La coyuntura mundial está marcada por el auge de la derecha y ultraderecha a nivel internacional, que se ceba especialmente con los sectores más empobrecidos de la clase trabajadora, siendo uno de estos, las personas migrantes y racializadas, a quienes ya hace tiempo han puesto una diana en la frente.
Por: Corriente Roja
La muestra más clara de ello es la agresiva política antiinmigrante de Trump, desplegando agentes del ICE en los barrios más pobres para desatar una cacería contra toda la población en situación irregular en territorio yanki: más de 675 mil deportaciones desde que D. Trump asumió el segundo mandato como presidente de EE. UU. Pero esto no es ninguna novedad, tampoco es que antes de él no hubiera deportaciones, pero estas se enmarcan en un ataque feroz contra los derechos democráticos de los sectores más oprimidos de la clase trabajadora estadounidense, como el colectivo LGTBIQ+ y migrante. No es de extrañar, pues desde Washington llevan la batuta del discurso y las acciones de la ultraderecha, el gobierno de Trump es el modelo a seguir de tipos como Milei y Bukele en América Latina, de gobiernos como el de Meloni, Putin y Orban en Europa y, más en pequeña escala, de Abascal y Ayuso en el Estado español.
Europa también busca crear su ICE
A nivel europeo, los fracasos de los gobiernos progresistas han sido caldo de cultivo para la ultraderecha. Gobiernos como el de Meloni en Italia u Orban en Hungría son ejemplos de cómo la burguesía pretende tratar a los/las migrantes en el continente. Italia ha construido centros de detención en Albania, misma política que aprobó el Parlamento europeo en 2024 y que en junio de 2026 debería estar aplicada ya en los estados miembros.
La ley ya está aprobada, pero la ultraderecha europea cierra filas e introduce nuevos agregados como, por ejemplo, que la policía en los Estados de la Unión Europea pueda realizar redadas de carácter racista, identificaciones sólo por el color o rasgos característicos de otras nacionalidades. En las costas del Mediterráneo, la Unión Europea tiene organismos como FRONTEX que desde 2015 se encarga de interceptar lanchas con migrantes a bordo, detenerlos y asegurar un retorno en caliente a otros países fuera de territorio europeo, para que quienes se manchen las manos sean otros y la UE pueda seguir enarbolando su bandera de defensa de los derechos humanos, mientras miles son obligados a morir en el camino en su intento por llegar a Europa.
En los últimos años, FRONTEX aumentó de forma exagerada su presupuesto, pasando de 6 millones de euros en 2004, año en que se crea este organismo; a 89,54 millones en 2012 y 1.100 millones para el año 2026. Dicho aumento, además de ser desorbitado, es consecuente con la política de la UE que prevé que para el año 2027 FRONTEX cuente con 10 mil agentes activos haciendo trabajos de vigilancia y compartiendo información con los cuerpos policiales de los Estados Europeos para combatir la “criminalidad”, nada que envidiar al ICE estadounidense. Eso tampoco es de extrañar, ya que los gobiernos europeos han actuado como verdaderos títeres serviles al gobierno estadounidense, quien desde hace años aplica la misma política migratoria en América Latina. Es imprescindible incluir la tarea de tumbar el Pacto de Migración y Asilo (PEMA) aprobado en 2024 y fortalecido gracias a la extrema derecha europea.
Los discursos hipócritas del gobierno español
En el Estado español, nos encontramos con el gobierno de Sánchez aplicando una política de “pan y garrote”, esto es, por un lado se vanagloria de “otorgar derechos” a las personas migrantes con la regularización extraordinaria de 500.000 personas migrantes que YA vivían en el Estado español, pero, por otro lado, no duda en alinearse con Junts en Catalunya para aprobar medidas de tinte racista, como la ley de “multirreincidencia”, que no es más que otro obstáculo para poder optar a una residencia que saque de la clandestinidad a las personas migrantes.
Sánchez, sin vergüenza alguna, saluda con sombrero ajeno al presentar la regularización masiva como un “regalo” del gobierno progresista. Lo que no dice es que la Iniciativa de Ley estaba presentada desde hacía ya cuatro años con la campaña Regularización Ya, encabezada por la organización de migrantes del mismo nombre, que impulsó una recolecta de firmas con más de 700 organizaciones del movimiento popular, superando las 500,000 firmas solicitadas por el Congreso de los/las diputados/as. También el PSOE parece padecer de amnesia al presentarse como el héroe antirracista, pues nosotras no olvidamos E: donde al menos 37 personas fueron asesinadas por intentar cruzar la frontera. Todo ello, bajo jurisdicción española y con Marlaska como ministro de Interior.
