1/ Los/las trabajadores/as de la educación pública nos encontramos ante un momento histórico marcado por la incipiente recuperación, después de muchos años, de las grandes movilizaciones del sector público, así como el cuestionamiento del sindicalismo burocrático y del sistema neoliberal, que segrega y privatiza la educación pública, y la apuesta por la organización democrática de los/las trabajadores/as.
Por: Corriente Roja
2/ Después de un curso marcado fundamentalmente por la huelga indefinida de los/las docentes del País Valencià y por el ciclo de huelgas y movilizaciones de los/las docentes de Catalunya, en unas pocas semanas empezará un nuevo curso escolar. Pero este curso no empezará con normalidad. En Catalunya, la Asamblea Educativa Catalana (AEC), junto con la USTEC, CGT, Intersindical, CNT y COS han convocado una nueva jornada de huelga educativa para 8 de septiembre, el primer día lectivo, ante la ausencia de respuestas del gobierno de Salvador Illa frente a la emergencia educativa. La Coordinadora d’Assemblees Docents del País Valencià (CADPV) advirtió que si no hay avances significativos en las negociaciones retomarán las movilizaciones en septiembre, coincidiendo con el inicio de curso. En Madrid, la Asamblea Unitaria de Docentes (AUD), reunida el pasado 25 de junio, resolvió arrancar una huelga indefinida en la enseñanza pública madrileña a partir del 14 de octubre. En Andalucía, Más de 30 organizaciones sindicales acordaron una hoja de ruta para hacer frente a la infrafinanciación y la progresiva mercantilización y privatización del sistema educativo público andaluz que empiece con una huelga del sector el 11 de noviembre.
3/ El malestar acumulado en el sector educativo descansa en base a unas condiciones laborales que han ido empeorando año tras año, sumadas a los recortes a los servicios públicos que han gestado una crisis educativa de grandes magnitudes. Por ello no es de extrañar que las principales reivindicaciones del sector educativo sean muy parecidas en todas las Comunidades Autónomas: El problema de las ratios, que masifican las aulas e impiden ofrecer una atención de calidad al alumnado, la falta de recursos e infraestructuras derivada de la infrafinanciación, que precariza las condiciones de trabajo y estudio, la falta de personal y la externalización de un sector de trabajadores/as educativos/as, los salarios congelados y la burocracia asfixiante. Además, en los últimos años, hemos tenido que tragar con el control burocrático de los centros educativos; la privatización encubierta de la educación, la financiación en la escuela concertada o la división de las trabajadoras en diferentes categorías con condiciones laborales diferentes, entre otros.
4/ El gobierno Sánchez, ya desde el otoño de 2025, viene intentando apaciguar los ánimos del sector con un irrisorio proyecto de ley para reformar las ratios del alumnado y fijar por ley el horario lectivo del profesorado (23 horas en Primaria y 18 en Secundaria/Bachillerato). No obstante, dicha ley, que se prevé que entre en vigor el curso escolar 2027-2028, no tendrá efecto en muchas autonomías como Catalunya, que ya están aplicando las cifras que ahora establece el Ministerio de Educación.
5/ El ejecutivo de Sánchez pretende que este proyecto de ley sea la primera pata de un futuro Estatuto Docente, del que ya existe un borrador y que, bajo la apariencia de una mejora profesional, abre la puerta a una carrera docente basada en la evaluación constante, la competitividad y la lógica meritocrática neoliberal.
6/ De cualquier forma, en las próximas elecciones generales -que no pasarán de este curso – nos vamos a encontrar, probablemente, con la derecha y la ultraderecha en el gobierno central (además de los gobiernos autonómicos PP-VOX) que lanzarán una ofensiva importante contra los derechos económicos, sociales y las libertades políticas. Un avance de lo que nos espera es la nueva ley del gobierno valenciano de Pérez Llorca que reforma del papel de la Inspección Educativa para incorporar funciones de vigilancia de una supuesta “neutralidad ideológica”, habilitando mecanismos de denuncia contra los/las trabajadores/as educativos. Algo muy similar sucedió en Catalunya en 2018 cuando, bajo el 155 aplicado por el gobierno de Rajoy, la fiscalía formalizó la denuncia contra docentes del Institut El Palau de Sant Andreu de la Barca por cuestionar la actuación policial represiva contra el pueblo catalán que luchaba por su autodeterminación. Recordemos que desde 2020 el gobierno del PP en Murcia con el apoyo de VOX está aplicando el pin parental, que garantiza la “libertad” de las familias para dar permiso a los/las jóvenes a asistir (o no) a aquellas actividades que la derecha neofranquista considera moralmente controvertidas, como la educación sexual y en valores de igualdad y diversidad.
