En octubre de 2026, las huelgas y movilizaciones han vuelto a poner la educación en el centro del debate. Para conversar sobre las demandas que impulsan estas luchas y su vínculo con la crisis de la vivienda y la huelga general del 11 de noviembre (11N), hablamos con Paola, profesora de Ciencias Sociales en el INS Polinyà de Barcelona, afiliada a la CGT y militante de Corriente Roja, y con Mariajo, profesora de Física y Química en el IES Universidad Laboral de Málaga, delegada de la CGT, activista del movimiento por la vivienda y contra la precariedad laboral, y militante revolucionaria sin partido. Desde sus experiencias en Barcelona y Málaga, reflexionamos también sobre qué alternativa política puede fortalecer estas luchas y abrir una salida socialista.
Por: Florence Oppen
En octubre se han convocado varias huelgas y movilizaciones en el ámbito educativo. ¿Qué demandas concretas las han impulsado y qué malestar de fondo expresan entre las trabajadoras del sector? ¿Cómo están preparando las centrales sindicales las huelgas?
P: El malestar acumulado en el sector educativo se sustenta en condiciones laborales que han ido empeorando año tras año, sumadas a los recortes y a la degradación de los servicios públicos, lo que ha gestado una crisis educativa de grandes proporciones. Por ello no es de extrañar que las principales reivindicaciones del sector educativo sean muy parecidas en todas las Comunidades Autónomas: El problema de las ratios, que masifican las aulas e impiden ofrecer una atención de calidad al alumnado, la falta de recursos e infraestructuras derivada de la infrafinanciación, que precariza las condiciones de trabajo y estudio, la falta de personal y la externalización de un sector de trabajadores/as educativos/as, los salarios congelados y la burocracia asfixiante, consecuencia de la falta de democracia en los centros educativos. Además, en los últimos años, el profesorado catalán ha tenido que tragar con el control burocrático de los centros educativos a través del Decreto de plantillas y direcciones, que permite a los equipos directivos elegir a dedo a una parte de su plantilla; la privatización encubierta de la educación; la financiación de la escuela concertada; o la división de las trabajadoras en diferentes categorías con condiciones laborales distintas. Toda esta situación de emergencia educativa ha terminado por estallar, pues ningún gobierno, autonómico o estatal, ha tomado cartas en el asunto para imponer medidas estructurales que logren atajar la situación.
En Catalunya hemos vivido un proceso de autoorganización muy rico, sin precedentes desde la Transición española. Después de la primera jornada de huelga, el 11 de febrero de 2026, empezaron a extenderse por muchos centros las asambleas de profesorado, coordinadas a escala comarcal y catalana por la Asamblea Educativa de Catalunya (AEC). Estas asambleas permitieron que más trabajadores/as se implicaran y que los sindicatos se coordinaran en torno a las decisiones del conjunto. También unieron a sectores educativos que la administración y las mesas de negociación mantienen separados. En su momento más álgido, las asambleas hicieron frente al intento de CCOO y UGT de cerrar el conflicto mediante una negociación a puerta cerrada y un acuerdo de mínimos, que fue rechazado masivamente por el profesorado. Algunos medios las llamaron “contrapoder”, lo que explica el intento de impulsar un plan piloto para incorporar agentes de los Mossos d’Esquadra en los centros educativos y la infiltración de policías en las asambleas para tratar de controlar y contener la lucha.
Hasta ahora, asambleas y sindicatos han actuado de forma coordinada para promover la hoja de ruta de las movilizaciones y huelgas, aunque no sin diferencias entre las centrales sindicales que se han expresado, por ejemplo, en las negociaciones que han acabado con la firma de dos acuerdos, uno en marzo y otro en junio, con el Departamento de Educación, rechazados masivamente por la mayoría del profesorado.
Ahora los sindicatos que actúan en el ámbito educativo están llamando a los/las trabajadores/as de la educación a la huelga general el día 11 de noviembre, así como la Asamblea Educativa de Catalunya, en su último encuentro el 24 de octubre, hizo un llamamiento a participar en la huelga general del 11N y a coordinar las asambleas de los centros con los comités de huelga de los barrios para conectar las diferentes luchas. Además, la AEC junto con otros sindicatos, han convocado una gran manifestación de toda la comunidad educativa el día 21 de noviembre y una jornada de huelga del sector educativo el 26 de noviembre, en plena campaña electoral, para seguir avivando la chispa del conflicto que permita abrir un nuevo ciclo de movilizaciones durante el segundo trimestre del curso.