Sin duda, la regularización masiva es una victoria del movimiento migrante organizado y movilizado quien logró con un tremendo trabajo a pie de calle concienciar a la población sobre la necesidad de regularizar a más de 500 mil personas que viven en la clandestinidad, invisibilizados y sin poder acceder a derechos laborales básicos, trabajando en condiciones casi de esclavitud como lo es en el campo. Es necesario exigir la investigación de Melilla y la dimisión de Marlaska.
En el Estado español, las personas migradas sostienen sectores de la economía, como la construcción, la hostelería, los cuidados, etc., y muchos lo hacen sin un contrato laboral. En comunidades como Andalucía la mano de obra extranjera en la agricultura representa un 27%, siendo un total de 107 mil afiliados/as como jornaleros, de los 400,000 afiliados en total, en su mayoría provenientes de Marruecos. En Madrid y Cataluña representan un grueso porcentaje en sectores como la construcción y los cuidados, la mano de obra migrante en Cataluña representa un 24,5% en el rubro y Madrid un 22,8% siendo estas comunidades las que tienen mayor inversión en el sector inmobiliario; en el sector de cuidados en Cataluña la comunidad migrante representa un 48% convirtiéndose así en la comunidad con mayor cantidad de personas migrantes realizando trabajo doméstico y en Madrid representan un 44%.
Estos porcentajes no son del todo reales, ya que sólo se incluyen a las personas que tienen un permiso de residencia y no las que están en situación irregular administrativa. Si se tomaran en cuenta, las cifras en Cataluña llegarían a un total de 60% de personas realizando trabajos de cuidados. Un dato no menor es que el 95% de las personas migrantes que ejercen este trabajo son mujeres, alrededor de unas 200.000 trabajan sin documentos y en condiciones de semi esclavitud, con jornadas interminables, sufriendo acoso verbal y sexual y que no denuncian por miedo a tener repercusiones por no contar con un permiso de trabajo. La regularización de toda la población migrante se convierte en una necesidad para que la comunidad migrante pueda acceder a derechos básicos como un contrato de trabajo y condiciones laborales más dignas, y seguir luchando por el derecho universal a la vivienda.
La Ultraderecha en el Estado español y su discurso antiinmigrante
Como mencionamos con anterioridad, a nivel europeo se está dando un auge de la ultraderecha y sus políticas racistas y el Estado español no se queda atrás. Partidos como VOX y la derecha tradicional como el Partido Popular cierran filas y se cuadran contra la población migrante, arreciando su discurso racista y xenófobo y alegando que la inseguridad aumenta según aumenta la migración, que las personas migrantes vienen a quitar los puestos de trabajo a los nacionales, que vienen a vivir de las ayudas del Estado… pero nada de esto es verdad, y la realidad choca de pleno con su discurso racista: son las migrantes quienes asumen los trabajos más precarios; no existe ningún tipo de ayuda para personas migrantes y, para acceder a cualquiera de las ayudas del Estado es indispensable estar empadronado, haber residido como mínimo 2 años en el mismo sitio y estar dado de alta en la Seguridad Social. Desde luego, es impensable que toda esa población que no tiene siquiera permiso de residencia pueda acceder a cualquier subsidio con sus condiciones.
Otro factor que no quiere mencionar la derecha y ultraderecha española es que quienes quitan el trabajo son las empresas que aplican EREs en pos de desindustrializar el país, y que sus socios empresarios piden que se les bajen los impuestos y se les incrementen a los/las trabajadores/las, lo que afecta directamente a programas como las pensiones, las mismas que ellos buscan desmantelar. En cambio, con la entrada de migrantes al mercado laboral, suben las cotizaciones a la Seguridad Social, lo que lleva a amortiguar las ya pírricas pensiones, que deberían estar garantizadas por los Presupuestos Generales del Estado.
Por otro lado, hay que mencionar que sigue habiendo un racismo institucional que arremete contra la población migrante, un sistema judicial y cuerpos policiales del Estado herederos del Franquismo que se ensañan contra este sector, sobre todo con las personas provenientes de África. En ciudades como Barcelona, la policía ejecuta requisas en lugares como la Rambla, decomisando los productos a personas que venden en la calle buscando así llevar dinero a sus casas para poder subsistir, en un país que le niega algo tan esencial, como el derecho a un trabajo digno.
También hemos visto como impunemente la policía aumenta la violencia hacia los migrantes, desde insultos racistas y palizas hasta detenciones que han terminado en el asesinato de personas migrantes a manos de oficiales de la policía, como el caso de Abderrahim, quien fue asfixiado por un policía en Torrejon, Madrid, a plena vista de los vecinos; el caso de Idrissa Diallo, que murió por falta de asistencia médica en un CIE, en Barcelona; o el escandaloso y más reciente caso de Haitam Mejri, en Málaga, a quien la policía asesinó a golpe de táser y, pese a estar grabado, el caso está paralizado en los jugados. Y hay muchos más. Hay que acabar con la impunidad policial y judicial, y exigir el cierre inmediato de todos los CIEs, que son un atentado contra los derechos humanos.
