La situación de la educación pública, lejos de mejorar, sigue soportando el bombardeo sistemático de recortes y reformas por parte de los diferentes gobiernos. El más reciente de ellos es el anuncio de la bajada del presupuesto educativo a un 3,8%, que, de ser aprobado, afectará duramente a toda la comunidad educativa. En mitad de este contexto, el Gobierno Andaluz aprobó el decreto de precios públicos que incluye las Bonificaciones. Entender de fondo esta medida y cuáles son los intereses del gobierno es vital para poder explicara nuestros compañeros la situación de la educación, y organizar la lucha por la educación pública.

Por: Juventud de Corriente Roja Sevilla

Susana, NO nos basta con migajas ¡Fuera los RECORTES y la PRIVATIZACIÓN!

El gobierno andaluz, co-responsable de la privatizaciónde la enseñanza andaluzay socio-gestor de los recortes del Gobierno-Rajoy,pretende tomarnos por tontos cuando afirma que “apuesta por una universidad pública gratuita”1. No podemos olvidar que son ellos quienes están aplicando los itinerarios de la LOMCE en los institutos, así como los que no dieron respuesta a los coles e institutos de “escuelas de calor” el año pasado, que pedían unas infraestructuras dignas para poder dar clase en verano de forma segura. De igual modo, son ellos quienes quieren imponer un nuevo “Modelo de Financiación de las Universidades Públicas” basado en la inversión privada, la adaptación de los grados al mercado, y la competencia entre universidades.

No cae del cielo que Susana Díaz se vea obligada a ceder alguna medida justamente en la universidad, sino que responde directamente a la constante movilización estudiantil de los últimos años. Sin movilización del estudiantado en las calles, a nadie se le ocurría bonificar a nadie. Esto solo demuestra que LA LUCHA SIRVE. Si Susana Díaz piensa que nos vamos a conformar con migajas, está muy equivocada: desde el movimiento estudiantil, junto a toda la comunidad educativa, tenemos que demostrarle que ni confiamos en su gobierno corrupto, ni vamos a parar hasta revertir los recortes y la privatización. La lucha sirve Y SIGUE.

Los problemas de las bonificaciones

Además, las bonificaciones tienen, en sí,varios problemas que nos gustaría subrayar:

El más inmediato es que no se están aplicando para todos/as, pues 28.000 andaluces han quedado excluidos de esta medida2. Buena parte de ellos se matricularon en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), precisamente porque muchos compaginan estudios con trabajo (no podrían asistir regularmente a clases), y porque su situación económica les impidió estudiar cuando debían.En cuanto a la UNED, si bien es cierto que depende del Ministerio de Educación del Estado, los estudiantes andaluces de la UNED deberían ser tan beneficiarios de las bonificaciones como nosotros, puesto que a la hora de contribuir y pagar impuestos sí se acuerdan de ellos.

El segundo problema que tienen es que se aplican en el segundo año del grado, en función de las calificaciones, por lo que los estudiantes que no puedan asumir el primer año de matrícula no podrían acceder a la universidad. En una comunidad como Andalucía,siendo la segunda comunidad española donde el esfuerzo de las familias en el pago de los precios públicos sobre la renta per cápita es mayor, esto supone dejar fuera a un sector importante de las y los hijos de clase trabajadora.

Luego, la base del decreto es que “Reconocer el rendimiento académico es una fórmula que repercute positivamente en un mejor aprovechamiento de los recursos públicos”, sin embargo, infelizmente ¿un aprobado depende siempre del esfuerzo? ¿Realmente todos los alumnos tienen las mismas facilidades para poder estudiar?El criterio es que la bonificación se aplica en función de los resultados, del aprobado, lo que supone un palo para la juventud trabajadora, que, debido a las restricciones del plan Bolonia, son a menudo incapaces de asistir a clase regularmente y, por tanto, de aprobar.

