Acuerdo de la Administración pública: Ni empleo, ni derechos

Después de años de destrucción de puestos de trabajo, rebajas de salarios, perdida de derechos y desmantelamiento sistemático de los servicios públicos en todas las administraciones públicas, desde los servicios sociales pasando por el transporte colectivo (RENFE), correos, enseñanza, sanidad…, CCOO, UGT y CSI-F han firmado un Acuerdo para la “mejora” del empleo público en la Administración.

Por Corriente Roja

Una propaganda que falsea la realidad y encubre miles de puestos de trabajo perdidos

Como vienen denunciando diversas organizaciones sindicales (SAGAP;COBAS;CUT….), más allá de toda la propaganda mediática, en rigor, el acuerdo lo único que recoge es una imprecisa oferta de empleo público (OPE) y otra, más imprecisa aún, tasa de 100% de reposición en sectores prioritarios para el 2017, todo eso “respetando los límites y reglas de gastos establecidos” . Eso que están vendiendo como ”una gran medida”, no es más que, en el mejor de los casos, sacar a OPE las jubilaciones del año pasado, lo que supone una renuncia expresa a recuperar las plazas perdidas desde el inicio de la crisis, y seguir sin reponer, es decir perdiendo, el 50% de las plazas en los sectores, según ellos, no prioritarios.

Con respecto a la reducción de la temporalidad, plantean hacer “fijos” a unas 250.000 plazas que, ellos calculan, reducirán la temporalidad en un 90% dejándola en un 8%. Pero según uno de los sindicatos firmantes, la temporalidad en las administraciones afecta alrededor de 700,000 puestos. Estas plazas llevan en su mayoría ocupadas durante años, porque la Administración incumple sus propias normas y leyes, permitiendo que miles de puestos de trabajo estén en fraude de ley y durante estos años, además, no convocó OPEs adecuadas a la realidad que se vive dentro de la Administración. Esto le permite adelgazar la plantilla a su antojo, tener al personal de la zeca a la meca, robándoles derechos años tras años; así puede reducir el déficit público, y “mejorar la economía” a costa de los y las trabajadoras de la Administración.

Ahora con la connivencia de las direcciones sindicales firmantes del pacto, el Gobierno falsea las cifras de temporalidad, intenta lavarse la cara ante la opinión pública, argumentando que la situación de precariedad y recortes así como el deterioro de los servicios públicos, no es tal como la denuncian los trabajadores/as organizadas en Mareas, Marchas,… , que están hartos: son ellos los que han garantizado, muchas veces a costa de su propia salud, que el sistema público no se haya derrumbado.

El Pacto, contra lo que se pretende vender mediáticamente, no garantiza a centenares de miles de trabajadores/as, ni la conversión de interinos a fijos, ni su consolidación. ¡Todos y todas tendrán que pasar por una oposición y al final no saben si podrán continuar en su plaza después de llevar en muchos casos más de 20 años trabajando para la Administración! La única forma de que este pacto fuera en beneficio de los y las trabajadoras, y así poder prestar un buen servicio público que todas y todos pagamos con nuestros impuestos es que todo el personal temporal pasara a fijo como determina la ley.

El pacto firmado, además, ahonda en la movilidad geográfica y funcional, así como en la continua pérdida de poder adquisitivo de los salarios.

Es obvio que con este Acuerdo, el Gobierno y las Centrales Sindicales firmantes, pretenden ratificar los retrocesos del “ERE encubierto” que a lo largo de todos estos años de crisis, desde el gobierno de ZP hasta los actuales, se han venido aplicando, a mayor gloria de las privatizaciones y desmantelamiento de las conquistas sociales llamadas “Estado del Bienestar”.

Un Pacto Social entre el Gobierno y burocracia sindical para sostenerse mutuamente

“La recuperación ha comenzado”; ahora hay que estabilizar los datos económicos, haciendo las “reformas estructurales” que faltan. Pero es un gobierno en minoría en el Parlamento, que no puede hacer como hasta ahora, gobernar a golpe de decreto; sino que precisa del “diálogo”, del “pacto”, para sacar adelante sus medidas. Por eso este pacto es, según el Ministro Montoro, “una importante contribución a la completa recuperación económica del país”.

