Un año más, este 28 de septiembre millones de mujeres en todo el mundo saldrán a las calles, para reivindicar aborto libre, público y gratuito.
En el Estado español, al igual que en otros países de Europa, el aborto es legal en determinados plazos y supuestos. Pero fueron necesarios más de cuarenta años de lucha y movilización social, para que en 2010 el gobierno del PSOE de Zapatero aprobase la actual Ley de plazos que permite el aborto libre en las primeras catorce semanas. Aun así, 11 años después éste no está totalmente garantizado para todas las mujeres, por lo que sigue siendo un día de lucha y reivindicación.
El aborto todavía se mantiene dentro del Código Penal, fuera de esos plazos y supuestos. El período de reflexión de tres días al que se nos obliga, da por supuesto que las mujeres necesitamos siempre tutelaje en este tema. Y la «información» y asesoramiento que recibimos, lejos de ser científica e imparcial, sigue en muchos casos en manos de «ONGs pro-vida».
El 86% de los abortos aún se realizan en centros privados. Hay cinco comunidades autónomas en las que no hacen la intervención en ningún hospital público, lo que supone serias barreras y costes a las mujeres, que a veces tienen que desplazarse a cientos de kilómetros de donde viven. La objeción de conciencia del personal sanitario que la Ley reconoce, aunque no existe ningún registro de los profesionales que se acogen a ésta, nos deja en situación de indefensión.
Y por si todo esto fuera poco, muchas mujeres sufren acoso por parte de los grupos antiabortistas, a las puertas de las clínicas concertadas donde son derivadas. Esto es, reciben amenazas y coacciones por ejercer nuestro derecho a recibir una prestación sanitaria de la cartera de servicios de la salud pública, que sigue estando muy estigmatizada.
El derecho al aborto es parte de los derechos sexuales y reproductivos de toda la clase trabajadora, que son más amplios y que la Ley reconoce, como es el derecho a una educación sexual para decidir o a anticonceptivos fiables y gratuitos para prevenir embarazos no deseados.
Sin embargo, en colegios e institutos públicos, la educación sexual sigue siendo una actividad escolar insuficiente, puntual, voluntaria y con un enfoque centrado en la reproducción.
La atención a nuestra salud sexual y reproductiva en la sanidad pública y la accesibilidad a los distintos métodos contraceptivos, es totalmente deficiente debido a los recortes sanitarios, con muchas diferencias entre CCAA y esto se ha visto agravado ahora además, por la situación de colapso en la que sigue la Atención Primaria tras la pandemia.
En estas condiciones, llevar a cabo una interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en el plazo legal, se convierte para muchas en una verdadera carrera de obstáculos, que especialmente menores, inmigrantes sin tarjeta sanitaria o quienes están en situación de pobreza, no pueden sortear. Igualmente denunciamos las trabas burocráticas que sufren muchos hombres trans para el acceso al aborto y servicios ginecológicos. Once años después, el aborto sigue siendo un tema tabú y no existe voluntad política para que la Ley se cumpla.
Obras son amores y no buenas razones.
La semana pasada, el Congreso aprobó sin el voto de PP y Vox, una propuesta de Ley para penalizar con prisión de tres meses a un año o trabajos comunitarios, a quienes coarten la libertad de las mujeres.
Y el Ministerio de Igualdad dice estar trabajando en una reforma de la actual Ley del aborto que incluirá «el reconocimiento de la violencia obstétrica, el derecho de la mujer a elegir el método para interrumpir su gestación y el reconocimiento de los vientres de alquiler como una forma de violencia hacia las mujeres».
Pero como muchas de las cosas anunciadas por este gobierno, todo esto es de momento sólo una promesa. Seguimos esperando que este gobierno elimine, tal y como anunció, la necesidad del consentimiento paterno para las menores de 16 y 17 años que quieren abortar y que es especialmente gravosa para quienes sufren violencia intrafamiliar o están en situación de desarraigo y desamparo.
Igualmente la educación sexual que según la Ministra de Igualdad sería una «pieza clave» de su legislatura, sigue sin ser asignatura curricular y puntuable con la nueva Ley de educación aprobada por este gobierno y es inexistente en la escuela concertada, que continúa bajo las garras de la Iglesia Católica a la que sigue subvencionando, aunque esta haga campaña contra el aborto.
A l@s dirigentes de Podemos cada vez les cuesta más trabajo defender y justificar de forma coherente, su permanencia en un gobierno desde el que no pueden llevar a cabo las medidas del programa con el que se presentaron.
Si las trabajadoras somos las más afectadas por las actuales restricciones al aborto, no podemos quedarnos sentadas esperando. Más aún, cuando la realidad demuestra que los derechos reconocidos en las leyes bajo éste y todos los gobiernos, se quedan en el papel porque no tenemos condiciones para ejercerlos en la vida real. Tampoco podemos olvidar que bajo el capitalismo, cualquier conquista que las trabajadoras logremos arrancar, estará siempre amenazada. Es por todo eso que debemos organizarnos de forma específica y junto a nuestra clase ponernos a la cabeza para exigir: