Una victoria que abre el camino
Este 1º de Mayo queremos empezar con una buena noticia: las seis trabajadoras de La Suiza ya están en libertad. Tras 267 días encarceladas injustamente, el indulto —agridulce, porque jamás deberían haber pisado la cárcel— les devuelve la libertad que nunca debieron perder. Se organizaron para enfrentarse al acoso laboral y sexual de un empresario, y lo obligaron a retroceder e incluso a marcharse con su negocio a otra ciudad. Su valentía y su organización demostraron algo fundamental: cuando la clase obrera se une y se moviliza, puede hacer retroceder al patrón.
Pero junto a esta victoria hay que señalar también la otra cara: los trabajadores del metal de Cádiz siguen siendo perseguidos mediante listas negras para que no les contraten si se atreven a protestar. La represión sindical no es un accidente. Cuando aumenta la producción, el capital intensifica la explotación y, con ella, los ataques a quienes se organizan. La Ley Mordaza —que este gobierno prometió derogar y no ha derogado— sigue criminalizando la protesta. Defender los derechos de la clase trabajadora nunca puede ser delito, por eso este 1M aprovechamos para mandar nuevamente todo nuestro apoyo a Jesús y Manuel, que encabezan ya más de 20 días de protesta.
Por: Corriente Roja
Un mundo en guerra, también nuestro imperialismo
Vivimos en una época de agresiones imperialistas permanentes. Rusia lleva más de cuatro años imponiendo una guerra de conquista al pueblo ucraniano, que resiste de forma heroica frente a uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Las ayudas de Occidente han sido siempre insuficientes y condicionadas: Trump no ha dejado de coquetear con Putin, y entre los dos han intentado repartirse el pastel ucraniano, uno anexionándose territorio y el otro expoliando sus recursos naturales. Mientras tanto, la Unión Europea —incapaz de articular una política autónoma y coherente— bloquea sus propias ayudas cuando Orbán lo decide y mira hacia otro lado.
Israel, con el apoyo directo de Estados Unidos y la complicidad del resto del mundo, está cometiendo desde hace más de 3 años un genocidio televisado contra el pueblo palestino. Una masacre que, lejos de terminar, se ha extendido: primero con los ataques al Líbano, y después con el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, donde intentaron la misma fórmula que en Venezuela —eliminar a la cúpula dirigente para imponer un gobierno títere— pero esta vez calcularon mal. La resistencia fue sin precedentes, con ataques directos contra intereses estadounidenses e israelíes en la región, el estrecho de Ormuz comprometido y el precio del petróleo disparado, hasta el punto de que Trump llegó a pedir a la comunidad internacional el levantamiento de las sanciones a Putin para abaratar el barril de petróleo: el síntoma más claro del caos que ha generado su propia política.
Pero hay un actor que los medios casi nunca señalan: la Unión Europea. Mientras se llena la boca con el derecho internacional, la UE sostiene y ha sostenido regímenes dictatoriales, ha intervenido militarmente en el Sahel, financia centros de internamiento para migrantes en Mauritania y es incapaz de imponer sanciones reales a Israel.
Sin embargo, la decadencia de las instituciones internacionales no empieza con Trump: viene de la crisis económica de 2008 y del propio funcionamiento del capitalismo. La ley del más fuerte no la inventó Trump: es la regla del juego de siempre, que Europa aplica cuando le conviene.
En ese sentido, pese a que Sánchez aparezca como el héroe anti-guerra y propalestino, nada más lejos de la realidad: sigue sin imponer un embargue real y efectivo de armas a Israel y sigue sin romper relaciones con el Estado sionista, permitiendo el desembarque de sus barcos de guerra en nuestros puertos, comprando armamento -perfectamente testado en palestinos- al Estado sionista e incluso fabricándolo para él. Esta complicidad es intolerable.
Ante esta coyuntura, la respuesta de Europa es el rearme. Alemania superó los 85.000 millones de euros en gasto militar en 2024 y aprobó un fondo adicional de 100.000 millones. Francia anunció la ampliación de su arsenal nuclear. Varios países recuperan el servicio militar obligatorio. Y el Estado español, pese al discurso de Sánchez, firmó el acuerdo de la OTAN que le obliga a destinar el 5% del PIB a la militarización. Este dinero tiene que salir de algún sitio. Y ya sabemos de dónde: de los presupuestos que deberían ir a sanidad, educación, vivienda y servicios públicos. La guerra se financia recortando lo que sostiene la vida de la mayoría.
No hay falta de dinero, hay elección de clase
Hay un hecho que es clave en todo este entramado, y es que redirigir el gasto militar no alcanza para rescatar los servicios públicos. Hace falta también ir a buscar el dinero donde realmente está: en los bolsillos de quienes más tienen. Los datos son brutales. Según el informe sobre desigualdad de la riqueza de la Agencia Tributaria, el 10% más rico de España acumula casi el 60% de toda la riqueza del país. El 1% más rico concentra en torno al 26% del patrimonio nacional. Y la mitad de la población —el 50% de los hogares más pobres— apenas llega al 7% del total. En los últimos 20 años, la brecha entre una familia situada en el 50% más pobre y una del 10% más rico se ha duplicado.
Las grandes corporaciones encadenan años de beneficios récord y los reparten generosamente entre sus accionistas, mientras tributan a tipos efectivos que son una fracción de lo que paga cualquier trabajador o pequeña empresa. En 2022, esas 50 grandes empresas repartieron 24.311 millones de euros en dividendos, un 44% más que en 2020. Y el sueldo medio de sus consejos de dirección es 91 veces el salario promedio de la empresa.
La derecha y la ultraderecha agitan la bandera de «bajar los impuestos», y un sector de la clase trabajadora lo ve con buenos ojos y con razón: muchos pagamos entre el 20% y el 25% de IRPF mientras el 1% más rico posee el 37% de toda la riqueza financiera del país y tributa al 5%. Pero la respuesta no es bajar impuestos a todos —eso beneficia principalmente a quienes más tienen—, sino aplicar una fiscalidad que grave de verdad a las grandes fortunas y corporaciones. Que los ricos paguen lo que les corresponde. Y que los trabajadores controlen a qué se destina lo que pagan. La corrupción —los casos Koldo, Mascarillas, los escándalos del Ministerio de Transportes— demuestra que, mientras el dinero público circule sin control real de quienes lo generan, siempre habrá quien se lo lleve.
Por eso nuestra consigna de este 1º de Mayo es doble y va unida: ¡beneficios empresariales y presupuestos militares para escuelas, hospitales y vivienda! Esto no es un eslogan vacío, sino un programa concreto: gravar los beneficios de las grandes empresas al mismo tipo efectivo que pagan los trabajadores, acabar con la evasión fiscal en paraísos fiscales, eliminar las exenciones a las corporaciones, y reconvertir el gasto militar en inversión pública real.
Lee aquí | Manifiesto del 1 de mayo de la LIT-Ci
La guerra en el bolsillo y contra los servicios públicos
Nos dicen que la economía española va bien, que baja el paro y que aumentan los cotizantes. Pero esa realidad no llega al día a día. El ataque de Estados Unidos e Israel a Irán ha provocado una nueva escalada especulativa del IPC: España no importa petróleo iraní, pero las empresas energéticas se anticiparon al conflicto —ya había petroleros con los depósitos llenos dando vueltas en los océanos antes de que empezaran los bombardeos— y trasladaron inmediatamente la subida a los precios. Así funciona el capitalismo: la guerra la pagan los pueblos con vidas y los trabajadores/as con el recibo de la luz y la cesta de la compra.
La subida de precios es un ataque directo al salario real. Exigimos que los salarios suban con el IPC. Pero también que el IPC no se aplique a la vivienda en alquiler: si un contrato es de 800€ al mes, tenemos el derecho de seguir pagando 800€ y no más, tenemos el derecho a no perder poder adquisitivo. Los alquileres se han disparado, impulsados, por un lado, por el turismo descontrolado que saca viviendas del mercado residencial y, por el otro, por los fondos de inversión que especulan con el derecho a un techo. Los datos son elocuentes: las generaciones nacidas antes de los años 70 tenían un 71% de acceso a la vivienda en propiedad; las nacidas en los 80, un 63%; las nacidas después de 1995, apenas un 34%. Hemos pasado de una mayoría de la clase trabajadora con acceso a una vivienda a una minoría con acceso real a ella. Para que la vivienda sea realmente un derecho universal, es necesario expropiar sin indemnización los pisos vacíos de bancos, fondos buitre y grandes tenedores, que se devuelva todo el desembolso que supuso el rescate bancario, ya sea en forma de vivienda o en dinero, y ponerlos al servicio de un gran parque de vivienda pública de alquiler social, bajo control de los y las trabajadoras.
Los servicios públicos llevan años en continuo deterioro, sufriendo recortes, congelación de salarios y privatizaciones. Incluso en aquellos ahora donde el gasto aumenta hay que mirarlo con lupa: el aumento del gasto en sanidad incluye millones que van a mutuas privadas que ahora gestionan también las bajas laborales comunes; los ayuntamientos externalizan la limpieza de colegios y hospitales a empresas privadas; los servicios de inserción laboral se contratan a fundaciones externas con trabajadoras a las que contratan seis meses y tienen que esperar un año para volver a ser contratadas. Es dinero público que engrasa beneficios privados.