Está claro que el gobierno necesita despejar el peligro de ver las calles con protestas sociales y necesitaba un balón de oxígeno después de las sentencias de Estrasburgo y Vigo, al equiparar los derechos de los trabajadores/as de la Administración a los de la privada, con la cascada de demandas contra la Administración, que está obligando a pagar millones de euros en indemnizaciones por despidos, que se habían ahorrado durante todos estos años y las posibles demandas futuras.

Por eso Rajoy apela al Pacto social, a recuperar una suerte de nuevos Pactos de la Moncloa, mientras da pasos en el mismo sentido manteniendo los Pactos de Toledo (para las pensiones), ahora el de la Administración Pública y prosigue con el laborioso intento del Pacto por la educación. Son los Pactos que las reformas estructurales que la Unión Europea y el FMI exigen, a poder ser, manteniendo la paz social.

CCOO, UGT y CSIF necesitan “ofrecer algo” a los trabajadores/as, aunque sea humo que sirva para intentar ganar tiempo y sostener su cada vez más escasa credibilidad. Y precisan de las ayudas financieras del Estado, imprescindibles para sostener sus monstruosos aparatos. Pero esa “ayuda” hay que ganársela demostrando la utilidad social de la inversión que en ellos hace el Estado, aunque el acuerdo sea una chapuza que valga para aquello del “sujétate mientras cobro”. Una suerte, en esencia, de “socorro mutuo” entre la burocracia sindical y el Gobierno, a costa (como siempre) de los derechos y las condiciones de empleo de los trabajadores/as.

Rechazar el Acuerdo y recuperar la calle para poder recuperar los derechos

El Acuerdo suscrito es un “acuerdo marco”, cuya aplicación ahora hay que negociarla en todos los niveles de la Administración, desde la central hasta la autonómica, pasando por la local y diputaciones. Sin duda que esa negociación no estará exenta de tensiones, porque el Gobierno seguirá aplicando su criterio del “control del déficit” acordado con la Unión Europea, de respeto a “los límites y reglas de gastos establecidos” y desde el respeto a toda la iniciativa privada, los amigos del Gobierno, que hacen sus negocios medrando en torno a las Administraciones. Y CCOO, UGT y CSI-F ya se sabe dónde se ubican, pero tendrán que pelear las migajas que puedan rebañar para dar visos de bondad a esta infamia que han firmado, a este ERE encubierto que con su beneplácito ha colado el Gobierno.

Vamos a un escenario de posibles “movilizaciones comparsa” para negociar mejor el pacto social y el Acuerdo vergonzoso, en medio del inevitable peligro de que miles de trabajadores/as dediquen todos sus esfuerzos a preparar una oposición-lotería que les “garantice” el puesto de trabajo ante la situación de paro masivo. Esa venta de ilusiones es la mayor canallada de este Acuerdo, mientras los trabajadores/as se resignen a seguir perdiendo puestos de trabajo, derechos y salarios y dediquen su empeño a una oposición lotería, mas asegurada estará la paz social y hasta una buena veta de negocio de las academias.

El Acuerdo es un varapalo para los trabajadores/as, y pretender embellecer el hecho o minimizarlo no es más que dar indulgencias a los burócratas que lo firmaron, a estos correveidiles del Gobierno que firman para los trabajadores/as lo que no se van a aplicar para ellos mismos.

Nosotros/as queremos dirigirnos a los trabajadores/as que han salido a la calle a defender la estabilidad en el empleo y la recuperación de derechos, a los/as que desde el SAGAP, COBAS, CUT, CGT, CIG, desde las bases de CCOO o UGT, o no afiliados, han rechazado este Acuerdo. ¡No podemos darnos por vencidos!. Todos/as los que lo rechazamos debemos unir fuerzas, hacer un frente sindical de rechazo, que prosiga con una intensa y extensa labor de explicación de este Acuerdo-fraude; que llame a no perder la calle y la movilización. El próximo mes tenemos dos fechas ya marcadas para salir a la lucha, el 1º de Mayo y el 27 de Mayo con las Marchas de la Dignidad. Se nos tiene que ver en ambas a los trabajadores/as de las Administraciones públicas, luchando con el resto de los trabajadores/as, por pan, trabajo, techo e igualdad, pero reclamando lo nuestro y de todos/as, que por el trabajo estable, la recuperación de derechos y salario decimos NO AL ACUERDO.