Como un reguero de pólvora, las movilizaciones de agricultores y ganaderos se fueron extendiendo desde principios de año por distintos países de la UE hasta llegar al Estado español. Unas protestas que no son nuevas pero que esta vez han sorprendido por la rápida extensión de las convocatorias y la virulencia de sus métodos. Esto se ha traducido en cortes de calles y carreteras en varias ciudades y comunidades autónomas, y en intentos de bloquear puertos y centros logísticos que se han saldado con algunas detenciones junto a posibles sanciones administrativas.
Por: Corriente Roja
Hablamos de un sector que, al igual que en otros sectores de la economía en la fase de capitalismo imperialista en la que nos encontramos, se ha ido centralizando y concentrando en cada vez menos manos, mientras la agricultura familiar era condenada a la ruina. Mientras la producción ha ido aumentando de forma constante, avalada por el desarrollo de la agroindustria que gobiernos y UE han favorecido, el número de granjas europeas ha pasado de quince a diez millones en los últimos veinte años y en los próximos 15 años desaparecerán otros 6,4 millones, según el estudio The Future of the European Farming Model del Parlamento Europeo.
¿Cuáles son las principales demandas?
Salvando las particularidades en cada país, hay quejas compartidas: Los bajos precios a los que les compran las grandes cadenas de distribución el producto en origen, el aumento del precio del combustible fósil a la par que varios países retiraron las subvenciones, el aumento del precio de las semillas -cuyas patentes están en propiedad de grandes empresas multinacionales y de los químicos como fertilizantes y fitosanitarios-, la lentitud a la hora de recibir los pagos de las ayudas de la PAC (Política Agrícola Común) o los temores ante la firma de nuevos acuerdos comerciales con terceros países de los que exigen el freno, como Mercosur. A esto se suma la denuncia de las consecuencias de la peor sequía en los últimos años, que ha supuesto un duro golpe para el campo.
La respuesta del nuevo gobierno “progresista” es más de lo mismo
En respuesta a sus demandas, Pedro Sánchez, que no quiere molestar demasiado a las patronales agrarias cuyas reivindicaciones considera “legítimas”, ya ha dicho que se compromete a reforzar los controles para garantizar el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, por la que los operadores e industrias agroalimentarias tienen la obligación de pagar a agricultores y ganaderos unos precios que supongan al menos los costes de producción. El ministro Planas, por su parte, ha avalado a Von der Leyen en el desmonte de la supresión progresiva de los pesticidas.
También ha prometido simplificar la burocracia relacionada con la Política Agraria Común (PAC) y redoblar los esfuerzos para que la UE adopte en sus acuerdos comerciales las llamadas cláusulas espejo en las importaciones agroalimentarias que fijan las mismas condiciones y requisitos a las producciones de terceros países y países de la UE. Promesa barata porque para su aprobación se requiere una unanimidad que ahora mismo no existe en Europa.
Como decíamos en 2020, “si el nuevo gobierno sigue mirando de rodillas a la Unión Europea y gobernando sin querer enfrentarse a las multinacionales agroalimentarias y a los latifundistas, acabará por lograr el repudio de todo el campo y abriendo un pasillo por el que entre hasta la cocina la derecha franquista”.
La desfachatez de la derecha y ultraderecha y su agenda negacionista del cambio climático
No hace falta ser muy avezada para ver que no se pueden separar estas protestas, que en los últimos años vienen siendo recurrentes, del contexto de Elecciones Europeas en la que nos encontramos y en la que las encuestas auguran un ascenso importante de la derecha y la extrema derecha.
La sequía como expresión del cambio climático, es consecuencia de la catástrofe ambiental que estamos viviendo, a la que se suman otras como la pérdida de biodiversidad o la contaminación de los suelos y los acuíferos, que son resultado directo de la extensión del agronegocio. Según diferentes estudios, actualmente el 80% de los hábitats en Europa están en mal estado y el 70% de los suelos, en un estado poco saludable. A pesar de esta realidad tan evidente, un sector de los agricultores y ganaderos medianos y pequeños, obligados a producir de forma cada vez más competitiva y en situación cada vez más precaria, dan crédito al discurso negacionista de la extrema derecha y reaccionan con virulencia a la implementación de las nuevas normativas de la UE para una supuesta transición verde, que catalogan como una excesiva burocracia.
La extrema derecha trata de influenciar el movimiento aprovechando la desesperación de los pequeños y medianos agricultores y ganaderos, su desconfianza hacia los sindicatos agrarios mayoritarios y las iniciativas autónomas de movilización. Es el caso de la llamada “Plataforma 6 de febrero”, supuestamente apartidista, pero detrás de la cual es fácil encontrar la mano de Vox.
