El cierre de la factoría de Nissan en Barcelona (Zona Franca, Montcada i Reixac y Sant Andreu de la Barca), deja en lo inmediato en la calle a 3.000 trabajadores/as directos y hasta a 20.000 indirect@s. Es decir, 23.000 familias que van a la calle.
Pero más allá de ese hecho dramático, deja de manifiesto la hipocresía y la farsa de las multinacionales y de los gobiernos, ¡todos los gobiernos! que las amparan. Y pone además, negro sobre blanco, que las promesas y anuncios del gobierno de coalición y de su ministra de Trabajo no son ciertos: ni han prohibido los despidos, ni los ERTEs salvan los puestos de trabajo.
Como han denunciado en numerosas ocasiones l@s trabajadores/as, Nissan lleva años vegetando en medio de la dejadez y la falta de inversión. Ha ido cerrando o reduciendo a su mínima expresión factorías, como hizo en Ávila (2017), aplicando deslocalizaciones (Tánger 2006), “planes de viabilidad” (con el visto bueno de una sumisa burocracia de CCOO, UGT y USO) que se traducían en pérdidas de empleo, bajadas sustanciales de salarios (hasta un 14% en el acuerdo de Ávila) y un ERTE tras otro.
Y mientras eso acontecía, la empresa seguía recibiendo ayudas públicas millonarias a fondo perdido. Nissan recibió financiación procedente del Fondo Europeo de Desarrollo Regional durante el período 2007-2013. La Junta de Castilla y León le aportó 40 millones de euros de ayudas públicas y, sin embargo, la factoría de Ávila fue desmontada. Desde el año 2009 ha recibido ayudas del Estado y de la Generalitat por valor de 179,7 millones de euros (25 de ellos la Generalitat).Y falta cuantificar cuanto menos, lo aportado a la empresa en exenciones fiscales y en el ahorro millonario de salarios y cotizaciones a la Seguridad Social que han hecho con cada ERTE.
La política de la multinacional nipona ha sido cristalina: utilizar las rebajas de salarios de los trabajadores/as y la pérdida de empleo y derechos, más la generosa ayuda de los diferentes gobiernos a costa del erario público, para ejecutar los planes de reestructuración mundial de negocio de la alianza Renault–Nissan–Mitsubishi.
Ahora el gobierno “amenaza” a Nissan con cobrarle las ayudas del ERTE derivado de la crisis del coronavirus y le dice que si se va le costará 1.000 millones de euros; más que la inversión de 300 millones de euros que le costaría mantener las factorías de Barcelona. Se pretendería así abrir una “negociación” en la cual, en el muy improbable caso de que Nissan prolongara temporalmente su estancia, sería a costa de más pérdidas de derechos, salarios y empleo y más dinero público para los bolsillos de la multinacional nipona.
Si Nissan se va, ha de ser sin tocar una sola máquina, ni un coche, ni un euro. El Estado debe nacionalizar la factoría para defender el empleo de 23.000 familias y recuperar el dinero público que fue tirando a la hucha de Nissan. La misma hucha, por cierto, en la que metió la mano el expresidente de Nissan, Ghosn, para llevarse 39 millones de euros, por lo que fue detenido y procesado en 2018.
La crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto las consecuencias de los recortes sanitarios, pero también la dependencia del turismo y la extrema debilidad de una industria totalmente dependiente de los planes de las multinacionales extranjeras. Al mismo tiempo, la crisis ha demostrado que existen condiciones para que la industria se reconvierta y ponga su producción al servicio de la sociedad, fabricando, en este caso, mascarillas o bombas respiratorias. ¿Por qué una Nissan en manos públicas y controlada por quienes saben producir y saben lo que producen, los trabajadores/as, no puede reconvertir su producción o parte de la misma? ¿Por qué va a salir más caro eso que seguir dando millones a los bancos o los cuatreros de una multinacional?
La lucha de los trabajadores/as de Nissan exige todo el apoyo del sector de la automoción, igualmente amenazado, y de todos los trabajadores y trabajadoras. Y también exige llamar a las cosas por su nombre: no se salvará el empleo y los derechos en la Nissan, ni en Alcoa o en todas la que preanuncian el mismo destino, sin atajar el problema de fondo, exigir al gobierno la inmediata nacionalización de Nissan y de todas estas multinacionales que quieran cerrar.
Necesitamos un plan de reconstrucción al servicio de los trabajadores/as y el pueblo. Un plan que exigirá pasar a manos públicas y bajo control de los trabajadores/as las empresas e industrias fundamentales, entre las cuales la automoción, para hacer una reconversión que las ponga al servicio de las necesidades sociales y de la lucha contra la emergencia climática y medioambiental, donde el aumento de la productividad signifique trabajar menos y no más paro y precariedad