El confinamiento es, ante la ausencia de vacuna o tratamiento efectivo, la única medida viable para frenar la extensión de la epidemia del COVID-19. Sin embargo, la necesidad de confinamiento no puede ser una excusa para el recorte de libertades.

Hay que recordar que la declaración del Estado de Alarma, a diferencia del Estado de Excepción, no suspende ningún derecho fundamental. Sin embargo, estamos viendo cómo durante este periodo de cuarentena hay abusos al respecto. Por ejemplo, en Sidenor Basauri el pasado 27 de marzo, la Ertzaintza impidió una protesta sindical en la planta contra los ERTEs, por la paralización de los sectores no esenciales y por medidas de seguridad adecuadas para los servicios esenciales. Sin embargo, estaban trabajando con normalidad. ¿Se puede trabajar pero no protestar? Eso es un atropello que no podemos pasar por alto.

También han salido a la luz numerosos vídeos de agresiones o amenazas policiales a personas que iban por la calle, supuestamente saltándose el confinamiento, aunque en algunos casos simplemente iban al trabajo. Aplaudir y permitir este tipo de abusos en nombre del respeto al “Estado de Alarma” es sembrar un peligroso precedente. No olvidemos que estos mismos cuerpos policiales son los que han golpeado y reprimido a los trabajadores/as de la Sanidad cuando se movilizaban contra los recortes.

Otro hecho inédito, que supera lo que es un Estado de Alarma, es que el ejército asuma labores policiales en las calles. El ejército, por definición, está hecho para la guerra. Para vencer a una enfermedad se necesita investigación científica, se necesita una sanidad fuerte; no son necesarios soldados tomando las ciudades.

Los momentos de “shock”, de sacudida social, son propicios para el recorte de libertades. Un ejemplo lo podemos ver en Hungría, donde el presidente Orbán se ha arrogado la capacidad de gobernar por decreto, sin contar con el Parlamento, por tiempo indeterminado. Es decir, ha dado un golpe de Estado en un régimen donde las garantías democráticas ya estaban bajo mínimos. Por eso, también aquí debemos oponernos a cualquier recorte de libertades que se dé en nombre del aislamiento social.

Organización popular para asegurar el confinamiento.

Confiar en el Estado para que mantengan el necesario confinamiento ya se ha demostrado como algo poco fiable. Recordemos que en nombre de “mantener la economía” (es decir, de mantener los beneficios del IBEX 35), sólo se han suspendido las actividades no esenciales después de miles de muertos. Y aún así, se han asegurado de que todo el coste de las medidas tomadas recaiga sobre la clase trabajadora. Allí donde la paralización se hizo a tiempo, fue por la movilización directa de los trabajadores/as.

Confiar en la “responsabilidad individual” es insuficiente para asegurar el confinamiento, pero no por ello es necesario apoyar el despliegue del ejército o aplaudir los abusos policiales. La organización popular debería ser la clave para asegurar la medida. Igual que se han establecido redes de apoyo mutuo en los distintos barrios y poblaciones para asegurar que la población más vulnerable tiene el apoyo que necesita, se podrían organizar comités vecinales, rechazando a los “chivatos de los balcones”, que asuman la organización de las restricciones y comiencen a organizar la defensa de los derechos sociales y políticos en peligro.