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El 60% de las mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año, residían en un municipio rural. Si tenemos en cuenta que el 80% de la población vive en zonas urbanas, la incidencia es hasta cuatro veces superior a la que se registra en las ciudades. En Andalucía,  2.24 millones de mujeres viven en un entorno rural.

 

En los pueblos hay menos información, más presión familiar, más miedo a denunciar y peor acceso a los pocos recursos disponibles para atender a las víctimas.

 

Y ante esta situación, la solución que propone ahora el Gobierno de Rajoy y el resto de fuerzas políticas en el Parlamento, es un Pacto de Estado aprobado con mucho bombo pero sin ninguna financiación. Un pacto que entre otras medidas recoge una, que para las mujeres del medio rural es imprescindible, que se mantengan en los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, las competencias en materia de igualdad y para prevenir y actuar ante la violencia machista, que la Ley de bases de régimen local eliminó.

Pero, la amenaza del gobierno de intervenir el Ayuntamiento de Madrid, si no se ajusta al límite de déficit que le impone Bruselas, ha dejado muy claro que lo primero sigue siendo pagar la deuda, aunque sea ilegítima. ¿Pretenden hacernos creer que en ayuntamientos más pequeños y con presupuestos de miseria, van a crear los recursos necesarios contra la violencia machista o para reducir la brecha de la desigualdad entre hombres y mujeres?

 

Violencia machista es también no poder asegurar la subsistencia

 

En los últimos años, las mujeres del campo están sufriendo un incremento de la ya generalizada discriminación laboral, debido a que se prioriza el trabajo a los hombres, aunque los jornales de ellas en la mayoría de los casos sean imprescindibles, ya que muchas son cabeza de familia. Esto es así en cultivos como el olivo, donde muchos empresarios prefieren contratar hombres porque son a quienes se ha enseñado a usar la maquinaria para la recogida de la aceituna. O en los invernaderos almerienses, donde el índice de eventualidad es muy alto, llegando al 98% en el caso de las mujeres. Son muchas las que viven a diario la experiencia de no ser contratadas a menos que vayan acompañadas de un hombre. A la temporalidad se suma la eliminación del empleo, como es el caso de la comarca de la Vega y el cierre de la empresa Surfruit, que tiene contratadas a 300 trabajadoras.

 

Reunir las 35 peonadas necesarias para la cartilla agrícola se convierte en una odisea. Esta situación de dependencia económica en la que no es posible garantizar su subsistencia ni la de sus hijos e hijas, hace que en la mayoría de las ocasiones, aquellas mujeres que sufren violencia machista no se atrevan a denunciar y que inevitablemente tengan que seguir permaneciendo junto  al maltratador.

 

A esto hay que añadir que en muchos pueblos no existen servicios tan básicos como una guardería pública municipal, servicios de comedor o aula matinal en los colegios públicos o para atender a personas mayores y dependientes, cuyo cuidado recae generalmente en las mujeres.

 

 

Por un plan de emergencia para rescatar a la mujer trabajadora en el medio rural

 

No se puede confiar ni en el gobierno machista y corrupto de Rajoy ni en el gobierno de la Junta de Andalucía, por mucho que esté presidido por una mujer. Susana Díaz, que dejó tirada a Juana Rivas en su lucha por conseguir la custodia de sus hijos frente a un padre maltratador, sigue sin escuchar las demandas y peticiones de las mujeres jornaleras.

 

Para las jornaleras, igual que para el resto de mujeres trabajadoras, no hay otra salida que la organización y la lucha. Por eso es necesario dar la batalla para levantar un programa de defensa de la mujer trabajadora en el campo, como se está impulsando desde Cobas y la Plataforma de afectadas y afectados por el PER. Porque esto implica luchar en primer lugar, contra los actitudes y prejuicios machistas que lamentablemente aún tienen muchos de los compañeros y que dificulta que las mujeres puedan organizarse para luchar por sus derechos.

 

Porque el machismo divide y debilita a la clase trabajadora. Sólo si no hay división entre jornaleros  y jornaleras y se logra en este sentido ir todos y todas a una, será posible enfrentar a quienes están castigando a los pueblos y las familias del campo andaluz, que no son otros que los patrones y las administraciones públicas.

 

  • ¡Restauración inmediata de las partidas en atención a la mujer recortadas en estos años en los Ayuntamientos, para evitar más muertes de mujeres!
  • ¡Por un plan de emergencia para rescatar a la mujer trabajadora en el medio rural: Planes de empleo y aumento del gasto social!
  • ¡Servicios públicos y de calidad que descarguen a las mujeres de las tareas de cuidados!
  • ¡Retirada inmediata de las sanciones a las jornaleras de Agrícola Espino y Baena Franco y archivo de los autos por lo penal! .
  • ¡Reforma agraria ya! ¡La tierra para quien la trabaja!
  • ¡No al requisito de las 35 peonadas hasta acabar con la irregularidad y se declaren todas las peonadas trabajadas!

 

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