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El pasado 1 de marzo, Arnaldo Otegi, secretario general de Sortu, salía de prisión después de haber cumplido una pena de 6 años y medio. Había sido condenado por pertenencia a ETA justo cuando buscaba recomponer la izquierda abertzale con la finalidad expresa de poner fin a las acciones y a la propia existencia de ETA, para integrarse plenamente en la política institucional. La condena de Otegi y sus compañeros/as daba continuidad a la represión del Estado contra la izquierda abertzale y mostraba, una vez más, la connivencia entre los tribunales y el gobierno.

Por Corriente Roja

Otegi ha sido ahora inhabilitado como candidato de EH Bildu para las próximas elecciones vascas del 25 de septiembre. Encabezaba la lista de Gipuzkoa y era el candidato a lehendakari de la izquierda abertzale.

Su inhabilitación es una nueva manifestación de represión política, un ataque escandaloso contra los derechos democráticos de la izquierda abertzale y una nueva prueba de que la manoseada división de poderes es una frase vacía. Ante esta actuación escandalosa, promovida desde el gobierno del PP y jaleada por Ciudadanos, no vale decir, como ha hecho oficialmente el PSOE, que dan por bueno lo que digan los tribunales. A esto se le llama complicidad. Y tampoco es de recibo la actitud del PNV, que parece arrojar la responsabilidad de la inhabilitación sobre la espalda de la propia izquierda abertzale.

Corriente Roja, en nombre de la defensa de los derechos democráticos, se solidariza con Arnaldo Otegi, denuncia la actuación represiva y antidemocrática del Estado y exige que le sea restablecido su derecho a presentarse como candidato. Son los ciudadanos y ciudadanas vascas los que deben decidir el futuro de Otegi con su voto y no unos tribunales mediatizados por el Gobierno.

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