El 17 de mayo es el día mundial contra la LGTBofobia, una fecha que desde hace unos años viene marcando la ruta de lucha hacia el día del Orgullo LGTBI, el 28 de junio. El motivo de que se haya tomado desde las calles la fecha del 17 de mayo como jornada de lucha contra la LGTBofobia atiende a la victoria histórica por la cual la Organización Mundial de la Salud (OMS) despatologizó la homosexualidad el 17 de mayo de 1990. Así mismo, parece importante remarcar que hoy día la OMS sigue considerando la Transexualidad un trastorno psiquiátrico, lo cual determina en gran medida la relación entre las personas transexuales y los respectivos gobiernos a los que acuden para demandar sus necesidades.

Como vemos, y al igual que ocurre con el día del Orgullo LGTBI, el 17 de mayo tenemos más por lo que luchar que por lo que celebrar. En un contexto de crisis económica, en el que los recursos del Estado están siendo destinados a pagar una deuda ilegítima, contraída y mantenida voluntariamente por los diferentes gobiernos con el corrupto sector financiero, el colectivo LGTBI que además enfrenta las diferentes reformas laborales por las que el despido es prácticamente gratis y la precariedad es la norma, se está viendo despojado de la incipiente protección que había ganado a través de décadas de lucha.

Así, nos encontramos un índice altísimo de mortandad por suicidio entre la juventud LGTBI. Según el Observatorio Español contra la LGTBofobia, los intentos de suicidio entre jóvenes LGTBI son de tres a cinco veces más numerosos que entre los jóvenes en general. De media casi 50 jóvenes LGTBI se suicidan en España cada año y otros 950 jóvenes LGBTI lo intentan. La principal causa de esta tragedia tiene que ver con el principal entorno en el que los jóvenes socializan: el escolar.

Ante esta realidad, nos encontramos con gobiernos que recortan paulatinamente en educación y propician el catolicismo dentro de las aulas: con la LOMCE (reforma educativa para educación secundaria, iniciada por el gobierno ZP, por la cual el presupuesto de los institutos depende de su nota media global) se promueven los centros concertados, en su mayoría gestionados por entidades cercanas a la Iglesia. Dentro de estos, además, se prioriza la subvención a aquellos centros que estén segregados por sexo, imponiendo de este modo la rigidez de la división social del sexo y los estereotipos que de esta derivan. En 2016, el gobierno Rajoy eliminó la asignatura Educación para la Ciudadanía, en la que se formaba a los alumnos en valores sociales de tolerancia. Así mismo, se impuso la Religión Católica como asignatura puntuable, con la repercusión ideológica que tienen las enseñanzas del catolicismo sobre el colectivo LGTBI. Todas estas reformas educativas las enmarcamos en una reducción constante de presupuesto público por el cual se masifican las aulas de los institutos de barrios más humildes dificultando la identificación de situaciones discriminatorias por parte de los docentes.

Pero la violencia LGTBofóbica no se da sólo en las aulas: según el Ministerio de Interior los delitos de odio al colectivo LGTBI en el Estado Español aumentaron un 36% de 2015 a 2016, pasando de 169 a 230; siendo los ataques que más aumentaron. Aunque esta cifra resulta alarmante, no tiene en cuenta todas aquellas agresiones que no llegan a ser denunciadas: según el Observatorio de Redes contra el Odio de FELGTB, se indica que solo un 17% de dichos delitos se llegan a denunciar, por miedo a “salir del armario o por pensar que no se va a conseguir resultados con la denuncia.” , lo cual tiene bastante sentido pues, en nuestro sistema judicial el agravante de odio por motivos de orientación de género o identidad sexual no se aplica mecánicamente y es el juez en cuestión quien determina el carácter del delito.

Por otro lado, nos enfrentamos a una violencia estructural en el ámbito laboral: en el Estado Español, no se obliga a las empresas a tomar medidas de inclusión laboral que podrían tan simples como la implantación de formación entre los empleados sobre temas de discriminación, la monitorización de las entrevistas de trabajo o el control de las plantillas para evaluar la representación de los diferentes colectivos en peligro de exclusión social.

Un ejemplo realmente revelador es la discriminación laboral que sufrimos las mujeres trans: el 80% estamos desempleadas y en riesgo ser excluidas a la prostitución para sobrevivir. De esta discriminación se hace cargo el Estado directamente: es a la hora de presentar nuestro DNI, con el nombre y el sexo que no nos corresponden, cuando somos más susceptibles a ser rechazadas para un puesto de trabajo. En cambio, para poder cambiar nuestro DNI debemos someternos mínimo a dos años de tratamiento hormonal al que solo podemos acceder si somos diagnosticadas enfermas mentales previamente.

Como hemos podido constatar en este breve artículo, dedicado únicamente a la situación dentro del Estado Español, el colectivo LGTBI, como grupo socialmente oprimido, paga con muerte y exclusión los recortes en educación, las reformas laborales, el podrido sistema judicial dominado por jueces machistas y LGTBfóbicos (recordamos el caso “La Manada”), una legislación que no nos protege y un sistema sanitario precarizado que no tiene en cuenta nuestras necesidades.

Desde Corriente Roja llamamos a la Juventud LGTBI a organizarse asambleariamente para construir las fechas históricas de lucha, como el próximo 17 de mayo, día contra la LGTBofobia y el 28 de junio, día del Orgullo LGTBI y así ir fraguando un movimiento contra las opresiones sociales que dé respuesta a las políticas LGTBofóbicas, machistas y racistas que nos vienen imponiendo.