Este accionar va de la mano con lo que sucede a nivel internacional, un aumento de la fuerza de los cuerpos represivos del Estado contra los sectores más desprotegidos de la clase trabajadora, a quienes usan como chivo expiatorio de la crisis del capitalismo. Por otro lado, en comunidades como Catalunya, la ley de multirreincidencia ha abierto un abanico de redadas racistas en estaciones de trenes y barrios donde se conoce que hay una amplia población migrante, con la excusa de mantener la seguridad en las ciudades.
El papel del Estado español como país imperialista
La migración forzada tiene diversas causas: conflictos bélicos, violencia, pobreza… Pero es necesario abordar una cuestión mucho más profunda y que apunta directamente a la responsabilidad del Estado español y otros países imperialistas, y es su relación con las colonias. Por ejemplo, en América Latina, el Estado español es el segundo mayor inversor después de EE. UU., que tiene inversiones en diversos sectores como el financiero, el energético y las energías renovables y las telecomunicaciones. Para muchas de estas empresas el beneficio obtenido en la región supera incluso al que generan en el Estado español, gracias a que las burguesías y gobiernos de estos países semicoloniales y algunos convertidos en colonias nuevamente, abren las puertas de par en par a la inversión extranjera bajo la excusa de llevar desarrollo y generar empleos. Lo que no dicen es que generan empleos precarios, con salarios de hambre, que no alcanzan ni siquiera para pagar una renta: la mayoría de los salarios ronda entre los 500 y 700 euros al mes, mientras que los empresarios extraen cuantiosas ganancias.
Para muestra valga un botón: solo en 2025 las empresas del IBEX cerraron con beneficios récord de 65.500 millones de euros, de los cuales no queda nada en la región (ya que estas empresas siempre están exoneradas de pagar impuestos), más que puestos de trabajos destruidos, derechos laborales arrebatados, ya que figuras como la tercerización son su carta más preciada. En países como Brasil y México, el sector financiero extrae entre el 40% y el 50% de beneficios, siendo BBVA y Santander los que más plusvalía obtienen. Los beneficios que estas empresas extraen, no se ven reflejados en las condiciones de vida de la clase trabajadora de estos países, lo que obliga a migrar en busca de un mejor futuro para las familias a los países imperialistas de donde proviene el capital de estas. Es por todo esto que no se puede abordar la cuestión de la migración en el Estado español sin poner el acento en la responsabilidad de este como país imperialista. Cualquier otro discurso que no abarque esta cuestión está comprando el marco de la ultraderecha y, por tanto, haciendo un flaco favor a toda la clase trabajadora.
Combatir el racismo para unir a la clase… y unir a la clase para luchar contra toda forma de opresión
Desafortunadamente, muchas organizaciones que se llaman a sí mismas “de izquierdas” han creído que ser una organización de “clase” significa ser una organización de hombres blancos y cisheteros que trabajan en una fábrica, ignorando a la juventud, las mujeres, el colectivo LGBTI, personas racializadas, etc. Pero la realidad no tiene que nada que ver con esta caricatura de la clase obrera, que es diversa. Además, en esta época de decadencia capitalista, son los sectores más vulnerables quienes reciben los golpes más duros. Sabemos que la islamofobia, el antigitanismo, el racismo y la xenofobia son ideologías al servicio de una burguesía que quiere dividirnos entre nosotros para restarnos fuerza, para evitar que nos unamos contra el principal enemigo, que es común: no son los/las migrantes quienes nos quitan el trabajo, sino los empresarios para ganar más beneficio.
Estas ideologías que difunde la burguesía nos quieren hacer creer que la vida de los/las migrantes y las personas racializadas vale menos y es por eso que tenemos una tarea por delante: es más necesario que nunca unir a la clase trabajadora para enfrentar los ataques de la patronal y la ultraderecha, hacer de los barrios verdaderos bastiones donde no haya espacio para ningún tipo de agresión. Las organizaciones de la clase obrera tenemos que estar al servicio de los sectores más vulnerables de nuestra clase y hacer de su lucha nuestra lucha, porque lo es. Porque somos hermanos y hermanas de clase. Porque solo juntas podemos enfrentar los ataques del capitalismo y porque ninguna vida vale más que otra. La lucha contra toda opresión está subordinada a los intereses de clase del proletariado que, como hemos apuntado, es uno, es diverso y es internacional. Por tanto, el fin de toda opresión y explotación está íntimamente ligado a la confrontación con la estrategia y los proyectos neoliberales y reformistas burgueses, porque solo acabando con el capitalismo podemos acabar con la opresión y poner los cimientos para una sociedad libre, una sociedad socialista.