Compartir este artículo

Se aproxima el día del referéndum y el choque de trenes está cada vez más cerca. El gobierno español ha acelerado la máquina de amenazas y amedrentamiento contra la Generalitat y contra todo el movimiento soberanista catalán. Los poderes del Estado, con Rajoy al mando, se han conjurado para impedir por todos los medios que el pueblo de Cataluña pueda votar y decidir democráticamente su futuro nacional.

Por Felipe Alegria (Corrent Roig)

En medio de una creciente tensión política y mientras se acentúa la necesidad de hacer frente a la ofensiva y amenazas del régimen, se ha intensificado, particularmente en Cataluña, el debate acerca de la posición de los Comunes, vinculada a la que Podemos e izquierda Unida (IU) mantienen a escala estatal.

Así, la Coordinadora Nacional de Catalunya en Comú decidió el pasado 8 de julio, por una mayoría del 75% y sin consultar a los inscritos, no reconocer el 1-O como referéndum, no asumir sus resultados, no hacer campaña por él y no llamar a la participación. Tampoco se ha comprometido Ada Colau a ceder los locales del Ayuntamiento de Barcelona y cuando se le interroga por ello, dice que “no quieren ser manipulados ni por unos ni por otros” y que, según los términos de la convocatoria, ya decidirán.

Las medias tintas de Catalunya en Comú

El argumento de Catalunya en Comú es que “éste no es el referéndum que Cataluña merece y necesita“, dado que el Govern de la Generalitat no ofrece las necesarias “garantías“. La verdad es que no hay que ser un lince para ver que no estamos ante un referéndum “normal”, pactado e internacionalmente reconocido. Pero si esto es así, la responsabilidad absoluta recae sobre el gobierno del PP y, más en general, sobre el Estado español. Esto es lo que Catalunya en Comú omite. Tampoco dice que el Govern de la Generalitat, atendiendo a la voluntad mayoritaria de la población catalana y ante la negativa cerrada del Estado, tiene toda la legitimidad democrática para convocar un referéndum unilateral.

Catalunya en Comú sabe que las garantías (y los efectos) del referéndum residen en la masividad de la votación. Por eso, si quiere un referéndum “con garantías” debería involucrarse en el desarrollo del 1-O para asegurar una participación masiva y verificar una contabilización correcta de los resultados.

No sirven las contorsiones dialécticas para disfrazar la inhibición. No vale decir que no reconocen el 1-O como referéndum pero sí como “movilización” en favor de “un referéndum efectivo y con garantías”. No sirve que Ada Colau declare que “si el 1-O hay urnas, iré a votar”, en contraste con el portavoz parlamentario Coscubiela. No es suficiente ofrecer apoyo frente a la represión del Estado.

Estamos ante un problema democrático central donde no caben medias tintas. El necesario enfrentamiento social con el gobierno de Puigdemont y Junqueras y la corrupción de Convergència no justifican la oposición a un referéndum legítimo. Desentenderse del referéndum ante el choque que se avecina favorece objetivamente al régimen y es, además, la mejor manera de ayudar a Puigdemont i Junqueras a capitalizar el enfrentamiento y hegemonizar el proceso.

Podemos: Nada que ponga palos en las ruedas a los pactos de gobierno con el PSOE

La postura de Catalunya en Comú está estrechamente conectada con la de Podemos. Pablo Iglesias reivindica formalmente a Ada Colau y a Xavier Domènech, aunque, en realidad, sintonice más con el diputado Coscubiela. Iglesias se enfrenta a Podem-Catalunya porque la rama catalana de Podemos “hace un llamamiento al espíritu del 15M para fomentar la participación y votación el día 1 de octubre”.Él, por el contrario, declara que “si fuera catalán, no iría a votar”.

No es casual que los mismos días en que Iglesias y Echenique se desmarcaban del referéndum catalán, Podemos estuviera preparando su entrada vergonzante en el gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por García-Page, un barón “pata negra” del PSOE. Una entrada expresamente avalada por Iglesias, cuyo proyecto es integrarse, tras las próximas elecciones generales, en un futuro gobierno de coalición presidido por Sánchez. No cabe duda que un objetivo así no deja espacio para ninguna actuación que ponga en riesgo la unidad forzada española, una de las de las principales señas de identidad y razón de ser del PSOE. Todo debe quedar, por tanto, reducido a una respetuosa reforma constitucional.

