El 29 de noviembre se celebrará una nueva edición de lo que algunos llaman la fiesta de la democracia.
Jordi Jaime Sanz
Una fiesta a la que, por cierto, no están invitadas las candidaturas de la izquierda revolucionaria: en la mayoría de ocasiones no puede presentarse por lo que cuesta conseguir los miles de avales que puede suponer concurrir a los comicios[1].
Además, las elecciones se darán como siempre en este régimen, bajo la ley d’Hondt que favorece a los partidos grandes pues rechaza la proporcionalidad en la atribución de los escaños en los resultados electorales que supondría la equivalencia de una persona, un voto; privilegio de los grandes partidos debido también a la barrera electoral, que impone una mínima proporción de votos para optar a representación.
Si a esto le añadimos que dicha atribución se hace bajo una distribución territorial que da una mayor proporción de escaños por número de votos a la población rural que a la población urbana, todo ello deja mucho que desear como talante democrático de los sufragios, pues beneficia a los partidos más votados sobre todo en el ámbito rural (normalmente más conservadores) y menos a los más votados en el ámbito urbano (normalmente más cercanos a la izquierda).
Pero la mayor dificultad para cambiar las cosas en interés de la clase trabajadora no se encuentra simplemente aquí, sino en el hecho de que la izquierda tiene pocas posibilidades de ser representada fielmente en el parlamento.
La lucha parlamentaria por el poder: la alternancia entre los sectores de la burguesía que la sostienen, pero no en la representación o no de los trabajadores
Efectivamente, el PSOE y sus partidos afines no han dejado de legislar durante décadas en favor de la burguesía, propiciando el terreno abonado para que cale el discurso de la derecha extrema y la extrema derecha entre la población trabajadora.
Las privatizaciones no han sido patrimonio exclusivo de la declarada derecha.
La colaboración público-privada, al querer mantener la titularidad privada de los servicios y recursos públicos privatizados, ha sido la forma más utilizada de la supuesta izquierda y la izquierda parlamentaria a los problemas sociales originados con la privatización del sector público.
Los partidos políticos y los grandes medios de comunicación se esfuerzan en hacer creer que las políticas de la derecha, de la extrema derecha y la supuesta izquierda son antagónicas, pero como demuestran los hechos, las unas llevan a las otras. Así, las políticas privatizadoras de la derecha llevan a las de colaboración público-privada de la izquierda parlamentaria, las cuales no las contradicen sino, como se puede entender, las complementan.
Todo ello lo facilita el sistema económico y el régimen que se asienta en el Estado español, el cual no permite tomar medidas de raíz para solucionar a corto plazo los problemas estructurales de la clase trabajadora generados por el capitalismo, sino que los cronifica para beneficio de la burguesía.
Ejemplo de ello lo encontramos en la vivienda cuando se aplican desgravaciones fiscales para supuestamente incrementar la oferta de los alquileres o se subvencionan con dinero público los alquileres en el mercado privado y los alquileres “sociales” en viviendas de titularidad privada, regando de esa manera con dinero de los trabajadores (dinero del Estado proveniente de sus impuestos) a los propietarios de dichas viviendas, solución que cronifica y enquista el problema de la vivienda lejos de resolverlo, pues dichos propietarios siguen manteniendo la titularidad privada de esas viviendas y ese dinero que va a parar a sus bolsillos se esfuma del erario público para crear vivienda pública[2].
Pero la implicación del régimen la vemos en el hecho de que no se adopten medidas estructurales de raíz contra dicho problema. Así, mientras que medidas que cronifican el problema y que se derivan del sistema económico, como las señaladas en el párrafo anterior, son permitidas constitucionalmente, las medidas de raíz que van a solucionar el problema de forma estructural son a menudo rechazadas por el régimen constitucional.
Así lo vemos en la cuestión de la vivienda pues, por ejemplo, una solución que resolvería el problema a corto plazo como es la expropiación de los pisos vacíos en manos de los grandes propietarios, sería difícilmente aplicable bajo ese régimen e impracticable a corto término pues requeriría como mínimo de un largo proceso judicial que estableciera el justiprecio en caso de que esos propietarios no estuvieran de acuerdo con dicha transacción de sus viviendas a manos públicas y con su precio indemnizatorio, ya que dicho proceso debería ejecutarse bajo la ley de expropiación forzosa franquista aún vigente a día de hoy en el Estado español, tal y como mandata la Constitución Española para los casos de expropiación (artículo 33.3 de la citada carta magna).
Pero el marco constitucional no es el único marco que impide la solución estructural a corto plazo de los problemas de la clase trabajadora: el marco de la legislación europea también labora en ese sentido y en incrementar los problemas a corto y a largo plazo de la clase trabajadora.
La Unión Europea facilita que la deuda privada y el coste de la expansión y mantenimiento de las grandes compañías se transforme en deuda pública, concediendo crédito a gobiernos y a bancos a bajo interés que sale de la contribución de todos sus ciudadanos (ver el caso del rescate bancario a partir de la quiebra de Lehman Brothers en 2008, de la expansión y mantenimiento de la tasa de ganancia de las grandes constructoras con las licitaciones de obra pública, de la transformación de la matriz productiva de las empresas en “ecológica” con dinero público, del rearmamento, etc.).
En ese sentido tanto gobiernos del PSOE, con o sin coalición de otros partidos parlamentarios de izquierda, como gobiernos del PP, han acudido al mecanismo de endeudamiento público para resolver los problemas que genera el capitalismo, también para beneficio de la banca.
Con esta clase de políticas no es de extrañar que la deuda pública española haya aumentado exponencialmente en términos absolutos año tras año pasando de 440.621 millones de euros en 2008 a 1.698.225 millones en 2025, es decir, un incremento del 285% en toda esta serie histórica, sentando ello las bases para una futura crisis de la deuda que se recortará, como ya ha sucedido, aplicando las tijeras allí donde no afecta a la tasa de ganancia de las grandes empresas, es decir, en servicios públicos, educación y sanidad pública, etc.
En esa tesitura se entenderá que votar a un lado del parlamento (el llamado de izquierdas) no solucionará nuestros problemas, aunque no se incrementen tanto como si gobierna la extrema derecha, pues ambos lados del parlamento están de acuerdo en que se pague con nuestros recursos a empresas y propiedades de la burguesía como solución a ellos.
Hay que apuntar pues que, tanto con las políticas de un lado del parlamento como con las políticas del otro, se acaba al final con el mismo resultado, beneficiando a la clase rica en detrimento de la clase trabajadora, sólo que por caminos diferentes, que es lo que sirve para aparentar y para que los medios de comunicación difundan que la supuesta izquierda y la derecha sirven a diferentes clases, ya que la colaboración público-privada suele beneficiar a algunas familias vulnerables, cosa utilizada como pretexto por la supuesta izquierda y la izquierda parlamentaria para adornar dicha colaboración de un falso progresismo, falso en tanto que dicha colaboración implica a la vez regar con fondos públicos las empresas y propiedades de la burguesía.
El meollo del asunto: ¿ofrecen alguna oportunidad real de parar a la extrema derecha las elecciones?
La burguesía jamás va a admitir de buenas pagar los platos rotos que su sistema provoca, no sólo por su coste, cada vez mayor, sino porque el hecho de que sea la clase trabajadora quien los paga le reporta aún mayores beneficios económicos al llevar a nuestra clase a una mayor división por el atraso en la conciencia que ello provoca.
Esto, no pagar el coste de los problemas que su sistema genera, es para ella una línea roja pues ello contribuye decisivamente a sustentar sus privilegios.
Por eso su medida estrella permanente es la reducción de los impuestos a la clase rica.
