El Gobierno Rajoy parece un híbrido entre Don Tancredo (inmóvil, haciéndose el muerto) y la orquesta del Titanic, que seguía tocando, como si nada ocurriera, mientras el barco se iba a pique. El último episodio de su crisis es lo acontecido estas últimas semanas en Madrid cuando una de las figuras en alza del PP, Cristina Cifuentes, embarrada en el descrédito, caía abatida por fuego amigo.

Se aferran al discurso de una “recuperación económica”  y cuanto más insisten en ella es más el enfado que provocan. Y es que para unos, los bancos y grandes empresas del IBEX 35, esa «recuperación» representa engordar las arcas (ganaron más de 40.000 millones en el 2017) pero para otros, la clase trabajadora, significa más pobreza y desigualdad, salarios y pensiones de miseria, empleos basura.

Con ese panorama aumentan las huelgas y los movimientos sociales, en particular las mujeres y los/as pensionistas se han convertido en el aglutinante del descontento social.

El Gobierno, con el apoyo directo de C’s, responde con una deriva autoritaria que muestra a las claras a la actual Monarquía como un régimen heredero del franquismo. La deriva abarca desde el Rey a los partidos del régimen y al poder judicial, que mantienen el 155 en Cataluña y tienen a dirigentes independentistas en prisión preventiva de manera injustificada, encausados por rebelión y malversación, unos delitos fabricados que hasta  los tribunales alemanes y belgas están dejando en evidencia.

La oleada represiva incluye los casos de Altsasu (donde una pelea de bar es tipificada como delito de terrorismo) o el de Tamara Carrasco (la joven catalana de los CDR a la que el fiscal acusa de terrorismo y rebelión por cortes de tráfico).

El colmo ¡lo que faltaba! ha sido la actuación de la Audiencia de Navarra. Frente a un 8 de Marzo, histórico contra el machismo y la desigualdad, la respuesta institucional ha sido la sentencia de «la Manada». Parecieran empeñados en echar gasolina al fuego.

La creciente indignación social se vive en las manifestaciones de las Mareas y Coordinadoras Pensionistas, en las movilizaciones de Murcia, en las huelgas obreras dispersas, en las manifestaciones multitudinarias de Pamplona, por los jóvenes de Altsasu, y en Barcelona, por la libertad de los presos políticos y contra la represión. Ahora se ha vuelto a ver en la respuesta masiva a la infame sentencia de la Audiencia de Navarra sobre “la Manada”.

Si la situación se mantiene y el gobierno no cae es por el colaboracionismo descarado del PSOE, pilar del Régimen junto al PP y C´s, partido éste que disputa al PP la hegemonía al frente de la derecha. El PNV también colabora dando vía libre a los Presupuestos de Rajoy. En cuanto a Unidos Podemos, se muestra impotente, preocupado ante todo por su suerte electoral y por sus guerrillas internas, mientras que en el terreno de la lucha obrera y pensionista, cierra filas con la burocracia sindical de CCOO-UGT en su intento de reconducir el conflicto de las pensiones al seno del Pacto de Toledo y de la reforma de Zapatero que ellos mismos firmaron.

La burocracia de CCOO-UGT -bien arropada por los medios de comunicación- se afana por recuperar el terreno perdido, mientras firma convenios de miseria y pactos deshonrosos con el Gobierno, como el del Salario Mínimo o el de empleados públicos. Ahora corren a contraprogramar las acciones de las Mareas y Coordinadoras Pensionistas. La propia burguesía, preocupada con la situación, recuerda que «CCOO y UGT necesitan recuperar el control del liderazgo social que corren el riesgo  de perder ante el auge de los nuevos movimientos reivindicativos» (editorial de La Vanguardia, 2 de mayo 2018).

Persiguen un objetivo común: aguantar la situación hasta las próximas elecciones y procurar que, cualquiera que sea el curso político del país, no se salga del marco de su ley y su orden, de su fraudulenta Ley electoral, de su antidemocrático y centralista régimen monárquico, de su miserable sistema capitalista.

Frente a ellos, se trata de ayudar a estos movimientos sociales, darles perspectivas de continuidad y unificarlos con las luchas obreras; de trabajar por un verdadero cambio social, económico y político, que eche a este gobierno sin encontrarnos abocados a verlo sustituido por C´s o cualquier otro partido siervo de la Unión Europea y de la Monarquía.

Por eso, la tarea del periodo es construir desde la calle, las empresas y los centros de estudio una salida de clase, obrera y democrática, en torno a un programa: que imponga la derogación de las reformas laborales y de pensiones del PP y del PSOE; un salario y pensiones mínimas de 1.084 € y su revalorización automática con el IPC. Que las pensiones públicas se garanticen por los Presupuestos Generales del Estado. Que asegure medidas reales contra la violencia machista y la desigualdad, anule las leyes machistas y depure el cuerpo judicial. Que saque a la calle a los presos políticos, ponga fin al 155 y otorgue a Cataluña el derecho a decidir. Que libere a los jóvenes de Altsasu, a Alfon y a todos los presos por luchar. Que derogue la Ley Mordaza.

Lo demás, esperar a las «próximas elecciones», es apostar por más de lo mismo.