¡Por una educación pública, de cualidad, laica, democrática, igualitaria y en catalán!

La situación de deterioro progresivo que sufre el sistema educativo durante los últimos años ha ido empeorando las condiciones materiales de las profesionales del sector y del alumnado. La sucesión de leyes educativas renovadas legislatura tras legislatura no ha ayudado a paliar la desigualdad en la escuela pública ni la fractura de un modelo educativo que se encuentra en grave riesgo, legislado para favorecer la privatización del mismo. Basta con mirar atrás y recordar que ni la LEC, a pesar de su actualización, ni la LOMLOE cubren las carencias materiales del Sistema Educativo de Cataluña. Lo más irónico es que ni siquiera se llega a invertir el 6% del presupuesto, tal y como recogen estas leyes educativas (4,09% del PIB en 2023, por debajo del 4,6% de la media estatal). En 23 años, el gasto educativo tan sólo ha aumentado en 0,87 puntos porcentuales en relación con el PIB.

Por: Corrent Roig

SALARI + RECURSOS – RÁTIOS – BUROCRACIA

Estos problemas estructurales, sumados a la salvaje inflación y el problema de la vivienda, han acentuado aún más las carencias de las profesionales del sector educativo. Por ello, la mesa sindical formada por CCOO, UGT, USTEC-IAC, ASPEPC-SPS y CGT alcanzó hace unos meses un acuerdo unitario para exigir al Departament d’Ensenyament cuatro líneas de negociación que ejemplifican el deterioro de este sistema, el cual se encuentra actualmente gravemente vulnerado:

UNA MEJORA SALARIAL: Desde 2010 el salario de las docentes catalanas se ha ido devaluando hasta el punto de que, de 9 años trabajados, se ha cobrado el equivalente a 7. Esto se debe a una serie de causas:

  • La reducción del salario base y de los complementos.
  • La reducción de las pagas extraordinarias.
  • La congelación salarial entre 2010 y 2016.
  • La suspensión, desde 2012, de las prestaciones y ayudas de los Fondos de Acción Social (FAS) de las personas al servicio de la administración de la Generalitat, así como de las aportaciones, por parte de la administración, al fondo de pensiones de las trabajadoras y trabajadores al servicio de la Generalitat.
  • No cobrar ni las salidas ni las colonias, a pesar de realizarse fuera del horario laboral
    y con pernoctación.
  • Cargos no remunerados (co-tutorías o tutores de prácticas).
  • Ejercer más de un cargo y cobrar solo uno (por ejemplo: tutoría + jefatura de
    departamento).
  • Sexenios y estadios acumulados sin cobrar (el Estado debe más de 250 millones de euros a un total de más de 65.000 trabajadoras afectadas).

Además, la revalorización de los salarios ha aumentado un 9,28%, mientras que el incremento del IPC ha sido del 15,2% en 2024. Todo ello ha generado una precarización progresiva de las condiciones laborales del profesorado en Cataluña, que se sitúa en la 3.ª posición por la cola en cuanto a salarios de todo el Estado.

UNA MEJORA DE LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS EN LOS CENTROS: La normativa actual exige una atención a la diversidad del alumnado que no se puede garantizar con los recursos de los que disponen los centros educativos. La falta de personal, no solo de docentes de primaria, secundaria y escuelas infantiles, sino también de PAS, PAE y de personal de ocio educativo, impide garantizar una educación de calidad. Esto implica un aumento de la carga laboral que, de forma progresiva, se ha ido imponiendo silenciosamente.

En este sentido, exigimos una actualización salarial para docentes y maestros, así como una revisión de los convenios del resto de cuerpos de la comunidad educativa. Consideramos que, aparte de las docentes, el resto de profesionales forman parte fundamental de la comunidad educativa, y que sus salarios no están a la altura de su trabajo.

Además, las condiciones materiales de los centros tampoco son adecuadas por la falta de inversión: escuelas, institutos y centros de formación de adultos con instalaciones precarias, aulas sustituidas por barracones con un acondicionamiento insuficiente ante las inclemencias del clima.

Asimismo, la limitación de plazas en los centros de educación especial, así como la saturación en Servicios Sociales, CESMIJ y otros organismos, impide realizar un seguimiento adecuado del alumnado con necesidades educativas especiales, imposibilitando una atención correcta en el centro educativo, que es quien debe asumir toda la atención sin contar con los recursos necesarios.

UNA REDUCCIÓN DE RATIOS URGENTE: La masificación de las aulas nos genera una situación insostenible tanto para la salud física y mental del alumnado como de las profesionales. Aulas con más de 30 alumnos, con una gran diversidad curricular (como se ha citado anteriormente) y de aprendizaje imposibilitan que una sola docente o maestro/a pueda desempeñar su tarea dignamente y vulneran de forma directa el derecho a la educación.

Esto empeora sustancialmente el clima en las aulas y la experiencia de aprender se convierte en un proceso poco estimulante para todas las partes. No es extraño que haya habido un incremento de la agresividad y la conflictividad en las aulas. Además, el Departamento no hace más que reducir las líneas en centros de educación infantil y secundaria, contribuyendo así a una masificación en las mismas, un hecho contraproducente para un proceso de aprendizaje garantizado, digno y de calidad. ¿Cómo se puede ofrecer una educación con unas condiciones mínimas en espacios deteriorados, sin recursos suficientes para llevar a cabo proyectos educativos provechosos y sostenibles
en nuestros barrios y nuestro entorno?