La clave de bóveda que permite a la clase burguesa sostener tanto a la derechona como a la supuesta izquierda en su teatro actual de alternancia ante los ojos de los trabajadores, que permite mantener intacto el régimen constitucional bipartidista que ha reinado casi sin variación hasta ahora pese a su probable cambio por la agudización de la crisis, las convulsiones sociales consiguientes y el intento de la burguesía de andar hacia un Estado más represivo, es un régimen fiscal regresivo que consiste en la baja imposición a la burguesía, que paga en torno al 12% de los impuestos que recauda hacienda en sus declaraciones del IRPF, y la alta imposición de las rentas del trabajo, que aportan en torno al 70% o incluso más a dicho impuesto (datos basados en la última infografía de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria para la serie histórica 2010-2024).
Es la clave de bóveda porque ello permite que cualquier medida destinada a paliar un problema social, ambiental, etc. generado por el capitalismo lo acabe pagando la clase trabajadora con sus impuestos pues es el Estado quien sufraga los costes de dicha solución a dicho problema. En ese sentido no nos olvidamos tampoco del IVA que mayoritariamente paga la clase trabajadora por su peso social en el consumo y que reafirma lo que acabamos de sustentar, pues el IVA y el IRPF suponen el 75% de los ingresos recaudados por el Estado.
Siendo así, ello permite eximir de responsabilidad a la burguesía en la creación de dichos problemas y a la vez, por lo que se ha explicado, redoblar su beneficio. La supuesta izquierda y la izquierda parlamentaria a la izquierda del PSOE no hace más que poner unos impuestos testimoniales a la clase rica que no sirven para atajar la regresividad fiscal. Es poco más que apariencia: lo que pierde por un lado la alta burguesía lo recupera por otro: lo recaudado por el impuesto a los pisos vacíos de los fondos de inversión o el gravamen temporal a las grandes fortunas se compensa con el régimen fiscal de las SOCIMI (sociedades de inversión vinculadas al sector inmobiliario), exentas de tributar en el impuesto de sociedades si entran en el régimen fiscal de la ley 11/2009.
Ahora bien, pese a todo lo dicho hasta aquí, no vamos a reprochar a nadie que vote a la supuesta izquierda o a la izquierda parlamentaria pensando que esa es la manera de parar la derecha rancia y a la extrema derecha; puede ser una manera desagradable de parar el golpe en primera instancia, pero nuestro deber es advertir, para que nadie se lleve desengaños, que votar a la llamada “izquierda” en las Cortes y/o al Senado es como si uno viviera en una casa de madera y para refugiarse del frío se dedicara a quemar sus paredes: a corto plazo eso le serviría quizá para mitigarlo, pero al mismo tiempo el frío iría creciendo en sus carnes y penetrando con más fuerza pues habría quemado aquello que le permite refugiarse del frío: la casa (en nuestro caso, los servicios públicos).
Es así de triste: la solución que nos proponen estas elecciones al problema del ascenso de la extrema derecha al poder, esto es, el voto “útil”, supone ni más ni menos que destinar el voto a beneficiar a aquella parte que con sus políticas abona el terreno para su triunfo.
Pero la falta de alternancia, en términos de clase, en la representatividad del parlamento afecta a la clase trabajadora mucho más que eso. Dicha falta de alternancia, sin un referente de clase nacido al calor de la crisis de la socialdemocracia, hace que muchos trabajadores y trabajadoras pierdan confianza en los partidos parlamentarios supuestamente de izquierdas y los discursos y prejuicios xenófobos y racistas de la extrema derecha se cuelen en las filas de la clase obrera para goce de la burguesía, que ve con ello una mayor desunión de la clase trabajadora. Ese retroceso aún mayor en la conciencia trae como consecuencia una lucha fratricida dentro de nuestra clase, que exime de culpa también a la clase rica en la generación de los problemas sociales.
En el caso de la cuestión de la migración lo vemos detalladamente.
Si se retrasa la edad de jubilación, tal y como hizo el gobierno del PSOE de Zapatero, si no se reduce la jornada laboral lo suficientemente a lo que comporta la progresividad tecnológica en los medios de producción sin reducir el salario, se crea, tanto por activa como por pasiva, un problema social para la clase trabajadora: el paro.
