Recortes, privatizaciones y beneficios empresariales. Las preguntas que nadie en el gobierno quiere responder y un periódico para construir las respuestas entre todos.

Por: Corriente Roja

Los y las docentes de Catalunya llevan semanas movilizados. Las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio (SAD) de Alcalá del Río sostienen un conflicto que dura meses. El personal sanitario, las trabajadoras del sector social, los y las empleadas públicas de todo el Estado acumulan años de recortes, salarios congelados y servicios degradados. Estas luchas existen. Son reales. Y merecen algo más que solidaridad desde la distancia.

Por eso lanzamos esta campaña, y con ella el próximo número del Página Roja, una campaña con y desde los sectores en lucha. No como espectadores que informan sobre lo que hacen otros, sino como una herramienta para que esas luchas se conozcan, se conecten y se fortalezcan. Un instrumento para que trabajadores/as, estudiantes y pensionistas entiendan que la defensa de los servicios públicos no es el problema de quienes trabajan en ellos: es la lucha de toda la clase.

Pero apoyo inmediato y solidaridad no bastan. Las luchas de hoy necesitan también respuestas estratégicas. ¿Qué programa hace falta para rescatar de verdad los servicios públicos? ¿Quién debe tener el poder para aplicarlo? ¿Qué tipo de sociedad necesitamos para que lo conquistado no vuelva a perderse en la próxima crisis? Son las preguntas que la izquierda institucional lleva años evitando. Son las preguntas que este periódico quiere poner sobre la mesa — no para darles una respuesta desde arriba, sino para construirla colectivamente, a partir de las experiencias y las lecciones de quienes están luchando.

Gobierne quien gobierne, la tendencia es la misma: menos recursos para lo público, más negocio para lo privado. No es un problema de gestión ni de falta de dinero. Es una elección política. Y hay que llamarla por su nombre.

Un sector en lucha, una lucha de todos

El sector público concentra hoy más huelgas que en ningún otro ámbito de la economía española. El personal docente y educativo de Catalunya lleva veinte años con el salario congelado y ha respondido con una movilización histórica. Las trabajadoras de ayuda a domicilio de Alcalá del Río luchan contra una privatización impuesta por el propio ayuntamiento. Enfermeras, trabajadoras del sector social y empleados de servicios básicos se organizan en todo el Estado.

Estos conflictos tienen una raíz común: desde 2010, los trabajadores y trabajadoras del sector público han perdido un 20% de poder adquisitivo. Cerca de un millón de los 3,6 millones de empleados públicos trabajan con contratos temporales —el triple de la tasa permitida por la Unión Europea— y el 70% de esa precariedad la soportan las mujeres, concentradas en sanidad y educación. Las privatizaciones y externalizaciones siguen avanzando, regalando dinero publico a grandes empresas, y recortando derechos laborales de los trabajadores.

Pero lo que está en juego no afecta solo a quienes trabajan en lo público. Cuando se degrada un hospital, quien lo sufre es el trabajador/a que no puede pagarse la privada y sufre interminables listas de espera. Cuando se masifica un aula, quien lo paga es la familia y los y las estudiantes que no reciben una educación de calidad. Cuando se privatiza un servicio de cuidados, quien carga con el trabajo es, de nuevo, una mujer. La defensa de unos servicios que sean 100% públicos, concebidos como un derecho y no como un negocio, es la defensa de las condiciones de vida de toda la clase trabajadora, del estudiantado, que los necesitan para formarse y de los y las pensionistas que los necesitan para vivir. No es un sector en lucha: es una lucha de todos y todas.

No hay falta de dinero. Hay elección de clase

Cuando se recorta un hospital o se externaliza un servicio social, el argumento siempre es: «no hay dinero». Es mentira.

La riqueza existe, pero está concentrada en muy pocas manos. Según la Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España, el 10% más rico acumula el 52,9% de toda la riqueza del país. El 1% más rico controla el 21,6%. No siempre fue así: a principios de siglo ese 1% tenía el 13%. En dos décadas, su parte ha crecido un 66%.[1]

Y sin embargo, son los y las trabajadoras quienes sostienen la hacienda pública. Según la OCDE, un trabajador/a con sueldo medio en España pagó en 2023 el 22,1% de su sueldo en impuestos entre IRPF y cotizaciones sociales.[2] Las grandes empresas pagan mucho menos. Las 142 empresas con más de 5.000 trabajadores abonaron a Hacienda por el Impuesto sobre Sociedades el equivalente al 3,12% de sus beneficios, según datos de la Agencia Tributaria.[3] Esas mismas empresas del IBEX cerraron 2024 con un beneficio récord de más de 58.000 millones de euros, un 25% más que el año anterior.[4]

Y buena parte del dinero público que sí llega a los servicios no va a mejorar la atención: va a empresas privadas. El gasto privado representa ya el 25,9% del total sanitario, tras crecer un 50% entre 2003 y 2022.[5] Las grandes beneficiarias son empresas como Quirón o CLECE en residencias, y Ferrovial o ACS en gestión de servicios urbanos, las mismas que cotizan en el IBEX con beneficios récord. La privatización no es un error de gestión: es el negocio. Cada euro externalizado deja de ir a plantillas y atención directa, y se convierte en argumento para el siguiente recorte. Mientras tanto vemos si hay dinero para aumentar el gasto en defensa, enriqueciendo a la industria armamentística.