7/ La educación pública en todo el Estado español necesita cambios estructurales en el ámbito de la inclusión, las ratios, la burocracia y los recursos, lo cual se traduce en un aumento urgente del gasto público en educación, sin el cual no se puede defender una escuela pública verdaderamente de calidad.
8/ La extensión por todo el estado de las movilizaciones de los/as trabajadores/as educativos/es es una excelente noticia, pues nos une un malestar común. En este sentido debemos trabajar para coordinar los distintos ciclos de movilización educativa y extenderlos a otras comunidades autónomas como Aragón, que este curso protagonizó dos grandes huelgas contra la concertación del Bachillerato y la privatización de la FP, y confluir en una jornada de lucha estatal.
9/ No obstante, si algo nos ha enseñado el proceso de lucha del profesorado catalán es que no hay coordinación posible por arriba sin autoorganización democrática por abajo. Ni la tabla de reivindicaciones, ni la hoja de ruta ni la decisión de qué acuerdos aceptar y cuáles no se puede decretar ni pueden ser decididos por las direcciones sindicales ni por pequeños grupos de coordinación que no representen el masivo movimiento de lucha. Buena parte del éxito de las movilizaciones del País Valencià y Catalunya reside en las asambleas que se han ido organizando y extendiendo centro a centro, municipio a municipio y comarca a comarca. Esto no es un simple fetiche organizativo, pues en realidad las asambleas permiten al conjunto de trabajadores/as involucrarse en la lucha y las movilizaciones, así como también recoger directamente sus opiniones y necesidades. Son espacios de base democráticos en los que se materializa la unidad de todos los sectores en lucha que la administración y las estructuras de representación sindical les niegan y en los que los/las representantes están sometidos al control del colectivo y pueden ser revocados en cualquier momento.
10/ Estas asambleas deben jugar un rol fundamental para hacer frente a la burocracia sindical y subordinar los sindicatos a las decisiones del conjunto de los/las trabajadores/as. Dichos sindicatos deben tener un lugar en la estructura organizativa e, incluso, en las negociaciones, pero definitivamente ninguna potestad decisoria, pues esta pertenece exclusivamente al conjunto de trabajadores/as organizados/as.
11/ La CGT, como sindicato estatal, puede y debe aparecer como el sindicato más firme en la defensa de las asambleas del personal educativo. No estamos hablando de un respeto formal a las asambleas sino de contribuir a masificarlas, respetar sus ritmos y decisiones y no sumarse a las maniobras burocráticas que han gobernado las decisiones de otros sindicatos como CCOO, UGT, CSIF y sus variantes autonómicas.
12/ Asimismo, es fundamental tejer la unidad de los/las docentes de todos los niveles educativos con el resto de personal educativo, como el PAS o el PAE, pero también con las asociaciones de familias. Cuanto más fuertes sean las movilizaciones en defensa de la educación pública, más forzado se verá el gobierno de turno a sentarse a negociar y satisfacer nuestras reivindicaciones. No es casualidad que la burocracia de CCOO en Madrid impusiera su línea en la AUD, dejando fuera de la convocatoria de huelga a las trabajadoras del 0-3 después de firmar junto con CSIF, CSIT y UGT un acuerdo vergonzoso con la Comunidad de Madrid. Algo parecido sucedió en Catalunya, cuando los/as trabajadores/as del PAS y el PAE fueron llamados/as a distintas jornadas de huelga, pero se les negó el derecho a participar en la consulta telemática organizada por CGT, USTEC, Intersindical y la COS para decidir sobre el pre-acuerdo alcanzado por USTEC y ASPEPC.
13/ Por otra parte, para poder fortalecer la lucha por la educación pública se hace imprescindible la entrada en escena del movimiento estudiantil. Su participación es fundamental para construir un sistema educativo de calidad, pues las necesidades de los diferentes sectores de la comunidad educativa están íntimamente ligadas (mejores condiciones para la docencia y para el aprendizaje). Desgraciadamente, en los últimos años ha faltado voluntad en buena parte de las organizaciones estudiantiles para movilizar con fuerza en institutos y universidades contra las políticas educativas del gobierno central, siguiendo la lógica de que enfrentar al gobierno PSOE-Sumar sería hacerle el juego a la derecha. Sin embargo, cuando los/las estudiantes han sido convocados/as al 8M o en defensa de Palestina sí han ido a la huelga y se han movilizado. Ahora se trata de trabajar para incorporar al movimiento estudiantil a la lucha en defensa de la educación pública de calidad que ha iniciado el profesorado. Esta entrada, sin duda, ayudaría a fortalecer, extender, masificar y radicalizar el proceso. Es preciso estrechar lazos entre los diferentes sectores. Esta tarea debe ser asumida por las organizaciones estudiantiles y sindicales; y deben participar también los/as propios/as docentes en el día a día en las aulas.