Con esta clase de políticas a favor de la burguesía (la jubilación a una edad más tardía) o de falta de políticas que atenten contra ella (reducción suficiente de la jornada laboral sin reducir el salario), la extrema derecha se sirve del fenómeno social generado por ellas o por falta de ellas, el paro, para acusar a la migración de la falta de empleo entre la población “autóctona”, pues no se ha hecho nada para absorber el paro existente en el Estado español previo a dicha migración; es más, se ha incrementado ese problema achacándolo luego a los migrantes como chivo expiatorio.
Si por otro lado la presión migratoria es en gran parte expresión de más de un siglo de expoliación de los países pobres por parte del imperialismo occidental y de sus empresas, y la pobreza de su población también es atribuible a las dictaduras y regímenes de esos países aliados a dicho imperialismo, los empresarios encuentran más vulnerables a unos trabajadores y trabajadoras que, de forma imperativa, han de enviar unas remesas para el sostenimiento de sus familias en dichos países.
Si además a todo ello añadimos la regresividad fiscal en nuestro país y que algunas medidas de colaboración público-privada en nuestro país favorecen a algunas familias y personas migrantes a partir de los impuestos de trabajadores, tanto migrantes como no migrantes, en el Estado español, impuestos que, como señalábamos antes, deberían ser pagados por la burguesía pues es ella la responsable de que las personas pobres se vean forzadas a migrar, tenemos el caldo de cultivo perfecto para que la extrema derecha acuse equivocadamente a esas personas (para eximir de culpa de todo mal al gran capital) de estar aprovechándose de unas prestaciones y recursos pagados con dinero de los trabajadores españoles, cuando es sabido que, en conjunto, los migrantes contribuyen al Estado “del bienestar” más de lo que de él consumen[3].
Por lo tanto, las medidas y la inacción de la supuesta izquierda e izquierda parlamentaria, al no convertir esa regresividad en progresividad fiscal, en retrasar la edad de jubilación, en no rebajar suficientemente la jornada laboral (sin reducción salarial) proporcionalmente a lo que evoluciona la tecnología, etc., al no cuestionar, en definitiva, para su beneficio electoralista, el régimen ni el sistema económico en el que está basado, es responsable directo del auge de la extrema derecha pues solo con medidas como las que hemos dicho fenómenos como el paro, el coste de la integración de las personas migrantes, etc. dejarían de tener el contenido lesivo para la clase trabajadora que ahora se les atribuye, pues dicho coste lo asumiría, como sería de justicia, la clase que genera dicho problema y dicho coste, esto es, la gran burguesía.
La izquierda parlamentaria a la izquierda del PSOE dirá que eso no habría ocurrido si ellos ganaran las elecciones y gobernaran en solitario, pero lo cierto es que cuando han tenido ocasión de gobernar en los municipios y en las comunidades autónomas han acabado adoptando la misma clase de políticas que su referente inmediatamente a la derecha.
Sin embargo, si votar a esos partidos (como PSOE, ERC, SUMAR, etc.) no solucionará nuestros problemas y en cambio preparará el terreno para un triunfo de la extrema derecha, pero, por otro lado, dejar de votarlos puede hacer que la extrema derecha pase a gobernar el país después del 29N, aunque sea de manos del PP, ¿cuál es la solución a esta encrucijada?
La solución real al ascenso de la derecha y la extrema derecha: la organización y movilización independiente de la clase trabajadora
Los partidos políticos parlamentarios de izquierda y los grandes medios de comunicación ponen interesadamente el foco en las elecciones como única solución al ascenso de la extrema derecha, pero como se ha señalado, el Congreso y el Senado, con esa clase de partidos políticos, no van a resolver los problemas de la clase trabajadora y con ello el ascenso de la derecha y la extrema derecha parece inevitable. La solución a esos problemas y, por lo tanto, el freno al ascenso de la derecha y la extrema derecha tiene pues que venir al margen de esos partidos y de las organizaciones vinculadas a ellos (sindicatos reformistas, etc.). Por lo tanto, se hace necesaria la organización y movilización independiente de la clase trabajadora.