Cuando hablan de una excesiva burocracia, apuntan contra medidas como la obligación de dejar en barbecho -tiempo de espera sin cultivar para que la tierra recupere nutrientes- una determinada extensión de terreno de cultivo. También están en contra de la tibia Ley de restauración de la naturaleza, colocada en el punto de mira ante posibles futuras reducciones de la superficie cultivable[1] y de la regulación de los fertilizantes.[2]. Esta Ley ha sido recién paralizada por la Comisión Europea como respuesta a las protestas del sector. En particular han suspendido el plan de reducción del uso de los pesticidas, que es una de las piezas clave del “Pacto Verde” (Green New Deal). También arremeten contra la Ley de Biodiversidad o incluso contra la Ley estatal del Bienestar animal.
Desde algunos de estos grupos influenciados por la extrema derecha se exige la derogación de toda legislación promulgada en los últimos años relacionada con las políticas verdes procedentes de la Unión Europea, que se permita cultivar en tierras que se declaren zonas protegidas y un plan hidrológico nacional con las obras hidráulicas necesarias para que no falte el agua de riego.
Conviene “separar la paja del trigo”
Cuando hablamos de los agricultores y ganaderos, no se trata en absoluto de un colectivo homogéneo, sino que abarca desde las explotaciones familiares abocadas a la ruina hasta los grandes empresarios de la agroindustria (sin olvidar las grandes corporaciones de la industria alimentaria, las grandes cadenas de distribución, los grandes oligopolios químicos y de semillas, así como los sectores financieros asociados). No es igual un agricultor familiar ecológico de verduras y frutas que vende en el mercado local, que las macrogranjas de cerdo y los megainvernaderos del sur de Andalucía. No existe una única realidad que afecte de forma homogénea a los agricultores y ganaderos de los países que registran movilizaciones o han llamado a ellas, si bien es cierto que sí comparten retos y amenazas.
También en el Estado español, grandes terratenientes del campo que se llevan la mayoría de las subvenciones del Estado y de la UE, como los fondos de la PAC buscan intencionadamente aparecer asociados con pequeños agricultores y ganaderos, algunos de ellos cooperativistas, cuando son sus enemigos. Mientras los primeros son responsables de mantener en condiciones casi de esclavitud a la mano de obra en el campo, negándose a aplicar incluso las irrisorias subidas del Salario Mínimo Interprofesional, los segundos están cada vez más condenados a desaparecer ante un modelo de producción y distribución, cuya lógica socava las bases materiales de su existencia.
La “agricultura industrial” y las “macrogranjas”, ecológicamente insostenibles, devastan los territorios mientras las provincias del interior se vacían. Disminuyen las explotaciones agrícolas y ganaderas, pero aumentan su tamaño, al tiempo que la agricultura y la ganadería se vuelven “industriales” y aparecen las llamadas “empresas integradoras” (vinculadas a fondos de inversión y de capital riesgo). Es el resultado de la lógica capitalista de concentración de la riqueza, en la que la cadena agroalimentaria (insumos, producción, distribución, comercialización) va quedando en manos de grandes grupos capitalistas, entre ellos Mercadona, Carrefour, Lidl, Eroski, Ebro o Nestlé. Mientras tanto, la UE y los gobiernos liberalizan el comercio en relación a Mercosur, Marruecos o Sudáfrica, poniendo en competencia directa a los agricultores y ganaderos familiares con los agronegocios de otros países en condiciones muy diferentes de regulación y costes.
El pacto verde europeo o la farsa de la transición energética
En palabras de la UE, el Pacto verde europeo (Green New Deal) sería una “hoja de ruta» que da respuesta a la «emergencia climática» declarada en noviembre de 2019 por el Parlamento Europeo.
Pero si hay algo que podamos decir de las medidas que contiene el Pacto Verde europeo además de su tibieza y su falta de financiación, es que son una farsa y una hipocresía absoluta, también en lo que se refiere al campo.
Es una ilusión pensar que manteniendo el actual modelo agro ganadero productivista, todas las granjas podrán hacer una transición pacífica a la agroecología, una vez que cada agricultor se convenza de que es un contaminador. La completa liberalización del mercado, la mundialización de los cultivos y la búsqueda ciega de beneficios del agrobusiness que la UE y sus gobiernos protegen son los responsables de la crisis actual.
En cuanto a la PAC, es un fraude completo en todos los terrenos, excepto en los generosos beneficios que reciben los grandes empresarios agrícolas. En su inicio, la PAC estableció medidas efectivas de protección mediante una fuerte regulación y durante mucho tiempo no hubo necesidad de subvenciones ni ayudas directas a los agricultores. Pero a partir de 1992–coincidiendo con el Tratado de Maastricht fue sustituida por una política neoliberal, que instituyó las ayudas por hectárea (independientemente de la producción) y ninguna condicionalidad en favor de una agricultura sostenible ni del medio ambiente, pues iba contra del libre mercado y comenzó con los tratados de libre comercio en beneficio de los oligopolios industriales y los grandes empresarios agrícolas.