M: La situación en Andalucía parte de las mismas problemáticas que ya ha comentado la compañera de Catalunya.
Por un lado, las altas ratios: hasta 28 alumnos/as en educación infantil y primaria; 33 en educación secundaria; y 38 en Bachillerato. Estas ratios son el resultado de haber suprimido plazas en la escuela pública, favoreciendo el crecimiento de la escuela privada y concertada (privada subvencionada con fondos públicos, en su mayor parte propiedad de la Iglesia católica), y de haber concentrado al alumnado restante para mantener la plantilla docente lo más mínima posible. Es un proceso que ya estaba en marcha cuando gobernaba el PSOE, pero que se ha acelerado enormemente durante las últimas dos legislaturas de la derecha. Se trata de degradar los servicios públicos, desinvirtiendo fondos públicos destinados a la educación y transfiriéndolos a la escuela concertada, para facilitar el trasvase de alumnado de la escuela pública a la privada y a la concertada, reduciendo así el volumen de la pública.
El recorte continuo en docentes se traduce en una falta de recursos para el alumnado con necesidades educativas especiales, fundamentalmente de profesorado especializado en Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, la falta de Personal Técnico de Integración Social, de intérpretes de lengua de signos, de orientadores/as y de todo el personal que refuerza el aprendizaje de este alumnado en las aulas y su autonomía dentro y fuera de las mismas.
Los centros educativos funcionan con el mínimo personal, no sólo docente. Faltan ordenanzas, administrativos, técnicos/as de mantenimiento… Las infraestructuras están en un estado lamentable: muchas no cumplen con los planes de prevención, no pasan las inspecciones de edificios, se caen muros y techos, hay goteras, hay aulas prefabricadas, no hay climatización, por poner algunos ejemplos.
Esta situación conduce a condiciones de trabajo cada vez más estresantes en la educación pública. Las políticas que estamos denunciando, además de precarizar nuestro trabajo, atacan los derechos de los/as niños/as favoreciendo su desatención y ralentizando su desarrollo. Y los y las docentes nos vemos sobrepasados y eso se traduce en un aumento del estrés, de las depresiones y del resto de enfermedades asociadas a estas.
A esta frustración derivada de las altas ratios y bajo personal, se suma a la pérdida de poder adquisitivo que hemos sufrido, al igual que la mayoría de sectores, pues el incremento de los salarios ha sido irrisorio, mientras los precios se han disparado. También, el aumento en la burocracia, que multiplica las tareas de un docente en funciones administrativas, de papeleo, no contribuyen a la función docente e incluso la empeoran, ya que restan tiempo para preparar clases, actividades…
Pero todos estos problemas no fueron suficientes para que los/as docentes en Andalucía se propusieran ir a la huelga, hizo falta el detonante: las huelgas de los/as compañeros/as en Catalunya y Valencia del curso pasado. Su lucha demostró a muchos/as docentes en Andalucía que la organización, la movilización y, en concreto, la huelga sostenida en el tiempo, podían arrancar victorias para los/as docentes.
A partir de ahí, el movimiento educativo se organizó en varias asambleas andaluzas, en las que participaron sindicatos, organizaciones estudiantiles, sociales y políticas, asociaciones de madres y padres, así como personas que nunca antes habían participado en el movimiento educativo. La necesidad de la convocatoria de huelga ya estaba sobre la mesa por parte de todas estas organizaciones desde hace tiempo y la ilusión generada por las huelgas en Catalunya y Valencia, así como el hecho de que en Madrid se hubiera convocado huelga para el inicio de curso, impulsaron la convocatoria de huelga educativa en Andalucía, que se concretó para el 11 de noviembre, fecha que finalmente se ha convertido en huelga general de todos los sectores de trabajadores/as.
El papel que han jugado las direcciones de CCOO y UGT ha sido el de casi siempre: no sumarse a la convocatoria de huelga que le reclamaba el movimiento educativo, salvo a partir de la convocatoria de huelga general a nivel estatal para el 11N. Están completamente al margen de las coordinaciones del movimiento educativo, que es el convocante de la huelga y las movilizaciones educativas.
La crisis de la vivienda también está llevando a mucha gente a organizarse y salir a la calle. ¿Cómo se cruzan la precariedad educativa y la crisis de la vivienda en la vida de quienes trabajan en las aulas? ¿Qué alianzas se están construyendo o podrían construirse entre ambos movimientos?
P: Más allá de los problemas que tenemos muchas docentes para pagar los precios desorbitados de los alquileres,está claro que la crisis social tiene su impacto en las aulas, que reflejan los grandes problemas y desigualdades sociales, como las dificultades económicas de millones de familias trabajadoras, la carestía de la vida o la crisis de la vivienda, agravada los últimos años. Quienes trabajamos en escuelas de barrios obreros lidiamos todos los cursos con no pocos alumnos/as cuyas familias enfrentan procesos de desahucios, viven en infraviviendas, hacinadas en habitaciones realquiladas o sobreviven sistemáticamente a cortes de suministros. Para ilustrar la magnitud de esta crisis, tan solo en el tercer trimestre del curso pasado, 115 alumnos/as de 46 centros de Barcelona sufrieron un desahucio y otros 180, junto con sus familias, se vieron obligados/as a vivir en pensiones. La mayoría de familias desahuciadas suelen ser realojadas temporalmente en hoteles, albergues o pensiones lejos de las escuelas de sus hijos/as e, incluso, en otros municipios. Todas estas situaciones incrementan exponencialmente el riesgo de sufrir problemas de salud física y mental y dificultan enormemente que los/las niños/as y adolescentes puedan estudiar y aprender en igualdad de condiciones que sus compañeros/as. No es posible garantizar el derecho a la educación para nuestros/as alumnos/as si la vivienda digna no está garantizada para ellos/as y sus familias.
En los últimos años el movimiento por la vivienda dio un paso adelante en la lucha por una vivienda digna para todos y todas. Desde los Sindicatos de Inquilinas, las PAHC y los diferentes colectivos de vivienda a escala local empezaron a organizar movilizaciones y acciones en todo el territorio catalán. De hecho, nunca han dejado de movilizarse para parar los desahucios que se suceden casi cotidianamente en nuestras ciudades, muchos de ellos, a familias con menores a cargo. A principios del año pasado el profesorado catalán se empezó a organizar alrededor de las plataformas “Docentes por la vivienda”, espacios unitarios que tratan de visibilizar el impacto de la crisis de la vivienda en las aulas y llaman a la comunidad educativa a no ser indiferente ante la violencia que supone que niños/as y jóvenes, de un día para el otro, se queden sin hogar o que tengan que vivir en alojamientos temporales de forma precaria. Dichas plataformas son claves para fortalecer la lucha contra los desahucios, junto con el movimiento por la vivienda (las PAHs y los Sindicatos de Inquilinas) pero también para exigirle a las administraciones, desde ayuntamientos hasta el Parlamento y el Congreso de los Diputados, que apliquen de forma urgente medidas para atajar la situación. Entre las medidas que estas plataformas incorporan en su tabla reivindicativa se destaca la prohibición efectiva de todo desahucio, especialmente si hay menores en ellos, de personas que carezcan de alternativa habitacional digna y la confiscación de pisos vacíos de bancos y Fondos Buitre y el aumento del parque público de vivienda de alquiler protegido para que este sea digno de tal nombre.
El profesorado y los/las trabajadores/as de la educación pueden jugar un rol clave en las luchas sociales. Así fue como a principios de este año los/las docentes de Minneapolis convirtieron las escuelas en verdaderas fortalezas de resistencia contra el terror del ICE, que secuestraba personas inmigrantes, también niños, en plena calle, frente a sus casas o en la escuela. Organizados/as en amplias redes de solidaridad, junto con vecinos/as, padres y madres, los/las docentes han sido fundamentales para articular la resistencia, transformando los centros educativos en la primera línea de defensa de los/las menores migrantes y sus familias.
Así, la alianza entre la comunidad educativa y el movimiento de vivienda puede ser (¡y es!) crucial. A modo de ejemplo, el pasado 23 de septiembre algunos sindicatos convocaron un paro de tres horas en Manresa para defender a las familias (¡y a los nueve menores!) que vivían en un bloque de pisos (propiedad del Fondo Buitre Cerberus) ocupado por la PAHC Bages en 2021 y que tenían la orden de desahucio para ese mismo día. El objetivo del paro era garantizar que toda la comunidad educativa se sumara a la movilización para impedir el desahucio.
M: La crisis de la vivienda es especialmente profunda en la ciudad y la provincia de Málaga, donde estamos viendo cómo incluso médicos interinos duermen en furgonetas en la puerta del hospital porque no pueden pagar un piso de alquiler. Los/as docentes interinos/as, que vienen a cubrir sustituciones de compañeros/as, tienen serias dificultades para encontrar vivienda, un problema al que las administraciones no han dado ninguna solución, como no la han dado para personas en situaciones de mayor vulnerabilidad.
En Málaga, el movimiento por la vivienda lleva organizado desde hace dos años y medio en Málaga para Vivir, una asamblea abierta centrada en la vivienda, la precariedad laboral y la defensa del territorio público, que ha organizado las movilizaciones masivas de los últimos años. Participan compañeros/as que forman parte de distintas organizaciones políticas, sindicales y sociales, y otras personas no adscritas a ningún otro colectivo. Más allá de las acciones y movilizaciones concretas cuya importancia es indiscutible, Málaga para Vivir es un espacio unitario, donde tendemos lazos y acción común entre compañeros/as de muchas organizaciones. Desde el curso pasado, la campaña central de este colectivo se ha centrado en difundir la necesidad de una huelga general por la vivienda.
El desahucio de Maricarmen lanzó a la gente a acampar en las plazas de muchas ciudades del Estado español. La consigna de la huelga que se gritaba en las plazas arrancó a las direcciones sindicales la convocatoria del 11N, que han evitado durante catorce años (la última huelga general fue en 2012). A partir de ese momento, la experiencia de acción común llevada a cabo en Málaga para Vivir permitió constituir un Comité de Huelga, encargado de coordinar las acciones previas y el día de la huelga en la ciudad de Málaga y en parte de la provincia, en el que participan todas las organizaciones que están llamando a la huelga, incluidos los sindicatos, además de personas no adscritas a ninguna organización. En este Comité de Huelga está participando también el movimiento educativo, tanto a nivel de educación obligatoria como a nivel universitario, que se organizan a través de distintos colectivos. En concreto, los/as estudiantes universitarios/as han lanzado una campaña: “Vivir en el barrio, estudiar en la pública” que vincula la problemática de la vivienda de los/as jóvenes y de la falta de recursos para estudiar, llamando a la huelga del 11N. La coordinación entre ambos movimientos, el educativo y el de la vivienda, es aún incipiente y debe consolidarse tras la huelga.
Ante la huelga general convocada para el 11N, ¿pensáis sumaros? ¿Qué tendría que ocurrir para que esta convocatoria ayudara a extender y coordinar las luchas? ¿Por qué creéis que no se llamó antes a una huelga general?
P: Sí, sin duda, me voy a sumar a la huelga general, como muchas otras docentes. De hecho, la asamblea de mi centro ya se ha adherido a la huelga y estamos organizando, junto con la asamblea de estudiantes del instituto, piquetes informativos, pancartas, encarteladas y pasaclases. Igualmente, en CGT Sabadell estamos participando del comité de huelga de la ciudad y, a la vez, organizando un calendario de piquetes informativos por barrios y polígonos para que nadie se quede sin saber que hay una huelga general convocada, los motivos de la misma, cómo organizarla en cada centro de trabajo y qué derechos tienen los/las trabajadores/as.
El primer paso para empezar a organizar la huelga era llamar a comités de huelga unitarios en cada barrio y en cada municipio, y poner en marcha los comités de empresa, allá donde existiesen, para empezar a organizar democráticamente y por abajo la jornada de huelga. En Catalunya hay constituidos comités de huelga en prácticamente todos los municipios. El problema es que la clase trabajadora, organizada y movilizada como clase, no es la vanguardia de este ascenso social. A ello se le suma un contexto de enorme dispersión sindical, en el cual el sindicalismo alternativo, aunque está creciendo, es todavía minoritario en muchos sectores, y el sindicalismo de la concertación, en no pocos casos, es mayoritario en sectores estratégicos de la lucha de clases. Debemos poner todos nuestros esfuerzos en coordinar los comités de huelga barriales y municipales con los comités de empresa, asambleas de trabajadores/as y secciones sindicales que ya han manifestado su apoyo y adhesión a la huelga general. Además, me parece fundamental que la huelga del 11N sirva como impulso a otras luchas que ya están en curso, como la del personal sanitario (que, mientras escribo estas líneas, se están movilizando en una nueva jornada de huelga), la de los/las docentes, que tenemos huelga convocada a finales de noviembre o los maquinistas ferroviarios de Renfe, que han iniciado un nuevo ciclo de luchas después del reciente accidente de tren en Toledo.
Si llevamos catorce años sin una huelga general, es por una combinación de factores. Primero, desde nuestra perspectiva, las direcciones de CCOO y UGT, así como los gobiernos del PSOE, Unidas Podemos y Sumar, han contribuido a mantener las luchas aisladas y bajo control. La burocracia sindical no se opuso a medidas que, a nuestro juicio, perjudicaron a la clase trabajadora, incluida la última Reforma Laboral. Segundo, el gobierno de Sánchez gobierna con una mayoría parlamentaria frágil, mientras crecen la derecha y la extrema derecha; las direcciones sindicales no querían afrontar una huelga en ese contexto. El rechazo parlamentario de los decretos de vivienda precipitó el adelanto electoral. Tercero, el estallido social tras el desahucio de Maricarmen, junto con el movimiento organizado fuera de los aparatos sindicales y el papel del Sindicato de Inquilinas, hicieron imposible ignorar la demanda de huelga. No podemos ser ingenuas: las direcciones también pueden intentar encauzar la jornada hacia la campaña electoral y devolver el conflicto a las instituciones. Por eso, debemos defender la autonomía y la continuidad de la movilización.
Quienes militamos en la izquierda revolucionaria, codo a codo con los movimientos sociales y los sindicatos de clase, debemos dar la pelea para que el 11N no se convierta en una jornada aislada de disputa entre lo que algunos/as llaman “el progresismo” frente al “fascismo”. No hay otro camino que construir la huelga general y avanzar en la organización y movilización de la clase trabajadora como la mejor herramienta para combatir a la extrema derecha y como única vía para enfrentar al próximo gobierno que surja de las urnas, sea del color del que sea.
M: Totalmente de acuerdo con el análisis de la compañera sobre por qué no se ha convocado antes la huelga y por qué sí se convoca ahora. El movimiento educativo en Andalucía ya estaba llamando a huelga para el día 11 de noviembre, en la que estaba convocado todo el profesorado andaluz. En el momento en que se transformó en una huelga general a nivel estatal, el movimiento decidió sumarse a ella, llamando a toda la comunidad educativa a participar también en las reivindicaciones que venía demandando.
Es un pequeño ejemplo de cómo se puede lograr que se extienda la huelga. Es necesario sumar a todos los sectores, coordinar sus acciones y mantener una lucha sostenida por nuestras condiciones de vida: salarios, educación, sanidad, vivienda… Los comités que se están creando deben consolidarse tras el día de la huelga y mantener la coordinación de todos los sectores y colectivos mucho más allá de esa jornada. La autoorganización debe darse en los centros de trabajo, de estudio, en los barrios…
Las movilizaciones se están dando en Francia, Italia, Albania, Serbia… Hay que construir un movimiento internacional que pueda coordinar todos esos movimientos y poder atacar a una escala mayor. La huelga feminista internacional de hace unos años es un primer ejemplo del camino a seguir. Se trata de lograr parar masivamente el mundo, o una buena parte del mismo, y demostrar al capital global la fuerza que tiene la clase trabajadora cuando se organiza y lucha.
Muchas reivindicaciones —mejores salarios, más personal, menos carga de trabajo y una educación pública digna— chocan con las prioridades de quienes gobiernan y con los intereses privados. ¿Qué programa podría dar una salida de fondo a estas demandas? ¿Qué implicaría plantear una alternativa socialista y revolucionaria en la educación?
M: Además de acabar con el negocio de la educación y reforzar los recursos destinados, materiales y, sobre todo, humanos, el sistema educativo tiene que cambiar de raíz. La escuela actual tiene una función central en el sistema: responder a las exigencias de la estructura laboral y perpetuar el statu quo.