Solo con una gran movilización independiente y sostenida de la clase trabajadora los partidos políticos se verán presionados a implementar medidas que, por cálculo electoral o por ser “la voz de su amo”, no se atreven a llevar a cabo. La burguesía solo cede cuando ve que no ceder hace peligrar su situación de privilegio, y solo se cambia de composición en el parlamento de una forma progresiva debido a dicha clase de movilización.
Solo con una organización y movilización independiente y sostenida de nuestra clase se podrán crear los organismos de clase de doble poder que permitan superar a la larga el parlamentarismo que, como hemos visto, nos lleva a un callejón sin salida.
Pero con eso no basta: necesitamos también que las direcciones de esas movilizaciones independientes de la clase trabajadora no capitulen ante los partidos reformistas que nos han llevado hasta esta situación, pues necesitamos que efectivamente dicha movilización implique la implementación de un programa de transición de la situación actual a la dominación efectiva de nuestra clase, que abra las puertas a la verdadera toma del poder por ella.
Necesitamos que se aplique una progresividad fiscal real, una reducción de jornada sustancial sin reducción salarial, etc. para parar los pies a la extrema derecha, y que dichas direcciones no canalicen el descontento y la movilización a un programa electoral de un partido reformista a través del parlamento (como ocurrió con el 15M y el proceso de Podemos), pues eso solo provocaría la bancarrota del movimiento y de las reivindicaciones necesarias para frenar a esa derecha reaccionaria, tal y como hemos visto a lo largo de estos años.
No te pedimos pues que dejes de votar, te pedimos que te organices en favor de la clase trabajadora.
La lucha independiente de los diferentes colectivos (como los profesores en Catalunya y los demás docentes del Estado español más allá de las siglas bajo las que se han presentado, o de los acampados y acampadas estos días en diferentes localidades del Estado español en favor del derecho a la vivienda) han demostrado que los problemas solo se plantean en toda su globalidad y su dimensión real con la movilización independiente de la clase trabajadora.
Los partidos revolucionarios estaremos al servicio de esa organización y movilización, la única capaz de frenar a la derecha y de parar los pies definitiva y efectivamente a la extrema derecha.
[1]Según la instrucción 7/2011 de la Junta Electoral Central, para concurrir a las elecciones generales los partidos políticos que no hayan obtenido antes representación necesitan al menos las firmas de apoyo del 0,1% de la población inscrita en el censo electoral de la circunscripción por la que se pretenda la elección, y el 1% si se trata de agrupaciones electorales. Artículo 169.3 de la LOREG.
[2]En ese sentido, el presidente de la Generalitat de Catalunya, en manos del PSC (sección del PSOE en Catalunya), ha anunciado recientemente que se prevé destinar 1.000 millones de euros para la rehabilitación de las viviendas de propietarios que las pongan en alquiler, así como para el alquiler de las mismas (a razón de 12.000 euros por vivienda rehabilitada y 600 euros al mes para cada vivienda en alquiler, aparte de lo que paguen sus inquilinos). Como se puede observar, con ese dinero público se podrían comprar 5.000 viviendas al menos, sin necesidad de construirlas, a razón de 200.000 euros la vivienda por tanteo y retracto, incrementando de forma sustancial el parque de vivienda pública en Catalunya, pero el PSC prefiere dárselo a los propietarios privados de vivienda (y al parecer también regar con dinero de la administración a constructoras y promotoras privadas ante la escasez de vivienda pública). ¿Esta es la manera de solucionar el problema social de acceso a la vivienda? ¿Dónde queda en el programa del partido socialista la consigna de no favorecer a los rentistas especuladores?
[3]Fuente: Los inmigrantes aportan más de lo que reciben, artículo aparecido en la página web de Diario.es (Piedras de Papel) el 19/12/2020. https://share.google/Po8A6XfRoratT4S46
