Eran los años 90, más concreto el 97, cuando el gobierno de José María Aznar tramitaba la “Ley de nuevas formas de gestión de la sanidad”, más conocida como Ley 15/97 [1]. Era la primera que, desde la mal llamada transición, permitía la privatización de la salud de manera explícita. Felipe González, años atrás y con el aval de un informe de la comisión Abril-Martorell 2 3, había tenido que dar marcha atrás por el escándalo que generó. Este informe lo había creado un grupo de “expertos” del que sacaban una conclusión muy clara: hay que abrir al sector privado la gestión de la salud pública. Aznar, al que no le temblaba tanto el pulso, puso la directa e implantó esta Ley de la que todavía hoy recibimos muchas consecuencias. El sector privado podía gestionar la salud pública: un negocio redondo para las empresas. Poco o nulo riesgo y mucho beneficio. Así empezaron a tercerizar sectores en nombre de la “optimización de los recursos” y, claro está, de esta libre competencia que ni está ni mejora nada. Por si eso fuera poco, en 2012 el gobierno de Mariano Rajoy, en nombre de la “austeridad necesaria” por la crisis económica, redacta el Real Decreto Ley 16/2012 4. Este decreto era otro hachazo a la sanidad pública: exclusión de sectores migrantes, copago farmacéutico y recortes que significaron un deterioro del sistema público de salud. Listas de espera inaceptables (estamos hablando de gente que moría esperando una operación) 5. Todo esto fue el caldo de cultivo del surgimiento de las mareas blancas a finales de 2012.  La situación había llegado a su límite y los profesionales de la salud, con un gran apoyo popular, salieron a defender una sanidad pública 100% y de calidad. Donde no haya beneficios privados, ni gestiones opacas. Donde el acceso sea realmente universal, donde no haya copagos… En aquel momento apareció un PSOE en la oposición que llevó la propuesta de derogación de la Ley al Congreso. ¡Oh casualidad! No prosperó, pero seguro se aseguró unos votos más para las siguientes elecciones.

2014, la irrupción de Podemos lleva muchas esperanzas a muchos sectores. En el programa de 2015 llevan, entre otras propuestas, la derogación de la Ley 15/97 6.

Llegó el 2020 y una pandemia, que, entre muchas otras cosas, nos demostró más que nunca como la privatización de la sanidad mata. La respuesta parlamentaria no se hizo esperar y llegó la “Comisión de Reconstrucción”. Contrariamente a lo lógico, acabaron diciendo que había sido “buena” la colaboración público-privada, y dieron las gracias a este sector por el “trabajo hecho” durante la pandemia. Así es como llegamos al polémico “Anteproyecto de Ley de Medidas para la Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud”; más conocida como Ley Darias 7. Esta ley ha sido presentada por la ministra destacando como puntos fuertes:

  • La ampliación de los colectivos exentos de los copagos instaurados por la ministra Mato.

En ningún momento se habla de suprimirlos, sino de “eliminar progresivamente los copagos” sin poner ni cómo ni cuándo. De lo único que se habla es de garantizar que no se amplíen los copagos que en la actualidad son en farmacéuticas, ortoprotésicas, dietoterápicas y el transporte sanitario no urgente.

  • La apertura de la cobertura sanitaria gratuita “para las personas españolas de origen residentes en el exterior durante sus desplazamientos temporales al territorio español y sus familiares, así como para las personas no registradas ni autorizadas como residentes en España.” Una medida que ya se está aplicando, que está llena de ambigüedades como denuncia Amnistía Internacional 8, y que sin la derogación de la Ley de Extranjería y los cierres de los CIES poco afecta.  

Pero el punto del Anteproyecto que más polémica ha llevado es si realmente, como afirma ella misma, deroga la Ley 15/97. Hasta sus socios de gobierno (UP) ya han dicho que presentaran enmienda porque es muy claro en el redactado. “En el marco de la gestión del Sistema Nacional de Salud, la prestación y gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios se llevará a cabo preferentemente mediante la fórmula de gestión directa de carácter público. El recurso excepcional a otras fórmulas de gestión habrá de contar obligatoriamente con una memoria que justifique desde el punto de vista sanitario social y económico la necesidad de acudir a ellas, teniendo en cuenta, con carácter previo, la utilización óptima de sus recursos sanitarios propios y demás criterios previstos en la presente Ley.” Al que, además, le antecede “La prestación y gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios podrá llevarse a cabo, además de con medios propios, mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas, en los términos previstos en la presente Ley”. Es claro que dejan la puerta abierta a seguir privatizando “cuando sea necesario”, en vez de reforzar la sanidad pública para que no sea necesaria ninguna derivación. Un ejemplo reciente fue en la pandemia, cuando en muchas comunidades se llegó a pagar a hospitales privados sumas estratosféricas, y muy por encima de lo estimado, por llevar pacientes COVID 9. Cuando, como no puede ser de otra manera, es claro que las empresas sanitarias buscan beneficios “disminuyendo costes” y “aumentando ganancias”. Es necesario ser tajante con esto.

Pero tampoco derogar la Ley nos va a hacer llegar al fondo de la cuestión. Necesitamos cambios estructurales. Hay que exigir una sanidad 100% pública, sin privadas, pero también sin consorcios, de los que la Ley pasa de puntillas, solo habla de “auditorías” sin ir a la raíz: los consorcios se han vuelto en la mejor entrada del sector privado.  Es necesario parar ya la tercerización en hospitales públicos de servicios como el de diagnóstico para la imagen, cocina, limpieza… Hay que hacer públicos sectores totalmente privados, como los dentistas. Hay que exigir que no puede seguir siendo un sector destinado a la temporalidad y al abuso horario, ahora agravado por el Icetazo que, lejos de mejorar la situación, va a empeorarla 10. Hay que destinar mucho más presupuesto para revertir todos los recortes empezados en el gobierno Aznar, y continuados por todos los gobiernos, que han dejado un sistema sanitario muy debilitado. Muestra de ello ha sido la pandemia, de la que tenemos que aprender, sobre todo, que los recortes matan 11. Hay que señalar a los culpables, tanto de la administración central como de las autonómicas. PSOE y UP, como miembros del gobierno son los responsables de esta situación. ¡Ya basta de eufemismos y medias tintas! No nos sirven los grandes discursos si no se acompañan de hechos ¡Exigimos una sanidad 100% pública y con planificación basada en criterios estrictamente sanitarios que sólo se conseguirá con más inversión!

¡Derogación de la Ley 15/97!

¡No a la terciarización de ningún sector!

¡Abajo el Icetazo, fijas todas!

¡Sanidad sin criterios empresariales!

¡Sanidad pública 100%, sin privadas, ni copagos, ni consorcios!

Notas:

[1] https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-9021

2 https://www.congreso.es/public_oficiales/L4/CONG/DS/CO/CO_306.PDF

3 https://www.funcas.es/wp-content/uploads/Migracion/Articulos/FUNCAS_PEE/048art08.pdf

4 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-5403

5 https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/listaEsperaInfAnt.htm

6 https://podemos.info/wp-content/uploads/2015/05/prog_marco_12.pdf

7 https://www.mscbs.gob.es/normativa/audiencia/docs/DG_67_21.pdf