La escuela sirve fundamentalmente para formar a los/as trabajadores/as del mañana y determinar así sus condiciones laborales y, con ello, de vida. Todo ese discurso que proclama que la escuela pública es un “ascensor social” es una mentira, básicamente, hace lo contrario: reproducir y perpetuar las condiciones de partida del alumno. Y no es una dinámica inconsciente: el sistema requiere trabajadores/as cualificados/as, pero también trabajadores/as sin ningún tipo de cualificación, a los/as que puede sobreexplotar y mandar al paro cuando no le sean útiles. La escuela está diseñada para cumplir con esta función: formar la mano de obra que responda a la estructura laboral requerida por el sistema y, para ello, también debe inculcar en las cabezas del alumnado las ideas que perpetúan el statu quo de la sociedad. La educación memorística, el estar sentados/as durante 5 o 6 horas seguidas trabajando, el llevar deberes para casa, la evaluación… Todo para acostumbrar a la persona a la dinámica laboral que vivirá dentro de pocos años y para mostrarle que no hay alternativa, que es lo que hay y tiene que acatarlo.
La educación que perseguimos es una educación centrada en generar herramientas para que las personas puedan analizar de forma crítica su realidad y contribuir a mejorarla, y que sirva para su crecimiento personal y colectivo. Una educación que persiga la transformación de la persona y de la realidad, no una centrada en contribuir a un mercado laboral en ruinas y a un sistema que genera y perpetúa la desigualdad y la miseria. Una escuela construida sobre otros pilares también tiene formas concretas muy distintas de la escuela-fábrica actual. Supone una transformación radical de la escuela que conocemos en el capitalismo.
Conseguir un sistema educativo verdaderamente centrado en las necesidades de las personas implicaría reconstruirlo sobre otros pilares. El capitalismo aprendió hace mucho que la escuela es un instrumento perfecto para sus intereses, por lo que no va a dejar que se le salga de las manos y, mientras el sistema esté dominado por el capital, la escuela seguirá respondiendo a su voluntad y no a las necesidades sociales. Por lo tanto, la única vía para construir el sistema educativo que queremos es acabar con el sistema capitalista y establecer una educación socialista.
P: Creo que la compañera lo ha explicado sobradamente. Nuestra defensa de la educación pública es una defensa contra la neoliberalización de la educación, contra la intervención de las empresas millonarias, por la mejora de las condiciones laborales de los/las trabajadores/as y por el derecho de todos/as los/las niños/as y jóvenes a aprender y construir un futuro mejor, pero siendo plenamente conscientes que el sistema público de educación, en este mundo, no es más que un mecanismo de legitimación de las clases sociales.
Nosotras, militantes revolucionarias, luchamos por la transformación socialista de la sociedad y tenemos claro que ningún gobierno que gobierne bajo la lógica capitalista será capaz de garantizar una educación (ni servicios públicos) verdaderamente de calidad, al servicio de las necesidades sociales y humanas. La destrucción de los servicios públicos no es simplemente el resultado de la mala gestión de uno u otro gobierno. Es consecuencia de una sociedad en la que las necesidades de la mayoría están subordinadas a los intereses de quienes poseen y controlan los medios de producción, la apropiación y la distribución de la riqueza. Por eso, cuando hablamos de las reivindicaciones del profesorado, decimos que es necesaria una inyección urgente de financiación para aumentar los recursos materiales y humanos en educación, pero que eso no será suficiente. Debemos acabar con el negocio educativo mediante la expropiación de las escuelas privadas y concertadas y su incorporación a una única red pública; que las empresas que se lucran con la actividad educativa pasen a estar bajo el control de quienes trabajan en ellas, así como la creación de un cuerpo único de trabajadores/as educativos que acabe con las desigualdades entre trabajadores/as de distintas categorías.
Por eso denunciamos a toda la izquierda reformista, porque, a pesar de los discursos y la buena voluntad, en última instancia, cuando gobierna, lo hace reproduciendo la lógica del capital y defendiendo los intereses de los/las propietarios/se y amos del mundo. Por eso, gobierno tras gobierno, incluso los que se presentan como defensores de lo público terminan aceptando los límites impuestos por el propio sistema, recortando, privatizando, externalizando y favoreciendo el negocio concertado y privado, mientras se exige a los/as trabajadores/as que hagamos cada vez más con menos recursos.
¿Qué balance hacéis de Podemos y de las propuestas de un Frente Amplio?
