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La Ley de Fomento de Implementación de Iniciativas Empresariales en Galicia (LFIEG) modifica normas como la Ley 8/2009 de aprovechamiento eólico, la Ley 3/2008 de minería o la Ley 7/2012 de Montes, y no se entiende que se haya dejado pasar su aprobación en el parlamento convocando después del tramite, cuando es obvio que es mas fácil evitar la aprobación que la derogación de una ley.

Es una norma al servicio de las multinacionales y contra la clase trabajadora y el pueblo gallego pues supone una desregulación de los requisitos ambientales, de creación de empleo y de los controles e inversiones que necesitan las empresas en Galiza para llevar a cabo su actividad. Una norma hecha la medida del Tratado de Libre Comercio de la UE con Canadá (el CETA) que entró en vigor de forma provisional el 22 de septiembre, y de las grandes empresas que ya están esquilmando Galicia. La Xunta aplica fielmente lo que la UE quiere.

Por otra parte mientras se aprueban leyes que fomentan el desastre ecológico Feijóo sigue desmantelando los servicios públicos de emergencias, como los de limpieza, prevención, coordinación y extinción de fuegos con el resultado que vimos la semana pasada: la misma trapallada que cuando el Prestige, Angrois, o también los fuegos de 2006. El pueblo autoorganizándose para intentar solucionar algo mientras el Estado y la Xunta ni aportan, ni coordinan y ni siquiera aparecen.

No estamos en absoluto en contra del progreso. Mas sí estamos en contra de que esta ley se presente como progreso pues con ella el PP de Feijoó condena a Galiza a ser suministradora de materias primas baratas soportando con las consecuencias ecológicas (agravadas por la pésima gestión de las emergencias por parte de la Xunta y del Estado), y proveer de mano de obra barata dispuesta para emigrar.

La clase trabajadora gallega debe decidir su propio futuro. No debemos nada a un Estado que está en condiciones de enviar decenas de miles de policías a Catalunya si allí deciden votar, pero que no es capaz de hacer nada, ni siquiera coordinar, cuando nuestros montes arden por los cuatro costados. No debemos nada a una Xunta que está construido el país que precisan las multinacionales de la minería o de la madera y no lo que precisamos los gobernados.

No habrá llegado el momento de decir “gracias por nada, España” además de “fuera esta Xunta”. Al igual que el pueblo catalán ha puesto sobre la mesa el ejercicio de su derecho a decidir como demostró el 1 O, tal vez sea hora de exigir para Galiza un referéndum crucial para los intereses de la clase trabajadora donde podamos defendernos de los saqueos y la dependencia, y acabar con siglos de opresión.

Todas estas leyes, la privatización de servicios de emergencia, la ley de emprendimiento que regala el país a las empresas, la recentralización del estado, el 155 contra Catalunya,… cuentan con la apoyo expreso de la Unión Europea y de un régimen que se desmorona; un régimen heredero del franquismo para la explotación y opresión de la clase trabajadora de todo el estado y las naciones que hacen parte de él. Es preciso avanzar en un proceso constituyente y Asambleas Nacionales Constituyentes que rompan con régimen del 78. Esto exige la unidad de todas las fuerzas de la clase obrera y democráticas, en el camino de la ruptura.

 

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