¡No hay nada que perdonar! ¡Para defender la vida de las mujeres es necesario legalizar!

El aborto es, para los católicos, un acto gravísimo, pausible de excomulgación. Fue lo que sucedió con dos médicos que en 2009 realizaron el procedimiento en una niña de 9 años que quedó embarazada por un acto de violación del padrastro. El Papa Benedicto XVI, en su época, apoyó la punición, por considerar a la violación un crimen menos perverso que el aborto.

En diciembre del 2011, el arzobispo Javier Martínez, de Granada-España, argumentó que una mujer que aborta está autorizando a sí misma a ser violada. De acuerdo con sus argumentos, “matar a una criatura indefensa, en acto realizado por la propia madre, da al hombre licencia absoluta, sin límites, de abusar del cuerpo de esta mujer, porque ella trajo la tragedia a su propia vida”. En otras palabras, defendió que, ante una situación de aborto, estaba autorizada la violación del cuerpo de la mujer, por cualquier práctica violenta, desde abuso hasta violación.

Mientras, la postura de la Iglesia católica y sus preceptos no evita que la práctica exista entre los fieles. Además, las estadísticas brasileñas demuestran exactamente lo contrario: gran parte de las mujeres que abortan lo hacen contra su propia creencia, recurriendo al procedimiento ante un embarazo no deseado o imposible de realizarse debido a condiciones sociales, morales o económicas.

La mayoría de las brasileñas que aborta es católica

En el Brasil, cada año, se realizan cerca de un millón ochocientas mil intervenciones por abortos y dos millones de partos. O sea, una de cada tres mujeres que quedan embarazadas no lleva la gravidez hasta el final. Los motivos para el aborto son variados, desde falta de condiciones para criar al hijo, miedo del juicio moral de la sociedad, dificultad de enfrentar al marido ante un embarazo no planeado o, simplemente, el deseo de no llevarlo hasta el final.

De acuerdo con la Investigación Nacional del Aborto (2010), la mayoría de las mujeres que aborta está casada, es católica, tiene entre 24 a 39 años y gana hasta cinco salarios mínimos. El tema es tan sensible que, incluso estando prohibido por la ley, pausible de criminalización por el Estado y contrario a los preceptos religiosos, muchas mujeres, sin otra alternativa, recurren al procedimiento aunque atente contra la propia vida y su propia religión, enfrentando sus creencias personales y cargando, toda la vida, el peso de “estar en falta con Dios”.

Cerca de 150 a 200 mil mujeres, cada año, mueren o quedan con secuelas debido a procedimientos mal hechos, muchas veces realizados de manera casera y sin ninguna condición de higiene. Las trabajadoras, que no tienen condiciones de pagar por el procedimiento, son las que más mueren, en las innumerables clínicas clandestinas esparcidas por el país. Y, entre ellas, las mayores víctimas son las mujeres negras.

El problema es tan grave que el SUS (Sistema Único de Salud) admite que el aborto es la quinta causa de muerte materna. Y el propio Consejo Federal de Medicina, desde 2012, aconseja la discriminalización de la práctica, como forma de proteger la vida de las mujeres. Incluso, ante este cuadro, la Iglesia católica insiste en cerrar los ojos a este problema, ofreciendo compasión a las “supuestas criminales” que, como vimos, no pasan de ser mujeres comunes de nuestra clase.

De la defensa de la vida contra el aborto al perdón

No dejamos de considerar que el perdón a la mujer religiosa, por el aborto, puede significar un alivio; al final, el peso de enfrentarse a una ley divina es un fardo muy pesado, que se suma a las otras innumerables dificultades cotidianas de las mujeres trabajadoras. Pero, ¿no sería mucho más simple que la Iglesia y el ordenamiento papal dejasen de intervenir en estos asuntos? ¿Qué concediese la libertad antes que el perdón?

No sería difícil hacer eso ni siquiera al interior de la propia Iglesia, toda vez que la teología cristiana prevé al fiel el derecho a decidir sobre acciones que se refieren a sí mismo, a partir de la relación directa con Dios: es el llamado derecho sagrado a decidir. ¿Por qué no abolir del derecho canónico tal crimen, y considerarlo un acto de autoconciencia? Así, cabría a la mujer y no a los curas u obispos, la decisión final.

Pero la Iglesia no está proponiendo reconsiderar el aborto, retirándolo de la lista de pecados o, incluso, dejar de considerarlo un crimen más bárbaro que la violación. La carta del Papa no indica un cambio radical en los objetivos de la Iglesia. Lo más probable es que sea un movimiento para disputar a las mujeres religiosas y a las que se insurgen contra la criminalización de la práctica.

Muchas mujeres encuentran alivio en otras religiones que no consideran la práctica un pecado. Es el caso de la Iglesia universal, que defiende el derecho al aborto basado en la Biblia (Eclesiastés, Capítulo 6, Versículo 3). La Iglesia, preocupada con esta migración, resolvió tomar una medida que deje una puerta abierta para ganar a las mujeres y no permitir que ellas migren hacia otras congregaciones.

Otra hipótesis, también bastante probable, es que la Iglesia católica esté buscando dar respuestas a un fuerte movimiento de mujeres que se insurge contra la práctica de criminalizar el aborto en todo el mundo, enfrentando el preconcepto y el odio, obteniendo resultados positivos.

En España, en 2012, el movimiento organizado derrotó el intento del gobierno de criminalizar casos de abortos ya previstos en la ley. En América Latina, recientemente en Uruguay, fue conquistado el derecho de la mujer a decidir por la interrupción del embarazo. En Argentina, la movilización de las mujeres tuvo efecto sobre el Estado, que retrocedió en las leyes de criminalización. Y, dentro de la propia Iglesia católica existe un movimiento de mujeres, llamado “Católicas por el Derecho a Decidir”, que defiende la legalización de la práctica y que el acto no sea considerado pecado o golpe al derecho canónico.

Ni el Papa ni el Estado: ¡que la mujer decida!

En caso de que la Iglesia católica tuviese, realmente, la preocupación por las mujeres, dejaría de decidir sobre la vida de ellas, defendería que el aborto es un problema de salud pública, porque millones de mujeres mueren víctimas de él, todos los años. Defendería que ni el Estado ni la Iglesia deberían opinar sobre sus opciones. Pero, eso está tan lejos de suceder como que un camello pase por el ojo de una aguja.

No debemos esperar por el perdón pues, además, el aborto no es un pecado; no hay nada que perdonar. Necesitamos organizar una lucha fuerte en defensa de la legalización del aborto. En Estados Unidos, en Europa, y en cinco países de América Latina donde el aborto es legal, las estadísticas muestran que el número de procedimientos y de mujeres muertas cayó fuertemente después de las medidas de legalización.

La única salida para las mujeres trabajadoras, independiente de sus convicciones religiosas, reside en encarar la cuestión del aborto como un problema de salud pública, y entablar una lucha juntamente con la clase trabajadora, para garantizar que no sea considerado un crimen, que pueda ser realizado de manera segura en el sistema público de salud, de forma gratuita y de acuerdo con la voluntad de la mujer. Sin criminalización e imposición no sería necesario el perdón.

*Secretaría Nacional de Mujeres del PSTU (B)

Traducción: Laura Sánchez