M: Muchas de las propuestas en materia educativa que hacen tanto Unidas Podemos como las distintas organizaciones que integran el Frente Amplio son correctas: más inversión en educación, reducción de la ratio, más contratación, etc. Sin embargo, hemos visto cómo no implementan ninguna de ellas cuando participan de los gobiernos: primero Unidas Podemos y luego Sumar, han servido de muleta a los gobiernos del PSOE, que han aplicado sistemáticamente políticas neoliberales de recorte de los servicios públicos, externalización y privatización de los mismos.
Sin embargo, hemos visto que sí se consiguen mejoras salariales y en otras condiciones con la huelga: ese es el camino que nos puede llevar a imponer nuestras reivindicaciones. Seguir construyendo la organización en los centros educativos, coordinarla y mantener una lucha que se pueda unir a la de los demás sectores hasta lograr las reivindicaciones que nos planteamos.
P: Comparto la crítica al paso de Unidas Podemos al gobierno. No se trata de explicar su política por la traición individual de dirigentes, sino de preguntarnos qué intereses de clase expresó ese proyecto. Con Pablo Iglesias como vicepresidente, varios compromisos centrales quedaron pendientes. La realidad es cruda: con Pablo Iglesias como vicepresidente y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, la mayoría de los compromisos centrales de su partido quedaron en papel mojado, empezando por la Reforma laboral y continuando con la Ley Mordaza, que hoy sigue en vigor. El precio de la luz se disparó, el precio del alquiler no se reguló y, después de anunciar no pocas veces la prohibición de los desahucios, estos siguieron, sin ofrecer ningún tipo de alternativa habitacional. También cuestiono el balance laboral del gobierno: las afirmaciones sobre el coste del despido y la duración de los contratos deben precisarse y documentarse. A mi juicio, Unidas Podemos aceptó las reglas institucionales del régimen del 78 y desplazó la movilización social. En una conferencia en la UCM, Iglesias defendió que “las cosas se cambian desde las instituciones”; conviene verificar la cita exacta y añadir la fecha y la fuente. Podemos pasó de denunciar “la casta” a buscar gobernar con el PSOE, una trayectoria que, sostengo, abrió espacio a la derecha y la ultraderecha entre trabajadores/as decepcionados/as.
En realidad, este debate no se limita al Estado español. Al tiempo que aquí se desarrollaba Podemos, se consolidaba Syriza en Grecia (en 2012), crecía el Democratic Socialists of America (desde 2016) y La France insoumise en Francia (en 2016). Todas estas experiencias contribuyeron al debate sobre la reorganización política de la izquierda tras la crisis abierta en 2008 y nos dejaron una valiosa lección: el verdadero problema no es únicamente el programa electoral de quien se presenta, ni la amplitud organizativa, sino la estrategia que sustenta su proyecto político y los intereses a los que sirve.
Entiendo perfectamente a quienes, bajo el azote de la llegada de la ultraderecha al gobierno, opinan que hay que unificar a toda la “izquierda” y ven en el Frente Amplio una oportunidad para fortalecer el “voto progresista”. La cuestión aquí es que las principales reivindicaciones en materia de vivienda, servicios públicos o derechos laborales son incompatibles con el poder y los intereses de los grandes bancos, los fondos buitre, los especuladores y los jefes de las grandes empresas multinacionales. Cualquier fórmula de gobierno que no plantee una ruptura inmediata con las principales instituciones del capitalismo no es más que una cortina de humo. Ante la unidad a cualquier costo, contar escaños sirve de muy poco sin un programa que defienda las grandes necesidades sociales ni una estrategia que pase por expropiar a los grandes tenedores y nacionalizar los sectores estratégicos bajo control obrero. La verdadera pregunta que debemos hacernos es qué fuerza social necesitamos y cómo organizarla para que, cuando quienes tienen el poder se nieguen a imponer las medidas que tanto necesitamos, podamos defenderlas y conquistarlas desde las calles.
Con las elecciones siempre en el horizonte, ¿qué relación debería haber entre las luchas sociales y la política electoral?
M: Las luchas sociales deben seguir peleando, gobierne quien gobierne. En un momento electoral, más aún si cabe, pues el gobierno que se constituya lo hará al calor de las luchas en la calle, de la huelga y de la movilización masivas, y tendrá que esquivar la presión social desde el inicio de su legislatura. Pero es imprescindible que el movimiento continúe, se coordine, se consolide y dé saltos para poder imponer sus reivindicaciones.
