Hace unas semanas los partidos independentistas (ERC, JxCAT, CUP y PDCAT), con el apoyo de entidades como Òmnium, Amnistía y Libertad y el apoyo de miles de firmas, registraron una propuesta de ley de Amnistía en el Congreso de los Diputados. Previamente, en diciembre del 2020, JxCAT, ERC y la CUP ya habían aprobado en el Parlamento de Cataluña, con la abstención de los Comunes, una resolución que reclamaba a las Cortes españolas que aprobaran la amnistía.

La propuesta de ley describe como, desde 2013, “la estrategia de judicialización como respuesta al conflicto ha comportado penas de prisión, multas, inhabilitaciones, exilio y, en definitiva, un número altísimo de imputaciones”. Se han visto involucrados -continúa el texto- “centenares de ciudadanos, alcaldes, diputados, miembros del Gobierno y de la Administración de la Generalitat, académicos, activistas sociales, etc.”

La propuesta de ley plantea resolver las causas que afectan a más de 3.000 personas “mediante la amnistía para tod@s l@s condenad@s y encausad@s que garantice el fin de la represión política en el marco de la lucha por el derecho a la autodeterminación”. Defender esta ley es una exigencia elemental para todas las formaciones que se reclaman de la democracia.
El PSOE con el PP y VOX contra la propuesta de ley
La respuesta de los partidos del régimen (PSOE, PP y Vox) contra la propuesta de ley no se ha hecho esperar. Han unido sus votos para impedir que sea incluso tramitada, vetando la posibilidad de que sea debatida en el Pleno del Congreso. La realidad es que el régimen monárquico sólo puede aceptar la rendición de quienes osaron desafiar la unidad forzada española y abrir una crisis institucional de difícil cierre.

Ábalos ha reiterado que el PSOE está en contra de la amnistía y que, como mucho, están “dispuestos a aceptar casos particulares de indulto”, casos que, por otro lado, se mantienen estancados. El PP, además de oponerse frontalmente a una posible amnistía, está también contra los indultos y exige a Sánchez que vuelva a tipificar los referéndums de autodeterminación como delito en el Código Penal. Vox, con más griterío y gesticulación dice lo mismo que el PP.
La hipocresía de Unidas Podemos y los Comunes
Unidas Podemos (UP) se ha distinguido por su pasividad cómplice. Ni ellos ni los Comunes de Colau se han sumado a la defensa de la propuesta de ley, con la excusa de que es una vía destinada al fracaso porque no tendría mayoría en el Congreso y porque, en todo caso, el Tribunal Constitucional (TC) la tumbaría. Jaume Asens acusa incluso a las fuerzas independentistas de «generar falsas expectativas» y las ha instado a renunciar a la amnistía por “no engañar a la gente”.

UP y los Comunes actúan como socios del gobierno Sánchez y no están dispuestos a hacer nada que rompa la solidaridad gubernamental. Más allá de las obligadas gesticulaciones, son socios fieles del gobierno y, como tal, plenamente corresponsables. Su entrada en el gobierno Sánchez ha culminado un proceso en el que han pasado de clamar en sus inicios contra el régimen del 78 a convertirse en defensores encarnizados de la Constitución y a legitimar unas instituciones antidemocráticas y podridas.
¿Una operación de propaganda o parte de un plan de movilización masiva?
Una vez vetado el debate en el Congreso, JxCat y la CUP anunciaron que presentarán un recurso a la Mesa del Congreso para que reconsidere su posición, mientras que Òmnium Cultural ha informado que pondrá en marcha la recogida de miles de firmas para volver a presentar la propuesta de ley en el Congreso.

El problema principal de la propuesta de ley radica en que no forma parte de un plan de lucha y mucho nos tememos que no vaya más allá de una operación de propaganda política. Sus impulsores sabían que se vetaría en el Congreso y que su impulso es, legalmente, una vía muerta. Sería lamentable que la propuesta de ley no fuera más allá de una estrategia de emplazamiento al PSOE, sabiendo que este no se moverá de su posición anti-amnistía y anti-autodeterminación, puesto que para el régimen la unidad forzada española es innegociable.
Plan de lucha por la amnistía, el derecho a decidir y el fin de la represión
Para ganar la amnistía es necesario retomar un plan de lucha colectivo, que puede empezar por la recogida masiva de firmas que propone Òmnium, pero siempre que esto sea un punto de apoyo para continuar con la organización de movilizaciones multitudinarias en Cataluña y solidarias en todo el Estado en defensa de la ley.

Esta vía, no liga con estrategias que levantan falsas esperanzas en diálogos vacíos con Sánchez que, por mucha retórica que los acompañen, llevan a un callejón sin salida.

La experiencia de estos años nos demuestra que el conflicto de Cataluña con el Estado no tiene salida si no es cuestionando el régimen monárquico. La autodeterminación, la República catalana, una unión libre de repúblicas libres son incompatibles con la Monarquía corrupta al servicio de los grandes empresarios del Ibex 35. Acabar con ésta es la tarea de la clase trabajadora y las clases populares de Cataluña y de todos los pueblos del Estado.