Medidas para una transición a una agricultura y ganadería justa y en equilibrio con el medio ambiente
Desde Corriente Roja pensamos que es imposible disociar la lucha social de la cuestión medioambiental. Desde las organizaciones políticas y sindicales de clase y combativas, es preciso organizarse y luchar, buscando la alianza con las explotaciones familiares, por medidas de transición hacia una agricultura y ganadería menos consumidora de petróleo, fertilizantes, herbicidas y fitotóxicos, respetuosa con los animales y en equilibrio con la naturaleza. Hay que poner en marcha un plan para clausurar las macrogranjas, limitar la agricultura industrial, reorientarla hacia una agricultura sostenible y de proximidad y recuperar el cultivo de tierras fértiles abandonadas.
Esto, al tiempo que se garantizan salarios y condiciones laborales justas y alimentos saludables al alcance de todas y todos. Eliminar productos químicos y disminuir máquinas supondría además crear empleo, porque el número de trabajador@s agrícolas tendría que aumentar drásticamente.
Hay que exigir la regularización de la población migrante que trabaja en el campo, el castigo efectivo a la patronal que no cumpla con los convenios colectivos, así como a quienes no coticen por sus empleados/as, en vez de castigar a estos últim@s como ocurrió en el caso de Baena Franco y Agrícola Espino en Andalucía.
Lee aquí | L@s trabajador@s de Baena Franco y Agrícola Espino no pueden pagar el fraude de los empresarios
Compartimos la exigencia de un precio justo para los productos agrícolas y ganaderos que cubran los precios de coste y permitan un nivel de vida digno a las explotaciones familiares acabando con la desorbitante diferencia entre los precios que se pagan en origen y los que se cobran a los consumidores, que en su gran mayoría somos clase trabajadora. Una diferencia que es el resultado del dominio que ejercen los oligopolios de la industria alimentaria y de la distribución y comercialización de los productos agrícolas y ganaderos.
Hay que prohibir y castigar severamente la venta a pérdidas que las grandes cadenas de distribución imponen a pequeños y medianos agricultores. Hay que establecer un organismo público que garantice el monopolio estatal de la distribución, fijando los precios de origen y finales. Dicho organismo debe estar bajo control de la clase trabajadora del campo, pequeños productores y consumidores.
No se puede dar respuesta a la crisis del campo sin arremeter contra los latifundistas, las “empresas integradoras”, las grandes empresas de ganadería industrial, los oligopolios comerciales, las grandes corporaciones químicas y de semillas y la UE que los protege. Hay que acabar con el escandaloso reparto de las ayudas de la PAC comunitaria, al servicio de la gran propiedad y la gran industria agroalimentaria donde la cuantía de las ayudas agrícolas está basada en el tamaño de la propiedad y no en los cultivos.
En el Estado español nunca se realizó una verdadera reforma agraria que modificara sustancialmente la estructura de propiedad de la tierra y la pusiera al servicio de quienes la trabajan. Actualmente, el 6,10% de propietarios controlan el 57,83% de las tierras (13 millones de ha.). Las sociedades mercantiles poseen ya el 14% de las tierras agrícolas. Entre 1999 y 2020 desaparecieron un total de 49 fincas diarias, vaciándose los campos. Una de las primeras medidas de esa reforma agraria pendiente debe ser expropiar los grandes latifundios para que pasen a ser explotados colectivamente por la clase trabajadora agrícola, bajo criterios de sostenibilidad ambiental.
Hay que acabar con el uso disparatado e irracional de los recursos hídricos. Reequilibrar profundamente la relación entre las grandes ciudades -verdaderos agujeros negros medioambientales- y el medio rural, cada vez más contaminado, desatendido y despoblado. No puede haber una sociedad ecológicamente sana sin resolver este enorme problema provocado por el capitalismo.
Lee aquí | Separar el trigo de la paja
[1]. La Ley de Restauración de la Naturaleza propone incluir en las tierras “elementos paisajísticos de gran diversidad”, como setos, hileras de árboles, acequias o estanques. En estos espacios pueden vivir animales polinizadores y otras especies que puedan llevar a cabo también el control biológico de plagas y se reduzca la necesidad de pesticidas. Los partidos conservadores europeos afirmaron que la legislación “obligará a los agricultores a abandonar algunos de sus campos, pondrá en peligro las cadenas de suministro europeas o que disparará los precios de los alimentos”. Así, entre los mensajes que han circulado en España por redes sociales, algunos aseguran que si esta Ley sale adelante, los agricultores españoles “deberán abandonar el 40% de sus tierras”.
[2]. Esta Ley establece objetivos concretos como reducir a la mitad el uso de plaguicidas de aquí a 2030, reducir los fertilizantes en al menos un 20%, aumentar la superficie agrícola dedicada a la agricultura ecológica hasta el 25% y reducir en un 50% los antimicrobianos utilizados en los animales de granja. También la normativa europea les obliga a reducir la densidad de animales en las granjas, eliminar las jaulas o restringir el uso de fertilizantes y plaguicidas