Actualmente, los y las militantes revolucionarias debemos centrarnos en reconstruir el movimiento obrero, unificar las luchas de los distintos sectores, construir frentes de acción comunes entre las organizaciones y reforzar la unidad de los/as trabajadores/as. La batalla electoral con un fin no institucional, es decir, participar en las instituciones, pero con el objetivo de amplificar la lucha, servir de altavoz y utilizar los recursos para profundizar la lucha de clases, es una batalla legítima que un movimiento podría plantearse. Sin embargo, en el contexto actual, es impensable que los movimientos decidan participar en las instituciones. De experiencias como la de Podemos se aprende que la dinámica electoralista e institucionalista derivó en un giro a la derecha respecto del programa que se defendía en las calles. Para no caer en una dinámica similar, el movimiento debería contar con cohesión, coordinación y experiencia que hoy no tiene, por lo que considero que las luchas sociales deben quedarse totalmente al margen de la participación en las elecciones, pero sí deben aprovechar los momentos electorales para hacer campañas o, como ahora, forzar huelgas que pongan sobre la mesa las reivindicaciones de los distintos sectores.
P: Como ya ha explicado la compañera, para imponer las demandas de la clase trabajadora la lucha debe extenderse, coordinarse y consolidarse.Tenemos claro quelas grandes transformaciones sociales no vendrán de elecciones ni de instituciones controladas por los ricos, sino de la movilización directa de la clase trabajadora y de la juventud organizada. La acción de masas directa —huelgas, paros laborales, ocupaciones, manifestaciones, bloqueos, piquetes y otras formas de lucha— es el principal instrumento histórico para la transformación social.
Como la inmensa mayoría de trabajadores/as confía en las instituciones burguesas, los/las revolucionarios/as tenemos la obligación de usar ese espacio como un frente más en la batalla por construir una alternativa socialista y revolucionaria. Como dice la compañera, hoy no hay condiciones para hacerlo y sería un error plantearlo como tarea inmediata. Estratégicamente, me parece que el debate no es si los movimientos sociales deben presentarse a elecciones, sino con qué programa. En 2015, Sindicalistas por la Unidad Popular (SpUP) se conformó en torno a un acuerdo programático para que la clase obrera entrara en acción y ocupara el centro del tablero político. Sus candidatos/as se presentaron a las primarias de Ahora en Común-Unidad Popular con el compromiso de defender ese programa, sin dejar en manos ajenas la tarea de la clase obrera. Existe, sin embargo, el peligro de cooptación institucional. Los movimientos sociales, los sindicatos y los/las activistas no deben hacerle el juego a ningún bloque burgués, aunque se presente con una cara más amable y «progresista».
Para cerrar: ¿qué pasos concretos ayudarían a que las movilizaciones actuales no quedaran aisladas y pudieran construir una fuerza común entre trabajadoras de la educación, estudiantes, familias y quienes luchan por la vivienda?
M: Es fundamental la creación y consolidación de los comités de huelga, que sirvan de coordinación entre todos los sectores, colectivos, organizaciones y personas dispuestas a continuar la lucha. Dichos comités deben, a su vez, coordinarse entre sí y elaborar una hoja de ruta de movilizaciones que puede incluir huelgas rotativas por sectores, movilizaciones centralizadas en Madrid, manifestaciones descentralizadas, etc. Estos comités, al menos en Málaga, ya son el punto de encuentro y de coordinación de todos los colectivos que llaman a la huelga. El germen ya está, lo que tiene es que consolidarse, seguir organizando a gente y coordinándose con otros comités a nivel estatal.
P: El primer desafío es mantener las asambleas docentes e incorporar a estudiantes, familias y otros/as trabajadores/as de la educación. Para coordinarse con el movimiento de vivienda, las asambleas deben trabajar con los comités de huelga y sostenerlos después del 11N como espacios de unidad de acción. También debemos incorporar las reivindicaciones de quienes trabajan en los servicios públicos al conjunto de las demandas de la clase trabajadora.
Pensando en una perspectiva más estratégica, creo que necesitamos fortalecer una alternativa política que tenga claro que no basta con presionar a los gobiernos para que gobiernen de otra manera; que reúna a los sectores más conscientes y combativos de la clase trabajadora, promoviendo la organización democrática del movimiento de masas y su generalización y que haga posible que este movimiento organizado acabe tomando el poder en sus manos, sin delegarlo a nadie, para iniciar la transformación socialista de la sociedad.