El dinero está. Lo que falta es voluntad política para que quienes más tienen paguen en consecuencia, y para que lo público deje de ser una fuente de negocio privado.

En Catalunya, el Govern del PSC —avalado por el PSOE— se niega a negociar con un profesorado que lleva veinte años con el salario congelado. En Madrid, Ayuso lidera las privatizaciones sanitarias más agresivas del Estado. Y en Alcalá del Río, las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio no luchan contra la derecha: luchan contra un ayuntamiento de Izquierda Unida que ha privatizado su servicio. Distintos colores, misma lógica.

La privatización no es solo patrimonio de la derecha: es la respuesta estructural del capitalismo a esta crisis. Cualquier gobierno que acepte gestionar este sistema dentro de sus reglas acaba aplicándolas, antes o después. Las grandes privatizaciones empezaron con el gobierno de Felipe Gonzalez, Los recortes los aplicó Zapatero. La ley que los blindó la impulsó Montoro con apoyo socialista. Los gobiernos progresistas que vinieron después dejaron intactas las privatizaciones heredadas. El problema no es la mala voluntad de unos u otros: es que sin cambiar quién manda y para quién, el ciclo se repite.

Hay quienes prefieren otra explicación: la culpa es de los inmigrantes, que colapsan los hospitales y llenan las aulas. Es el argumento de la “prioridad nacional”, y es una mentira útil. Los servicios no se degradan porque llegue más gente: se degradan porque llevan años sin inversión, con plantillas recortadas y servicios externalizados a empresas que facturan con dinero público. La “prioridad nacional” desvía la mirada hacia abajo —hacia el trabajador/a migrante que comparte tu situación— para que no la dirijas hacia arriba, hacia Quirón, CLECE, Ferrovial o ACS. Frente a la prioridad nacional, la prioridad de los y las trabajadoras: todo aquel/aquella que vive de su trabajo, con independencia de su origen, tienen el mismo interés en defender lo público.

Por qué lanzamos esta campaña

Las preguntas que plantea la situación actual no tienen respuesta dentro del sistema. Rescatar lo público de verdad exige estatalizar la energía, crear un parque público de vivienda, remunicipalizar los servicios externalizados, hacer tributar a las grandes empresas en proporción a sus beneficios. Ningún gobierno que gestione este sistema dentro de sus reglas lo hará: la experiencia lo demuestra, gobierne quien gobierne. Hace falta un programa de fondo y trabajadores organizados para aplicarlo. Por eso lanzamos esta campaña para dar voz los sectores en lucha, las entrevistas a docentes, trabajadoras de Alcalá del Río, personal sanitario y sector social son la base para construir colectivamente las respuestas.

Los servicios públicos son nuestros porque los pagamos entre todas y todos. Defenderlos no es la tarea de un sector: es la lucha del conjunto de la clase trabajadora. Súmate.

[1] Banco de España, Encuesta Financiera de las Familias (EFF) 2022, publicada en 2024. Disponible en: https://www.bde.es/bde/es/areas/estadis/estadisticas-por/encuestas-hogar/Encuesta_Financier.html

[2] OCDE, Taxing Wages 2024. Tipo efectivo medio para trabajador soltero con salario medio en España: 22,1% (IRPF + cotizaciones). Disponible en: https://www.oecd.org/tax/taxing-wages-20725124.htm

[3] Agencia Tributaria, Estadística del Impuesto sobre Sociedades 2021. Las 142 empresas con más de 5.000 trabajadores tributaron al 3,12% sobre beneficios. Disponible en: https://sede.agenciatributaria.gob.es

[4] Resultados empresas IBEX 35, ejercicio 2024. Beneficio neto agregado: entre 58.220 y 60.471 millones de euros según fuente. Fuentes: El Economista (1 mar. 2025) y Diario Socialista (1 mar. 2025).

[5] Fundación BBVA / FBBVA, Esenciales 2/2025: Gasto en salud de los hogares españoles. El gasto privado supone el 25,9% del total sanitario, con un crecimiento del 50% entre 2003 y 2022. Disponible en: https://www.fbbva.es/noticias/aumenta-gasto-privado-salud-espana-esenciales-2-2025/

Imagen: Información Obrera