Las ayudas económicas al estudiantado se tienen que aplicar en función de las necesidades económicas de los y las estudiantes, y no de sus resultados. La Junta, en su decreto, apunta que se trata de evitar que, “quien no reúne las condiciones para una beca de estudios se pueda ver fuera del sistema universitario público por razón económica”. Por supuesto que compartimos una parte de ese planteamiento, pero para dar soluciones de fondo, de lo que realmente se trata es de, en primer lugar, abrir y reducir las restricciones para acceder a la universidad, y, en segundo lugar, de habilitar recursos para que los estudiantes con más necesidades puedan acceder a la universidad.

Para nosotros, la enseñanza es un derecho fundamental y no puede pensarse en términos de rentabilidad económica. Defendemos una educación gratuita para que puedan acceder a ella todo el conjunto de la clase obrera y trabajadora y, para este fin, lasbonificaciones de Susana Díaz no suponen un cambio estructural, y desde luego no cuestionan la privatización de la universidad. Es, de fondo, perfectamente compatible con el modelo de elitización del acceso a la educación, de competencia entre los diferentes centros por los recursos y de financiación externa y privada (en nombre de la autonomía y la investigación). En definitiva, con bonificaciones o sin ellas se trata de privatizar, de convertir los servicios públicos en beneficios, todo ello bajo la premisa de no ir a la raíz del problema “porque no hay correlación de fuerzas para medidas más profundas”

¿Tienen las bonificaciones los días contados?

Resulta difícil de creer, sobre todo después del anuncio del Gobierno Central de su intención de aplicar nuevos recortes al presupuesto educativo (entre otros), que esta medida vaya para largo. Los propios rectores universitarios temen, ante la lentitud con la que la Junta hace frente a los pagos, enfrentarse a una reducción inmediata de los ingresos de las Universidades que ponga en apuros la liquidez de las instituciones– que, en caso de los centros universitarios, siguen esperando el pago de 278 millones de euros por parte de la Junta. A esto habría que sumarle el coste del decreto de bonificaciones que rondará entre 20 y 30 millones de euros.

La opción más creíble de un gobierno fiel al pago de la deuda que viene encabezando los planes de ajuste de la UEa nivel andaluz es que las bonificaciones de la Junta vengan acompañadas de recortes en otros servicios públicos, y que no sean más que una mísera campaña electoral para ganarse el apoyo de los jóvenes de cara a las próximas Andaluzas.

Pero incluso si finalmente pretenden sostener temporalmente esta medida, desde las organizaciones, sindicatos, y desde las asambleas del movimiento estudiantil, no debemos tener ninguna confianza, pues, en combinación con los nuevos presupuestos y estando siendo ya implantado el decreto-3+2 en muchas varias universidades, si las bonificaciones permanecen, podemos tener certeza de que será a costa de recortes y endurecimiento del criterio de becas así como de restricciones en el acceso, y de aumento de la autonomía y la inversión externa.

Esta discusión, como apuntábamos, cobra aún más importancia frente a los presupuestos que el gobierno-PP pretende aprobar el próximo mes de enero, que suponen un recorte a todos los servicios públicos. En educación amenazan con una bajada del 4 al 3’8% (mínimo histórico). Necesitamos explicar a nuestros compañeros en cada universidad e instituto, las limitaciones de las bonificaciones, así como la necesidad de enfrentar estos presupuestos y construir una jornada de lucha estatal en defensa de la pública.

Llamamos, por tanto, a organizarnos y discutir qué necesitan nuestros institutos y universidades colectivamente, porque no confiamos en un gobierno, con bonificaciones o sin ellas, que impone y no deja decidir nada a nadie,cómplice y socio de Rajoy y de la UE en sus planes ¡Frente a sus presupuestos, exigimos un 8% en educación!

 

Notas:

1http://www.europapress.es/andalucia/noticia-susana-diaz-afirma-andalucia-apuesta-universidad-publica-gratuita-20170606120401.html

2Según el diario Público en su artículo Las matrículas gratis del Gobierno de Díaz excluyen a 28.000 universitarios andaluces (Daniel Cela, 16/10/2017)