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Los últimos avances en la “operación Lezo” han puesto en un nuevo nivel la crisis política en la que está sumido el gobierno Rajoy. La detención de Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, y la dimisión de Esperanza Aguirre supusieron un nuevo golpe a un PP totalmente acorralado por denuncias y tramas que muestran una vez más la verdadera cara de este partido corrupto y vinculado a las oligarquías y empresas más reaccionarias del Estado.

Por Gabriel Huland

Estos acontecimientos son simplemente la punta del iceberg de una telaraña infinita en la que políticos, empresarios, jueces y fiscales se ven comprometidos y en acuerdo para saquear las arcas públicas en beneficio propio. Según el periódico Huffington Post, hay “más de 175 tramas desde que comenzó la democracia, 126 originadas solo entre PP y PSOE, 1.660 causas en 2013, en datos del Consejo General del Poder Judicial, y hasta 125 casos de corrupción en 2016”. En este tema PP y PSOE actúan de la misma manera y por eso ambos prefieren que no se investiguen los casos hasta el final.

La corrupción en el Estado español cuesta a las finanzas públicas, según una investigación del año pasado, cerca de 90 mil millones de euros, un 9% del PIB español aproximadamente. Y eso son solo los casos que salen a la luz.

Con este dinero se podría conceder una ayuda de 500 euros al año a cada uno de los residentes en el Estado. Por otro lado, los recortes en Sanidad de 2009 a 2016 alcanzaron la cifra de 12 mil millones de euros, casi nueve veces menos de lo que se va con la corrupción. La partida presupuestaria para la Sanidad en 2013 fue de 77 mil millones de euros, 12 mil millones menos que los 90 mil millones repartidos en toda esta grotesca cadena de robo institucionalizado. El presupuesto para la Educación en aquel mismo año fue de 45 mil millones.

La oposición institucional, con PSOE y Podemos al frente, ha hecho algún alboroto en los medios de comunicación y el Congreso de Diputados, pero de momento nada más que palabrería al viento. Podemos “amenazó” con presentar una moción de censura que está predestinada al fracaso por no contar con el apoyo de PSOE, Ciudadanos y PNV.

Desde luego, opinamos que por dentro de la institucionalidad será imposible acabar con la corrupción, una vez que esta no tiene que ver simplemente con el “carácter” individual de los políticos y empresarios, sino que es algo intrínseco al mismo sistema.

Corrupción, régimen del 78, neoliberalismo y capitalismo están plenamente vinculados. Los políticos son profesionales pagados para defender el status quo, este sistema que permite que una minoría controle la riqueza y las instituciones políticas en detrimento de la mayoría de la población: los trabajadores, jóvenes precarizados, pensionistas, parados y jornaleras explotadas por empresas corruptas. La relación promiscua existente entre las clases política y empresarial se expresa, entre otras maneras, mediante las “tramas” de corrupción.

¡Corruptos a prisión!

En momentos de crisis económica saltan más casos de corrupción porque los de “arriba” se pelean más por el reparto de las posiciones de privilegio a la hora de adjudicar contratos públicos y vender patrimonio público a empresas privadas.

Todos vemos escandalizados como las penas de prisión, a los pocos que van a la cárcel, son cumplidas en régimen especial y en la mayoría de los casos los corruptos ni siquiera llegan a ser detenidos porque pueden pagar las fianzas estipuladas por la justicia, como en el caso de Javier López Madrid, consejero de OHL y acusado en la Operación Leza, que pagó una fianza de 100.000 euros para poder afrontar el proceso en libertad.

Todos los corruptos deben ir inmediatamente a la cárcel, así como deben devolver todo lo que nos han robado. Además, defendemos la nacionalización de todas las empresas vinculadas a tramas de corrupción, así como de los sectores estratégicos de la economía, como las eléctricas, el agua, la telefonía y demás sectores privatizados.

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