El presupuesto estatal destinado a prevenir la violencia machista y atender a las mujeres que la sufren ha disminuido hasta un 23%, desde el 2010. Las políticas y organismos destinados a ejecutar las leyes de igualdad a nivel estatal, se han recortado un 50% desde que empezó la crisis, sobre todo a partir del Gobierno de Rajoy.
Ante el goteo continuo de mujeres asesinadas, el tijeretazo social a los programas para prevenir estas muertes indigna aún más cuando casi cada día se destapa un nuevo caso de corrupción. Los 23,7 millones para programas de prevención y atención a la violencia machista en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, son casi un insulto si se comparan con los más de 160 millones de euros en contratos amañados destapados por la “Operación Púnica”, los más de 1.500 millones con los que el gobierno ha salvado a la empresa ACS de Florentino Pérez, o el dinero para la Iglesia Católica y la Monarquía.
A los asesinatos y la violencia machista en el ámbito familiar, hay que sumarle otras formas de violencia para las que ni siquiera existen políticas públicas, como son las redes de tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación sexual que afectan sobre todo a mujeres inmigrantes, o los acosos, agresiones sexuales y violaciones, cuya cifra se ha incrementado (1298 en el año 2013, según la última memoria del Ministerio del Interior).
Cada vez queda más claro que este gobierno, no sólo dificulta con sus políticas que las mujeres rompan el silencio y hablen de las situaciones de maltrato que están sufriendo, sino que ni siquiera es capaz de proteger la vida de las mujeres que se atreven a denunciar.
En total, el gasto estatal en Políticas de mujer y contra la violencia machista se redujo en 17 millones en cuatro años.
Este recorte afecta también a los gobiernos autonómicos de todo signo político que, fieles al pago de la deuda con los bancos, y al límite en gasto social y en déficit que les impone el gobierno central, han recortado en políticas de igualdad un promedio de un 32%.
Este tijeretazo en la protección y atención a las mujeres frente al machismo y su violencia ha supuesto:
* El cierre o la disminución de plazas de casas de acogida y de numerosos centros municipales de atención a la mujer, sobre todo en áreas rurales.
* La desaparición de puntos de encuentro familiar.
* La casi total ausencia de las campañas de sensibilización social.
* El colapso de los Juzgados de violencia a la mujer, donde muchos abogados/as y fiscales siguen sin tener formación especializada en el tema.
* La total insuficiencia de dispositivos telemáticos para proteger a las mujeres agredidas y planes personalizados para lograr su inserción laboral.
* La privatización de los servicios autonómicos y municipales de atención, y la disminución de subvenciones para las asociaciones especializadas en la materia.
A esto hay que sumarle la reforma local que entrará en vigor el año que viene y que directamente impide a los Ayuntamientos poner en marcha programas de igualdad y contra la violencia machista, con financiación propia.
Promesas que no se cumplen y medidas que nos desprotegen
Mientras, el gobierno sigue con discursos vagos de promesas y medidas que nunca cumple por falta de presupuesto, y sobre todo por falta de intención y de políticas para reducir a la mínima expresión esta lacra social. Insisten en “animar” a las mujeres a denunciar, pero saben muy bien que si el número de denuncias no aumenta- solo 12 de las 47 mujeres muertas este año según cifras oficiales, lo había hecho-, se debe a las numerosas trabas y fallas judiciales que existen. Estas dificultades son ciertas y son las que hacen que muchas mujeres terminen retirando la denuncia, o que de Enero a Junio de este año un 41% de las órdenes de protección hayan sido denegadas.
Y sobre todo se debe a que las mujeres tienen miedo y no se sienten suficientemente apoyadas. Las sucesivas reformas laborales aprobadas por éste y el anterior gobierno, mantienen a la mayoría de las mujeres en desempleo o con precariedad laboral sin poder recurrir al principio de nulidad si nos despiden estando embarazadas, puesto que con la crisis casi todos los despidos se justifican por “causas objetivas”.Los recortes en sanidad y educación nos cargan con el peso de las tareas de cuidados de personas menores, enfermas o dependientes .Las dificultades para acceder a una vivienda digna con cientos de desahucios diarios, nos obligan a convivir con nuestro agresor. Las mujeres trabajadoras cada vez tenemos menos recursos para escapar de la violencia machista.
La organización y la lucha es la única salida
Por todo esto, sobran motivos para hacer de la de lucha contra la violencia machista un combate de toda la clase obrera, y no solo para “las reivindicaciones feministas”. Las recientes movilizaciones por la retirada de la reforma del aborto y el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, son el ejemplo a seguir y la muestra de que la lucha sirve y es el único camino.
Si el machismo divide y debilita a la clase trabajadora frente a los ataques que estamos sufriendo, somos las organizaciones populares, sindicales y políticas de clase, las que debemos ponernos a la cabeza de esta lucha.
Desde Corriente Roja nos sumamos a las movilizaciones del día 25 de Noviembre, exigimos medidas urgentes para prevenir, atender y proteger a las mujeres contra la violencia machista, y llamamos a todas las organizaciones obreras, sindicatos, Asociaciones de Vecinos, organizaciones populares, y movimientos sociales, a defender juntos estas reivindicaciones:
1 – Recursos y medios suficientes para las mujeres agredidas, ninguna mujer sin asistencia (centros de información y acogida, asistencia médica, psicológica y jurídica gratuita, etc…). ¡Fuera jueces machistas del aparato judicial!
2- Garantía por parte del Estado de un empleo para las mujeres maltratadas y subsidio de desempleo mientras se les proporciona. Derecho efectivo y protegido por ley a cambio de puestos de trabajo y horarios para las mujeres trabajadoras agredidas. ¡No a la reforma laboral!
3- Por un parque público de viviendas en alquiler social con las miles de viviendas vacías en manos de bancos e inmobiliarias, al alcance de las familias más necesitadas, priorizando aquellas que tienen menores a cargo. Viviendas gratuitas para las mujeres maltratadas sin condiciones.
4- Espacios gratuitos en los medios de comunicación para la difusión de una cultura contra la violencia hacia las mujeres y los sectores más oprimidos.
5- Educación sexual y de igualdad de género en la enseñanza pública.¡Fuera la religión de las aulas! No más subvenciones para la iglesia.
6- No al recorte del gasto público. ¡Guarderías públicas, gratuitas y de calidad! No a los recortes en la ley de dependencia que nos responsabiliza del cuidado de ancianos y personas con discapacidad.
7- Educación, sanidad, transporte y servicios públicos de calidad. ¡No a las privatizaciones!
8- Prisión y confiscación de los bienes de especuladores y corruptos. Que el dinero utilizado para el rescate de los bancos se invierta en medidas que garanticen la seguridad y atención a las mujeres que sufren violencia machista.
9- No a la reforma laboral.
10- Por una política contra el tráfico de mujeres y niñas para su explotación.