14/ La lucha por una educación pública y de calidad es parte de la exigencia al gobierno central y a los gobiernos autonómicos de un plan de rescate de lo público para aumentar los recursos. Los servicios públicos esenciales, como la educación, la sanidad o el transporte, han sido atacados y desmantelados por los distintos gobiernos del PSOE y del PP. Estamos hablando de un ataque al salario directo de los/las trabajadores/as del sector público y al conjunto de la clase trabajadora que los paga con sus impuestos. En esta batalla necesitaremos ganar al conjunto de la clase trabajadora para defender las demandas del sector, buscando su apoyo inestimable, y crear un gran movimiento masivo en defensa de los servicios públicos. Es imprescindible que las asociaciones de familias se sumen a las movilizaciones y que los sindicatos ayuden a organizar activamente la solidaridad entre trabajadores/as, poniendo sus delegados/as sindicales al servicio de esta tarea y llamando a los comités de empresa y secciones sindicales a votar mociones de apoyo.
15/ Corriente Roja apoyamos las movilizaciones de los/las trabajadores/as educativos y sus justas demandas en la defensa de una educación pública y de calidad. Creemos que las riendas de esta lucha deben ser del conjunto de la comunidad educativa organizada. Además, defendemos el fin de las privatizaciones y la externalización de trabajadores/as y acabar con el negocio educativo mediante la expropiación de las escuelas privadas y concertadas y su incorporación a una única red pública; que las empresas que se lucran con la actividad educativa pasen a estar bajo control de quienes trabajan en ellas, así como también la creación de un cuerpo único de trabajadores/as educativos que acabe con las desigualdades entre trabajadores/as de distintas categorías. Es necesaria una inyección urgente de financiación para aumentar los recursos materiales y humanos en educación. En los centros educativos en los que estemos impulsaremos resueltamente la autoorganización independiente y democrática de los/las trabajadores/as como única garantía para que sean los/las trabajadores/as mismos/as quienes decidan el rumbo de la lucha y los próximos pasos a seguir.
16/ Este proceso plantea un problema que trasciende a la lucha por tal o cual mejora laboral. En primer lugar, porque dentro del sistema capitalista, nada garantiza que las victorias sean duraderas, al contrario, en cada crisis, la burguesía, a través de sus gobiernos, las atacan en nombre del déficit público, alegando que no hay recursos o que estos son ineficientes. Y, en segundo lugar, porque la destrucción de los servicios públicos no es simplemente el resultado de la mala gestión de uno u otro gobierno. Es consecuencia de una sociedad en la que las necesidades de la mayoría están subordinadas a los intereses de quienes poseen y controlan los medios de producción, apropiación y distribución de la riqueza. Por eso, gobierno tras gobierno, incluso los que se presentan como defensores de lo público, terminan aceptando los límites impuestos por el propio sistema, recortando, privatizando, externalizando y favoreciendo el negocio concertado y privado mientras se exige a los/as trabajadores/as que hagamos cada vez más con menos recursos.
17/ La izquierda reformista, que vive del parlamentarismo y en él deposita todas sus aspiraciones, puede denunciar estas políticas e impulsar determinadas mejoras, pero mientras acepte que las grandes decisiones permanezcan en manos de los propietarios de las grandes empresas y multinacionales, acabará chocando con los mismos límites. Las demandas que nosotros/as defendemos, imprescindibles para garantizar unos servicios públicos al servicio de las necesidades sociales, no las realizará ningún gobierno del PSOE-SUMAR, mucho menos un gobierno de PP-VOX que, a pesar de todas sus diferencias, ambos garantizarían que las grandes empresas continúen lucrándose de la miseria de los/las trabajadores/as.
18/ Por ello necesitamos fortalecer una alternativa que tenga claro que no basta con presionar a los gobiernos para que gobiernen de otra manera; que reúna a los sectores más conscientes y combativos de la clase trabajadora, promoviendo la organización democrática del movimiento de masas y su generalización y que haga posible que este movimiento organizado acabe tomando el poder en sus manos, sin delegarlo a nadie, para comenzar a construir una sociedad socialista trabajando por extender la revolución por toda Europa y el mundo. Es una tarea difícil pero necesaria para quienes creemos que transformar el mundo es posible.