Y esto lo hacen gobiernos de todos los colores. En Cataluña, el Govern del PSC —PSOE catalán— negocia a la baja con un profesorado que lleva veinte años con el salario congelado y, en vez de atender sus demandas, impone agentes de policía en los institutos públicos. En Madrid, Ayuso lidera las privatizaciones sanitarias más agresivas del Estado. Y en Alcalá del Río, Sevilla, las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio no luchan contra la derecha: luchan contra un ayuntamiento de Izquierda Unida que ha privatizado su servicio. La perspectiva estratégica no puede ser esperar a que llegue un gobierno “de izquierda” que lo arregle: necesitamos construir una izquierda que, cuando tenga responsabilidades de gobierno, sea consecuente con los intereses de la clase trabajadora y no acepte el modelo de colaboración público-privada, que defienda a capa y espada el lema de “gobierne quien gobierne, los servicios públicos se defienden.”
Frente a este panorama, son los propios trabajadores/as quienes están marcando el camino. Las educadoras infantiles en Madrid llevan una huelga indefinida organizada al margen de los grandes aparatos sindicales. El profesorado en Cataluña ha llenado las calles en dos jornadas de huelga, pese a los pactos traicioneros de CCOO y UGT, construidas en asambleas por centros y territorios. El profesorado valenciano comienza a movilizarse. El sector sanitario ha protagonizado huelgas y movilizaciones en todo el Estado. No es casualidad que todos estos movimientos surjan, en buena medida, por fuera de las burocracias sindicales de las grandes centrales, que han actuado sistemáticamente como freno: pidiendo calma ante sentencias favorables del Tribunal de Justicia Europeo, bloqueando demandas de interpretación de convenio y desconvocando movilizaciones. La autoorganización desde abajo es la respuesta.
Mientras tanto, el gobierno de PSOE/Sumar aprueba medidas de urgencia de 5.000 millones de euros para paliar el impacto de la guerra de Irán en la economía. Bien. Pero si hay capacidad para aprobar un plan de urgencia en días, ¿por qué no hay capacidad para un plan de rescate de los servicios públicos? ¿Por qué las medidas contra la ultraderecha se quedan en el discurso mientras se firma el compromiso del gasto militar con la OTAN? Sánchez se presenta como un bastión progresista en el panorama europeo, pero lo que está haciendo, si no va acompañado de cambios reales en las condiciones de la clase trabajadora, está preparando el terreno para la ultraderecha en el futuro.
Pero la pregunta que hay que hacerle siempre es la misma: si de verdad quieres luchar contra la ultraderecha, ¿por qué no tomas las medidas que harían que la gente no se volviera hacia ella? ¿Por qué no gravar los beneficios extraordinarios de las energéticas y las grandes corporaciones? ¿Por qué no un parque de vivienda pública? La ultraderecha no es ninguna alternativa: los gobiernos del PP y Vox demuestran en Madrid, en Andalucía y en los pactos de Extremadura que aplican los planes más feroces contra la clase trabajadora. La mejor vacuna contra ella no son los discursos: son condiciones de vida dignas.
Organízate: la única salida es colectiva
Este 1º de Mayo, el mensaje es claro. Las victorias no vienen de arriba, vienen de abajo. Las 6 de La Suiza lo demostraron. Las educadoras infantiles en huelga lo están demostrando. El profesorado catalán lo está demostrando. Cuando la clase obrera se organiza con independencia —de los patrones, de los gobiernos y de las burocracias sindicales que frenan en lugar de impulsar—, puede hacer retroceder a los capitalistas.
Organízate en tu centro de trabajo. Construye desde abajo. Los recursos existen: están en los beneficios de las grandes empresas, en el gasto militar que crece mientras se recorta en sanidad y educación, en los fondos de inversión que especulan con la vivienda. Lo que falta no es dinero, es poder organizado de la clase trabajadora para arrebatárselo a quienes lo acaparan. Ese poder solo se construye con organización, movilización y unidad de toda la clase obrera, sin fronteras entre sectores, sin que las burocracias sindicales frenen lo que surge desde abajo.
¡BENEFICIOS EMPRESARIALES Y PRESUPUESTOS MILITARES PARA ESCUELAS, HOSPITALES Y VIVIENDA!
¡VIVA LA LUCHA DE CLASE OBRERA! ¡VIVA EL 1º DE MAYO!