Más recursos contra la violencia machista

El caso de Soraya, asesinada a tiros por su expareja en el bar de Zaragoza donde trabajaba, es la gota que colma el vaso en cuanto a negligencia institucional y falta de voluntad política, para atajar esta lacra social y proteger a las mujeres que la padecen.

Por Laura Requeña

Quince días antes la víctima había denunciado a su agresor por encontrárselo dentro de su vivienda y que este le amenazase de muerte con una pistola, delante de su hijo de seis años. El asesino fue condenado por un delito de coacciones y otro de amenazas a dos penas de seis y ocho meses de prisión. Y se le impuso una orden de protección de riesgo mínimo “porque   vivía a 400 kilómetros de Zaragoza” y porque según dice la sentencia: “dadas las circunstancias del hecho y personales del autor, hacen presumir en el mismo una menor peligrosidad criminal». Y eso a pesar de que en 1999 había sido condenado por un delito de amenazas.

Para colmo, tras el asesinato, el Delegado del gobierno en Zaragoza pretendió exculparse de su responsabilidad, culpando a la fallecida de no haber determinado bien el nivel de riesgo, ya que según este individuo,” lo lógico en estos casos habría sido que la mujer hubiera avisado a la policía de que su agresor podía volver a Zaragoza”. Estas vergonzosas declaraciones han hecho que casi todos los grupos parlamentarios en Aragón, pidiesen su dimisión. Una exigencia a lo que desde Corriente Roja nos sumamos.

Desprotección, maltrato institucional, un aparato judicial sin formación y una ley con cada vez menos recursos

Este último asesinato ha dejado al descubierto que los recursos contra la violencia machista, sobre todo en lo que a protección de las que se atreven a denunciarla se refiere, son totalmente insuficientes e inadecuados. Es inadmisible que se insista tanto a las mujeres para que denuncien y cuando lo hacen, no se activen los procedimientos que sean necesarios para proteger sus vidas. Más de 50.000 maltratadas viven en situación de riesgo, 658 de ellas menores, según datos del último boletín estadístico correspondiente al pasado mes de diciembre que elabora el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Pero en los últimos cuatro años, el gasto en igualdad y contra la violencia machista ha perdido 16,9 millones de euros, pasando de los 34.3 millones de euros de 2010 a los 25.2 millones que prevé gastar en 2016.

Según el Sindicato unificado de Policía, la Unidad de apoyo policial a las víctimas de Zaragoza se creó en 2007 con 17 efectivos, pero la mitad de ellos se ha ido jubilando sin que sus puestos hayan sido cubiertos. En la actualidad está formada por siete agentes y un coordinador, que deben asegurar la protección de más de un millar de víctimas de violencia machista y la vigilancia de otros tantos agresores en la capital aragonesa. Para este sindicato además, “se trata de una situación generalizada que se repite en todo el país”.

Otro aspecto a señalar es la escasa formación del personal que atiende a estas víctimas tanto en comisarias como en los propios juzgados. En julio de 2015, la ONU pedía a España que la formación de jueces y personal administrativo en este ámbito fuese obligatoria, más allá de la actual preparación “online” que algunos han recibido y que dura un mes. Desde las Asociaciones de mujeres también se reclaman unidades de valoración en los Juzgados de violencia a la mujer compuestas por trabajadores sociales, psicólogos y médicos que puedan hacer un informe para dar a conocer al juez las circunstancias del caso que se les presenta porque a menudo lo desconocen y se remiten a juzgar el hecho concreto denunciado. Cuando Soraya Gutiérrez interpuso la denuncia por violencia de género, tuvo que responder a un cuestionario de 25 items en comisaria que fueron analizados por un sistema informático, “que no vio peligro”. A los agentes se les da instrucciones para que sea la propia víctima quien determine el riesgo que está corriendo, pese a que los profesionales que trabajan con estas mujeres afirman que muchas de ellas no son capaces de aceptar los que les está pasando y si lo hacen, no pueden verbalizarlo. La propia subdirectora general de Atención a Víctimas de Violencia de Género de la Comunidad de Madrid, Elena Granados, advierte del «maltrato institucional» que sufren las mujeres en las comisarías y los juzgados y recomienda “denunciar sólo cuando las víctimas hayan sido atendidas psicológicamente y socialmente”, por el riesgo que esto conlleva.

Además de para proteger a las víctimas, el presupuesto actual es totalmente insuficiente para la financiación municipal de los puntos de atención municipales, muchos de los cuales han sido cerrados. Tampoco para poner en marcha las políticas educativas que recoge la Ley o para ofrecer las ayudas económicas previstas a las que las víctimas tienen derecho. En 2014, sólo 426 (0.33 por ciento de las denunciantes), percibió el subsidio de desempleo de 426 euros en pago único. Otra medida que prevé la ley, son contratos con bonificación de la cuota empresarial a la seguridad social a quienes las empleen. Sólo se contabilizan 900 contratos de este tipo (0.7 por ciento de las denunciantes) en todo el Estado español.

Además de dotar de financiación las medidas que “la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género” aprobada en el año 2004 contempla, es necesario eliminar las causas materiales que obligan a muchas mujeres y a sus hijas/os, a vivir junto a su agresor. Las mujeres necesitamos empleo digno y estable con salarios que nos permitan mantener nuestra independencia económica. Necesitamos más servicios públicos y gratuitos de guarderías, hoy casi inexistentes, así como más plazas en centros de día para mayores, más servicios de ayuda a domicilio y la remunicipalización de todos los servicios sociales que hoy están privatizados. En la puesta en marcha de todas estas medidas, los Ayuntamientos y   especialmente los llamados “del cambio” tienen especial responsabilidad. Pero esto implica que se declaren insumisos tanto a la aplicación de la reforma de la ley de bases de régimen local , como al pago de la deuda pública que sea considerada ilegítima, lo que por el momento no parecen dispuestos a hacer.

Las organizaciones populares, obreras y de estudiantes deben ponerse al frente de la lucha contra el machismo

Las mujeres trabajadoras no podemos dejar nuestras vidas en manos de políticos machistas y de un aparato judicial heredero del franquismo. Tampoco podemos confiar en este gobierno ni en el que venga para proteger nuestras vidas. Porque todos ellos, son gobiernos al servicio de la burguesía, para los que el pago de la deuda-respaldado constitucionalmente por el Artículo 135 de la CE- y el ajuste al déficit impuesto por Bruselas y la Troika que ya está exigiendo un nuevo recorte de 9000 millones de euros, es más importante que la protección y la vida de las mujeres. Al nuevo gobierno que salga, sea el que sea, habrá que exigirle un Plan integral contra todo tipo de violencia machista, dotado de presupuesto.

Pero para que las mujeres que sufren violencia machista se atrevan a romper el silencio, deben contar ante todo con el suficiente apoyo social. Por eso es tarea de las organizaciones populares, obreras y de estudiantes, garantizar en cada barrio, en cada centro de estudio o trabajo donde sepamos que una mujer esté siendo víctima de opresión o violencia machista, redes de autodefensa que protejan a estas mujeres.

Y el próximo 8M! todos y todas a la calle para denunciar que estas muertes son consecuencia directa de los recortes sociales! Recortes en prevención, en asistencia inmediata y en la protección efectiva que tanto Soraya como miles de mujeres en estos años hubiesen necesitado para proteger sus vidas.

 
         ¡No más muertes por violencia machista!
         ¡Ninguna agresión sin respuesta!
         ¡Ante el machismo y la desigualdad; Mujer, organízate y lucha!
         ¡Basta ya, ni una más, no queremos ni una menos!