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En estos últimos años venimos presenciando un profundo deterioro en las condiciones de l@s jornaler@s, que va desde el incumplimiento sistemático del convenio hasta el no reconocimiento de las peonadas declaradas. Dicho retroceso se debe a la política del gobierno central y de la Junta de Andalucía, que han debilitado los sistemas de control sobre el campo con el fin de generalizar el fraude patronal. Además de la colaboración que le han brindado los sindicatos oficiales de CCOO y UGT, como gestores de la precariedad y cómplices del fraude patronal. Sin embargo, y a pesar de los que creen que estamos ante un problema coyuntural, la realidad es que se trata de un problema endémico derivado de una estructura económica basada en el latifundismo y el acaparamiento de tierra. De ahí que colocar el debate de reforma Agraria en Andalucía es vital para enfrentar los males que padecen los pueblos y las miles de familias jornaleras.

¿Andalucía como ejemplo de modernidad y progreso?

Susana Díaz viene insistiendo que “Andalucía ya es parte de la modernidad” y que “estamos inmersos en el progreso del siglo XXI”. No obstante, los datos evidencian una realidad totalmente opuesta. Andalucía ocupa el tercer puesto en el Ranking de CCAA que más aportan al PIB de España con un 13,9 %. Sin embargo, la Renta Per Cápita es un 26% inferior de la media Estatal. La fractura social y la fuerte desigualdad se expresan con fuerza en el campo Andaluz, donde el acaparamiento de tierra y riqueza en pocas manos ha sido una constante a lo largo de las últimas décadas. Mientras que la pobreza y la miseria se agudiza entre la clase trabajadora, donde un 40% se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social.

La reforma Agraria: un problema democrático aún sin resolver

En Andalucía hacer referencia a la igualdad de derechos y oportunidades, a la modernidad y a valores democráticos ignorando la arcaica estructura económica basada en el latifundismo, no es más que un embuste liberal que intenta engatusar a los obreros. Desgraciadamente, después de cinco siglos, lejos de emprender otro camino, Andalucía sigue estando en manos de los mismos linajes y familias nobiliarias que siglos atrás (Alba, Duque del Infantado, Marques de la Montilla o el Conde de Luna), concentrando en sus manos más del 50% de la tierra.

En este sentido, todas las políticas que desde el gobierno se han venido aplicando en estas últimas tres décadas, incluida la titulada Reforma Agraria del año 1984, si ha servido para algo, es para proteger y acrecentar aún más la concentración de tierras en detrimento de los pequeños agricultores.

Durante el mandato del Gobierno PSOE- IU volvió a aparecer el debate sobre la cuestión Agraria, como parte de las pésimas condiciones del sector y la presión del movimiento jornalero.  Sin embargo, se trataba de una medida totalmente insuficiente, que ni cuestionaba el modelo productivo impuesto por la UE, ni el latifundismo parasitario e improductivo y daba la espalda a las reivindicaciones más sentidas de los jornaleros.  De ahí que el famoso Banco de tierra se mostrase infructuoso a los ojos de los jornaleros.

 

Unas condiciones de trabajo propias del feudalismo

De dicho modelo basado en el acaparamiento de tierra por parte de terratenientes y señoritos, se desprenden unas relaciones laborales propias del s.XIX.  A diferencia de otros sectores, los jornaleros se encuentran aún en un escalón por debajo. Un ejemplo es la precariedad del sector, ya que el 99% de las contrataciones son eventuales, solo el 1% de jornaleros dispone de trabajo fijo. En cuanto a las pensiones, mientras que la pensión media en el campo se sitúa en los 580,87€, en el Régimen General la pensión media está en 1.130,30€. Además, en el Régimen Especial Agrario los jornaleros no tienen reconocido ni indemnización por despido, vacaciones y ni siquiera derecho a un contrato por escrito que le permita defenderse de los abusos.

La precaria situación que continúa persistiendo en el campo se vuelve aún más virulenta con la eliminación de los escasos controles y con la permisividad de los sindicatos oficiales, que hace que la patronal incumpla de manera sistemática el convenio, alcanzando hasta un 80% de incumplimiento en el caso de la provincia de Sevilla.

Las jornaleras, debido a la alta precariedad en el sector, son aún más excluidas, siendo las primeras en ser despedidas y las últimas en ser contratadas.

 

El PER y el subsidio Agrario, una migaja para abandonar la lucha por la reforma Agraria

En los años finales de la dictadura comenzó a resurgir con fuerza el movimiento jornalero, cuestionando el modelo latifundista a partir de las ocupaciones de fincas. Así en el 1971, para calmar los ánimos de rebelión contra los patrones, Franco creó la Ley de Empleo Comunitario, que consistía en una asignación presupuestaria dirigida a los Ayuntamientos de pueblos andaluces y extremeños con el fin del “mantenimiento del orden público”. La idea era que, gracias a estos fondos, los alcaldes pudieran contratar a los jornaleros para trabajos comunitarios y les restase responsabilidad a los terratenientes. El problema fue la insuficiencia de las ayudas, que imposibilitaba cubrir la totalidad de personas necesitadas, por lo que se terminaron convirtiendo en un reparto de dinero asignado a dedo en las plazas de los pueblos. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por contener el movimiento jornalero, durante los años venideros continuó la movilización y lucha por la reforma Agraria.

En el año 1984, con la llegada de Felipe González, Gobierno y patronal presionados por la movilización necesitaban desactivar la lucha por la tierra y el empleo, ya que la ansiosa reforma agraria entre sus medidas planteaba la obligatoriedad por parte de los terratenientes de contratar en función del número de hectárea. Esta reivindicación iba en contra de la naturaleza de los terratenientes parasitarios y del modelo improductivo de la UE, que más tarde se expresó en las Ayudas de la PAC.

Finalmente, para frenar este movimiento jornalero en todas sus reivindicaciones, Felipe González reformo el Plan de Empleo Comunitario que dio origen al PER, además de aprobar el Subsidio Agrícola. Para este acuerdo fue central la legitimación de los sindicatos oficiales, así como el PCE.  De esta manera, se fue desactivando la lucha por unas condiciones de trabajo dignas, el empleo y la tierra. Al mismo tiempo que se ha ido desmantelando la intensa actividad productiva.

Retomar la movilización por unas condiciones de trabajo dignas y la Reforma Agraria

Después de tres décadas, hemos presenciado cómo el campo ha venido sufriendo un retroceso acelerado, volviendo nuevamente al punto de partida, aunque con un retroceso productivo y con unas imposiciones de la UE muy marcadas. En este contexto, patronal y gobierno están lanzando una fuerte ofensiva contra los derechos de los jornaleros, como es el caso de los jornaleros de Agrícola Espino y Baena Franco. Para enfrentar estos problemas endémicos que sufre el campo es preciso retomar la lucha por la Reforma Agraria.

La  Reforma Agraria que necesitamos debe empezar por reactivar la producción agrícola, colocando los latifundios baldíos en manos públicas y enfrentar la política de cupos que establece la UE; ha de garantizar el sistema de prestación acabando con el requisito de las 35 peonadas;  debe poner medios para acabar con el generalizado fraude patronal y el incumplimiento del convenio; acabar con la persecución de las jornaleras y controlar a los terratenientes y empresarios del sector; además ha de contener un salario digno y derechos básicos como la obligación de un contrato de trabajo por escrito para defenderse de los abusos; así como un plan de industrialización.

Para esta lucha es necesario creer en nuestra capacidad de movilización y vencer el miedo, la vergüenza y el abatimiento.

 

 

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