UNA REDUCCIÓN DE LA BUROCRACIA: Según los datos de varios medios de comunicación y encuestas realizadas en los centros por diversos sindicatos, alrededor del 80% de docentes de Cataluña se encuentra desbordado por la ingente cantidad de trabajo burocrático que debe atender, además de atender a la labor docente. Este trabajo no está regulado y consiste en atender a gestiones que, en muchos casos, superan las horas establecidas en nuestros convenios (tanto de docentes y maestros como de PAE y PAS).

Por poner un ejemplo: en secundaria, de las 37,5 horas que implica la jornada laboral de un/a docente, 24 de ellas se destinan a actividades de permanencia en el centro educativo, pero 18 se dedican a la docencia. El resto de horas se destinan a preparación de clases, reuniones y trabajo burocrático (elaboración de informes, gestión de conflictos, reuniones con alumnado y familias, elaboración de adaptaciones curriculares, programaciones…). No existe una regulación específica para el resto de horas, por tanto, la mayoría de docentes supera con creces las 40 horas semanales de trabajo, realizando muchas horas extras que al final no son retribuidas en ningún caso.

La legislación de los últimos 15-20 años ha contribuido a la necesidad de burocratizar el sistema educativo, cargando sobre los hombros de las profesionales todo el peso de esta tarea, sin aumentar de forma proporcional las plantillas. Esto repercute directamente en el estado de salud tanto físico como mental de las profesionales, provocando un aumento significativo en las bajas tramitadas durante el último lustro.

Las medidas adoptadas por el Departament son insuficientes (como la reducción de jornada a mayores de 55 años o la flexibilización de las bolsas de personal), ya que el número de bajas sigue aumentando. La salud física y mental de las profesionales de la educación se encuentra en un punto crítico y cada vez cuesta más encontrar docentes en la bolsa para cubrir las bajas, a la vez que se observa un aumento preocupante en el abandono de la profesión (según algunos medios, alrededor del 35% se plantea seriamente abandonar la
profesión).

¡La inmovilidad del Departament nos exige organizarnos para pararlo todo!

Ante esta realidad, el Departament d’Ensenyament se ha negado repetidas veces a negociar una mejora de las condiciones de las trabajadoras y garantizar, al mismo tiempo, una educación pública de calidad. Las pocas propuestas del Departamento son migajas circunstanciales que no resuelven en ningún caso las demandas centrales del colectivo docente y se centran exclusivamente en el salario, obviando las condiciones materiales, como son las ratios, la falta de personal o la burocracia, que deterioran la labor educativa.

Dentro del ciclo de movilizaciones prometido por el sector antes de cerrar el año 2025, la mesa sindical ha convocado una huelga de todo el personal docente de Cataluña el próximo 11 de febrero. Una huelga a la que se ha sumado el Sindicato de Estudiantes y que está llamada a ser una jornada masiva de lucha de toda la comunidad educativa: desde escuelas infantiles, primaria, secundaria, PAS, PAE, personal de ocio educativo, familias y alumnado, para defender la educación pública que está en peligro.

Hay que extender las asambleas docentes por todos los centros de Cataluña

La organización del profesorado no se ha hecho esperar y, desde hace unos meses, cientos de maestros y docentes de diferentes centros educativos nos hemos comenzado a organizar en asambleas para debatir las propuestas de los sindicatos, masificar las acciones y movilizaciones, y subrayar la necesidad de construir la huelga de forma colectiva. Es muy importante que estas iniciativas se extiendan por todos los centros educativos del territorio, ya que el éxito de la huelga depende, en buena medida, de la capacidad de autoorganización del profesorado para romper la normalidad y pararlo todo, los días que haga falta.

Resulta igualmente importante que las asambleas de centro exijan a los sindicatos que no pacten acuerdos con el Departamento de Educación sin el visto bueno de las/los docentes. Son las asambleas y las docentes organizadas quienes deben tomar las decisiones: cuándo
se pacta, qué se pacta y el plan de lucha. ¡Ningún sindicato negocia a nuestras espaldas!

Unificar las luchas para defender el sistema público

A la huelga docente se suma la convocada por los maquinistas (9, 10 y 11 de febrero), la de médicos (16 de febrero, con un calendario de huelgas semanales hasta junio) y la huelga indefinida desde el 28 de noviembre de las trabajadoras de la Cruz Roja del sector social, entre otras. Estas convocatorias no son coincidencia; al contrario, son el resultado de una política de desinversión, privatización y externalización del sector público, así como de los recortes del gobierno de Artur Mas en 2011, que ninguno de los gobiernos posteriores de la Generalitat —ni los de Junts, ni Esquerra, ni el actual gobierno Illa del PSC— ha sido capaz de revertir.

Es por ello que el ciclo de huelgas y movilizaciones que los/las maquinistas, profesorado, médicos y trabajadoras del sector social iniciamos es el baluarte del sistema público. Porque no se pueden defender los servicios públicos gratuitos y de calidad sin gasto público y, por supuesto, sin dignificar las condiciones laborales de quienes ponemos el cuerpo día a día.

Así pues, parte de la tarea de los/las docentes es apoyar las luchas del sector público, comenzando por las huelgas convocadas por maquinistas, médicos y el sector social. Es necesario coordinar las diferentes luchas para fortalecerlas, masificarlas y, en definitiva, convertir al sector público en un problema social de primer orden que obligue al Departamento de Educación, a los/las respectivos consejeros/as y al Gobierno Illa a cumplir todas y cada una de nuestras demandas.

Con todo, organízate en un centro educativo en asamblea para exigir:

  • ¡Mejora real de los salarios para toda la comunidad educativa!
  • ¡Menos burocracia!
  • ¡Reducción de las ratios!
  • ¡Aumento drástico de la inversión en recursos suficientes para la educación pública!


¡UNIFIQUEMOS LUCHAS, PAREMOS EL DESMANTELAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS!