Han vuelto a demostrar que les importan más los dictados de los grupos de presión empresariales que defender los intereses de la mayoría de la población. Una vez más los intereses económicos y comerciales están por encima de los derechos humanos. Se trata de otra traición pura y simple a la soberanía de cada país de la UE.
Más de 280 asociaciones del Estado español solicitaron el voto negativo al Informe y las enmiendas que incluían el ISDS, y se recogieron 2,3 millones de firmas en el continente por la paralización de las negociaciones del TTIP, para que si un Gobierno decide democráticamente cambiar el salario mínimo o cualquier ley social o ecológica, las multinacionales que han invertido para un negocio en nuestro país no puedan pedir una indemnización al Estado.
Estos políticos aceptaron en junio, sin consultar en referéndum a sus poblaciones, una “solución de controversias Inversor-Estado”, un sistema jurídico paralelo conocido como ISDS, que anula el Estado de Derecho y otorga poderes privilegiados a inversores extranjeros a través de tribunales privados que actúan al margen de la justicia formal.
“Un verdadero ataque a la democracia y la soberanía parlamentaria”, ver campaña http://noalttip.blogspot.com.es/