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Puede parecer exagerado decir que el franquismo está vivo, pero viendo la reacción del régimen ante el proceso catalán, no se puede afirmar otra cosa. Pervive con “formas” democráticas, que cada vez son más autoritarias.

 

Las instituciones fundamentales del régimen franquista eran la Jefatura del Estado, cabeza de todo el entramado, el Ejército (incluida la Guardia Civil) su columna vertebral a las órdenes del Jefe del Estado, y el poder judicial alrededor del Tribunal de Orden Publico (TOP) transmutado en la actual Audiencia Nacional.

 

La Transición, y la Constitución del 78, certificó esta columna sobre la que se construyeron las ramas de las instituciones democráticas, el parlamento y las elecciones. Se abrió la mano con una descentralización administrativa a través de las Comunidades Autónomas (CCAA), limitada ahora por el articulo 155 y donde todo el poder recaudatorio (Hacienda) se seguía manteniendo en las instituciones centrales quienes aplicaban el viejo refrán español, “quien parte y reparte se lleva la mejor parte”.

 

Esta estructura estatal fue pactada entre el capital español, el catalán, el vasco y a remolque el gallego, junto con los terratenientes andaluces y con el movimiento obrero a través de sus partidos mayoritarios, el PCE y el PSOE. Se estableció un pacto social a tres, entre la burguesía central, las periféricas y el movimiento obrero.

 

La crisis económica detonada en el 2007 lo ha dinamitado. El desguace institucional y social comenzó en el 2009 con la derrota del pueblo gallego en la cabeza de la Xunta bipartita, que había sido puesta por la gran movilización de Nunca Máis; siguió con la integración del proceso vasco en el régimen (hoy el PNV es uno de los sostenes de Rajoy) y se profundizó con el desmantelamiento de las conquistas sociales y laborales que habían acompañado al régimen estos años (el llamado Estado del Bienestar), a través de las políticas de reformas laborales y recortes impuestos desde la Unión Europea, y aplicados por los gobiernos del PPSOE.

 

El llamado conflicto catalán es el último acto de una política consciente de la burguesía española de “estrechar los marcos” del régimen; o como dijera Aznar en el 2002, de “recuperar lo que tuvieron que conceder en la Transición”.

 

A la burguesía española hoy le son relativamente superfluas las instituciones democráticas, entre ellas las mismas CCAA, para desarrollar los ataques contra la clase trabajadora y los pueblos, que todavía tiene que llevar a cabo. Por mucho que alardeen, la recuperación tiene patas cortas: se basa en que entren 80 millones de turistas y el aumento de la explotación de la clase obrera (bajos salarios y precariedad).

 

Precisa, además, concentrar y centralizar más el capital para sobrevivir en un mundo donde la competencia capitalista es feroz. El correlato ideológico de esta concentración y centralización es el “españolismo” rampante que se vive.

 

En este cuadro, el rey, el ejército y el poder judicial son las únicas instituciones fiables para el capital para esta recentralización del estado, dejando vacías de contenido las instituciones democráticas. El fracaso de los partidos de izquierda, real o ficticia, y de la “vía Podemos” a la reforma del régimen es su resultado, donde aparecen como los defensores de unas instituciones obsoletas.

 

El régimen del 78 se manifiesta como lo que es, el heredero del franquismo para garantizar el orden burgués, derribarlo es una tarea de todos y todas, y de la clase trabajadora fundamentalmente; en ello se juega sus condiciones de vida y trabajo.

 

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