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Más de 70 colectivos y plataformas de la sociedad civil presentaron en diciembre del año pasado quejas ante el Defensor del Pueblo, el Consejo General del Poder Judicial y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Genero, exigiendo una investigación en profundidad y que se depuren las responsabilidades del Estado, tanto por la no aplicación correcta de las leyes, como por los graves fallos e irregularidades que se cometieron durante todo el proceso judicial de Juana Rivas.

No es sólo que el Estado ignore sus propias leyes, sino que la denuncia de Juana Rivas al llegar a España quedó guardada en un cajón durante más de un año. Además, como ha quedado demostrado, la sentencia que la Audiencia Provincial hizo en su día era un “corta y pega” chapucero de otras sentencias parecidas, por lo que además de no estar bien motivada, ni los datos de las personas que en ella aparecían ni los hechos relatados concordaban con la realidad. Tampoco se escuchó por parte de la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG), la versión del hijo mayor de Juana, tal y como ella pidió varias veces.

El caso de Juana Rivas ha puesto al descubierto muchos otros muy parecidos y ha mostrado en toda su crudeza el calvario judicial por el que tienen que pasar muchas mujeres cuando denuncian a su maltratador. También ha dejado en evidencia lo que ya sabíamos: que no hay una verdadera voluntad política para protegerlas ni a ellas ni a sus hijos e hijas. El año pasado ocho menores fueron asesinados por sus padres o las parejas de sus madres -la cifra más alta de la que se tiene registro-. Según la Federación de Asociaciones de Mujeres Divorciadas y Separadas, desde 1999, 103 niños y niñas fueron asesinados por sus padres, parejas o exparejas de sus madres, la mitad al menos en visitas no vigiladas.

El caso de Juana Rivas, al igual que el juicio por violación a La Manada, ha mostrado además las graves grietas del sistema judicial en este tema y su verdadero talante. De una justicia que está además crecida, como se ha demostrado en Catalunya, y que es utilizada por el Estado para criminalizar y perseguir la protesta social.

Un sistema judicial heredero del franquismo, que supuso un retroceso brutal de 40 años para las mujeres. Un sistema judicial lleno estereotipos y prejuicios machistas, donde muchos jueces y juezas así como el resto del personal adjunto, siguen sin tener la formación necesaria en violencia machista. Una justicia burguesa que pese su aparente imparcialidad, está hecha como un guante al servicio de los ricos y poderosos. Una justicia que pone en libertad a violadores o a corruptos que han robado dinero público a las arcas del Estado, mientras que deja sin vigilancia a mujeres con orden de alejamiento y en cambio quiere encarcelar a una mujer que lo único que ha pretendido ha sido defender a sus hijos de un maltratador.

Las multitudinarias manifestaciones que el pasado 25 de noviembre inundaron las calles en más de 50 ciudades no sólo reclamaban medidas efectivas y reales contra toda forma de violencia machista y para proteger a quienes la sufren. También denunciaban la pasividad y dejación de los gobiernos central y autonómicos con los recortes en violencia machista y en políticas de igualdad y mostraban el enfado y la indignación con unos medios de comunicación amarillistas y sensacionalistas y con un sistema judicial que revictimiza a las mujeres que sufren esta violencia y que cuestiona la credibilidad y persigue a aquellas mujeres que se atreven a denunciar.

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