habían vendido durante tanto de tiempo, de obtener una independencia indolora con la ayuda de la UE, quedaron en evidencia como un enorme fraude. La monarquía española, cuando llegó la hora de la verdad, mostró crudamente que es heredera del franquismo y está dispuesta a todo para preservar “la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible”. Y la UE, presentada como la gran esperanza de los catalanes,  tampoco dudó a dar pleno apoyo a la represión del Estado, dejando en evidencia que es una maquinaria antidemocrática del gran capital europeo contra los trabajadores y los pueblos de Europa.

La dirección independentista justificó la capitulación diciendo que no habían contado con todo esto y dio su argumento supremo: “si el precio de la República era desviarse de los métodos pacifistas y parlamentarios, ellos  renunciarían al objetivo”.

 

El objetivo de la dirección independentista burguesa: un “estado propio dentro de la UE”

Para entender esta impotencia y la capitulación de la dirección independentista hay que partir de su objetivo estratégico: un “estado propio dentro de la UE”. La pertenencia a la UE ha sido siempre la base de su proyecto. Incluso ahora mismo continúa siéndolo, a pesar del rotundo rechazo de la UE, que ha apoyado y apoya incondicionalmente la represión del Estado español.

El contenido de la república catalana defendida por la dirección independentista es, en  esencia, pasar de depender de Madrid a hacerlo directamente de Bruselas y Berlín. Están hablando de una república capitalista sin ningún cambio estructural, sin cuestionamiento de los intereses del gran capital, con los mismos amos. Están hablando de una república que, más allá de una autonomía cultural y lingüística, tampoco sería soberana porque en todos los temas clave dependería de las decisiones tomadas en la Europa del capital.

 

Unos métodos acordes con el objetivo: parlamentarismo y pacifismo a ultranza

Si el objetivo era llegar a este “estado propio dentro de la UE”, los métodos tenían que estar de acuerdo. Por eso, la dirección independentista ha buscado desde los inicios un proceso apoyado en movilizaciones masivas perfectamente controladas, festivas, cívicas y sin reivindicación social. Su objetivo no ha sido nunca enfrentar la Monarquía española, sino hacer presión para abrir una negociación con la mediación de la UE o alguno de sus gobiernos. Por supuesto, si no era posible lograr un “estado propio dentro de la UE”, ya se negociarían los 46 puntos que Puigdemont presentó a Rajoy el abril de 2016.

Es por eso que la revuelta popular del 1-O y la huelga general del 3-O, desbordando ampliamente el control de la ANC, supusieron un problema grueso para la dirección independentista, puesto que entrañaban un choque directo con el Estado Español e, indirectamente, con la UE. La situación creada, con centenares de miles de personas en la calle, ponía al alcance de la mano la conquista de la República catalana. Era el momento preciso de proclamarla y defenderla. El problema era que esto cuestionaba frontalmente la continuidad del régimen monárquico, abría las puertas a un proceso revolucionario, creaba las condiciones para la entrada en lucha de la clase trabajadora con sus reivindicaciones. Pero esto no entraba en los planes de la dirección independentista burguesa. El mal menor era, antes de que el proceso quedara fuera de control, traicionar al movimiento.

 

Pero sin autoorganización popular y autodefensa colectiva nunca  habrá República catalana

La vida ha demostrado que la monarquía española está dispuesta a reprimir en masa para impedir la autodeterminación y que, en esta tarea, cuenta con  el pleno apoyo de la UE y sus gobiernos. Ha demostrado también que el pacifismo y la sumisión a las vías parlamentarias de la dirección independentista no trae la República catalana sino la derrota política del movimiento independentista. El Govern de JxSí prefirió renunciar a la lucha por la victoria que abrir paso a la autoorganización y la autodefensa popular.

Aunque la dirección independentista oficial no estuvo sola en la defensa del pacifismo. La izquierda independentista también se  añadió, defendiéndolo con un lenguaje más radical (“resistencia pacífica contundente”). Fue sobre esta base que formaron la plataforma EnPeuDePau.

Por supuesto, nosotros condenamos toda violencia individual y gratuita, porque nunca ha servido para hacer avanzar la autoorganización popular sino que, al revés, facilita las tareas represivas del Estado. Pero dicho esto, hay que defender el pleno derecho del movimiento a organizar su autodefensa colectiva, que le permita protegerse y neutralizar la feroz represión del Estado. No era inevitable acabar con  más de mil heridos el día 1-O!

 

No la habrá sin un proceso revolucionario encabezado por el sector más consciente de la clase obrera, autodefendido y parte de la lucha conjunta contra la Monarquía

Los métodos siempre van vinculados a los objetivos que se persiguen. Si el pacifismo y el parlamentarismo son consustanciales al objetivo burgués de un “estado propio dentro de la UE”, la autoorganización popular y la autodefensa colectiva van ligadas a la lucha por una República que satisfaga las reivindicaciones centrales de la clase obrera y del pueblo trabajador.

Estos meses han demostrado que el independentismo burgués y pequeño burgués es incapaz de luchar de manera consecuente y hasta el final por la República catalana. Sencillamente, no quieren comenzar ningún proceso revolucionario de masas, sin el cual es imposible ganar la República. Prefieren rendirse a ver amenazado la actual orden social.

La vida ha demostrado que la República catalana sólo será posible si la lucha para establecerla tiene al frente a los sectores más conscientes de clase trabajadora; si forma parte de una lucha conjunta para echar la Monarquía española; si es vista no como una consigna “separatista” sino como base para una libre unión de repúblicas; si va directamente asociada a la aplicación de un programa de emergencia social; si no tiene miedo de enfrentarse en la Europa del capital. La República catalana será una República de los trabajadores, apoyada en la autoorganización democrática del movimiento y en su autodefensa colectiva, o no será.

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