Queda claro que una cosa es hablar de plurinacionalidad, referirse a un referéndum pactado imaginario o defender el derecho a decidir “en general” y otra, muy distinta, apoyar el referéndum unilateral catalán una vez que el referéndum pactado se ha mostrado imposible. Iglesias está entre los que defienden el derecho de autodeterminación de los pueblos….siempre que estos no lo ejerzan. Cuando quieren ejercerlo se opone porque el Estado no está de acuerdo. Es como el marido que dice estar por el derecho al divorcio…hasta que su mujer se lo pide. Entonces lo condiciona al mutuo acuerdo. Pero el derecho a la autodeterminación es un derecho del pueblo nacionalmente oprimido y no una graciosa prerrogativa del Estado que la oprime.

Alberto Garzón: Falsos argumentos de izquierda contra el referéndum

El coordinador general de Izquierda Unida también pertenece al grupo de los que defienden el derecho de autodeterminación en abstracto y se oponen a su ejercicio concreto. La diferencia con Iglesias es que Garzón lo expresa de manera más descarnada, más apegado a la tradición estalinista del PCE.

Garzón, en polémica con un intelectual de la izquierda independentista catalana que le reprocha no seguir los consejos de Lenin, le responde con una mezcla deshonesta de referencias a los clásicos marxistas y vanagloriándose de que él no los lee “como si fueran portadores de la verdad“. Pero lo que debería decir Garzón, en verdad, es que repudia la herencia de Lenin.

El punto de partida del razonamiento de Garzón es equiparar el nacionalismo español y el catalán: “Otorgando la misma condición abstracta al nacionalismo español y al nacionalismo catalán, no cabe tomar partido de antemano por ninguno de los dos“. Exactamente en las antípodas de Lenin, que nos dice: “El planteamiento abstracto del problema del nacionalismo en general no sirve para nada. Es necesario distinguir entre el nacionalismo de la nación opresora y el nacionalismo de la nación oprimida, entre el nacionalismo de la nación grande y el nacionalismo de la nación pequeña” (“Acerca del problema de las nacionalidades o la autonomización”, 1922)

Lenin era todo menos amable con quienes defendían posiciones nacionales similares a las de Garzón: “El socialdemócrata ruso que ‘reconoce’ la autodeterminación de las naciones de manera similar a como lo hacen los señores Plejánov, Potrésov y Cía., es decir, sin luchar en defensa de la libertad de separación de las naciones oprimidas por el zarismo es, de hecho, un imperialista y un lacayo del zarismo” (“Balance de la discusión sobre la autodeterminación”, octubre 1916). Al mismo tiempo, como criterio general, Lenin era decididamente contrario a la independencia de las naciones oprimidas y favorable a la unión; sólo que él únicamente admitía una unión libre, basada en el reconocimiento del derecho a la separación. En realidad, el derecho a la autodeterminación no otra cosa.

Un argumento al que Garzón se aferra para deslegitimar el 1-O es que no se pone a votación la opción federalista, lo que “hace imposible que la sociedad catalana pueda expresarse en su totalidad”, de manera que “el proceso carece de las garantías suficientes“. Pero hay una importante carga de cinismo en esta crítica, en primer lugar porque Garzón sólo tendría derecho a hacer esta exigencia si él e Izquierda Unida se hubieran pronunciado inequívocamente a favor del referéndum y se hubieran involucrado en su impulso, lo que no ha sido en absoluto el caso. En segundo lugar, porque la vida ha demostrado que no puede haber un verdadero federalismo ni una confederación si antes no se rompe el cerrojo de la Constitución de 1978. Sólo quien se niega a ver la realidad puede pensar que sin romper la carcasa opresiva de este régimen es posible una unión fraternal entre iguales. Y en tercer lugar, porque defender un estado federal o una confederación es compatible con la pregunta del 1-O acerca de la independencia, pues es algo que sólo puede resolverse una vez aprobada o rechazada la opción de la independencia.

Cataluña tiene todo el derecho a decidir en un referéndum unilateral

La postura de los Comunes, Podemos e Izquierda Unida es grave porque se presentan como portavoces de la izquierda y de los trabajadores. Pero la clase trabajadora no tiene el menor interés en una unidad forzada. Una confederación, como la que defendemos nosotros, o un estado federal como el que reclama Garzón, sólo tienen sentido entendidos como una unión libre entre pueblos libres e iguales.

Todas las fuerzas del Estado que se reclaman de la clase trabajadora y de la democracia tienen la obligación de defender el derecho de Cataluña a decidir unilateralmente su destino nacional, hacer piña contra las trabas del Estado y la inevitable represión que se avecina. Esa es la obligación de Podemos y de Izquierda Unida y su prueba de fuego.

Ganar la batalla de Cataluña es clave para la defensa de las libertades democráticas frente a un régimen incapaz de oír la voz de la clase trabajadora y de los pueblos ni de atender sus demandas. Estamos ante una lucha decisiva contra un régimen que no rompió con el franquismo y arrastra una herencia tan pesada que hace de la democracia un puro formalismo.

Compartir este artículo