El accidente ferroviario de Adamuz, con más de cuarenta fallecidos, puso en evidencia las contradicciones del lema “España va bien”. Detrás de las cifras del PIB se ocultan el deterioro del sistema ferroviario, las largas listas de espera en la sanidad y la falta de recursos en la educación pública. Tras años de recortes, privatizaciones y falta de financiación, los/las trabajadores/as del sector público han comenzado 2026 convocando huelgas y movilizaciones en todo el Estado. La coincidencia de paros el 20 de marzo en educación, sector social y entre los/las médicos/as en Catalunya refleja un malestar in crescendo entre los/las trabajadores/as de los servicios públicos.

Por: Trabajadores y trabajadoras del sector público de Corriente Roja

Las jornadas de huelga en la educación catalana son continuidad de la huelga del 11 de febrero, que reclamaba más salarios y recursos y menos ratios y burocracia. La participación fue masiva, entre el 70% y el 80%, una de las huelgas con mayor seguimiento del siglo XXI. En todo el Estado, el profesorado denuncia ratios insostenibles, falta de personal, sobrecarga laboral, salarios bajos e inestabilidad.

También el sector sanitario vive una escalada de protestas. El 16 de febrero los sindicatos médicos convocaron huelgas mensuales de una semana hasta junio, mientras persisten guardias de hasta 24 horas y aumentan las listas de espera en una sanidad cada vez más privatizada. En paralelo, los sindicatos ferroviarios convocaron huelga para denunciar la falta de inversión y el deterioro de la seguridad tras décadas de abandono y privatización.

Otros sectores públicos han protagonizado movilizaciones, como los/las bomberos/as —especialmente forestales y voluntarios/as— o el sector social, que irá a la huelga en Catalunya el 20 de marzo por un convenio justo. A ellos/as se suman trabajadores/as de la limpieza o atención domiciliaria, que desde la pandemia mantienen luchas contra la privatización de los servicios públicos y por una mejora de sus condiciones laborales.

Todas estas movilizaciones no son hechos aislados, sino la expresión de una crisis estructural que atraviesa al conjunto de los servicios públicos en el Estado español.

Las raíces del problema

Esta realidad choca con el “España va bien”, que solamente se aplica a una minoría social encabezada por los multimillonarios y las empresas del IBEX35 que registraron una subida en bolsa del 49,27% en 2025. Lo que subyace a estas cifras es la consolidación de un nuevo patrón de explotación de la clase trabajadora donde, para garantizar los beneficios empresariales, se generaliza la precariedad laboral, caen los salarios, hay una pérdida sostenida de los derechos laborales y la juventud se ve sin futuro.

Una vertiente fundamental de este nuevo patrón de explotación es el deterioro y desmantelamiento de los servicios públicos esenciales llevado a cabo a lo largo de todos estos años por gobiernos de todos los colores. Dicho proceso ha venido acompañado de una ofensiva privatizadora directa o encubierta (externalizaciones, conciertos, copagos). Estamos hablando de un ataque al salario directo de los/las trabajadores/as del sector público, que son generalmente mediocres y dependen exclusivamente de las bonificaciones y al salario indirecto del conjunto de la clase trabajadora.

Servicios públicos vitales como el transporte, la sanidad, la educación, los servicios sociales o la limpieza son una fuente de negocio para fondos de inversión, multinacionales, banca o la mismísima Iglesia. Cuando la crisis de 2007-2008 estalló, los gobiernos del PSOE y PP -así como lo hicieron en el resto de la Unión Europea- los recortaron salvajemente, mientras privatizaban o transferían grandes sumas de dinero público a las empresas privadas bajo la fórmula de “conciertos público-privados” o “propiedad pública-gestión privada”.

Hemos visto cómo los gobiernos del PP, que atacaban de forma brutal y directa, como la privatización masiva de la salud en Madrid con Ayuso, o Andalucía con Moreno Bonilla. Por su parte el PSOE, dice una cosa para hacer la contraria, a pesar de presentarse como el garante de los servicios públicos, en ningún momento ha revertido las privatizaciones, ni aumentado la financiación en el nivel necesario para la clase trabajadora, y sí el gasto militar en récords históricos.

¡Hacer confluir y unificar las luchas! ¡Autoorganización de los/las trabajadores/as para construir una jornada en defensa de lo público!

Defendemos y alentamos todas las luchas que los/las trabajadores/as públicos están librando en distintos lugares del Estado. Es preciso que todos/as nos organicemos en asambleas democráticas por la base para decidir juntos/as cómo continuar el plan de lucha y, desde esos espacios de autoorganización, avanzar hacia la coordinación de nuestras luchas para unificarla en una sola en defensa de lo público. Consideramos que estas asambleas deben jugar un rol fundamental para hacer frente a la burocracia sindical y subordinar a los sindicatos a las decisiones del conjunto de los/las trabajadores/as.

Para poder desarrollar estas luchas y estar en mejores condiciones de ganarlas no podemos quedar aislados/as, presos/as de concepciones corporativistas, pues esta lógica milita contra nuestras propias reivindicaciones. Ya sea la lucha por el aumento salarial y reducción de las ratios por aula, por el fin de las guardias de 24h de los/las médicos/as, o por un convenio digno de los/las trabajadores/as de acción social, todas estas demandas son parte de la exigencia al gobierno central y a los gobiernos autonómicos de un programa de rescate de lo público para aumentar los recursos. Para garantizar unos servicios públicos y de calidad que garanticen unas condiciones laborales dignas es necesario luchar para que ni un euro de nuestros impuestos se destine a la privada y por la remunicipalización o estatalización de todos los servicios externalizados y sus plantillas.

Este programa es vital para conseguir el máximo apoyo social, pues los servicios públicos son un derecho básico de toda la población. Como hemos dicho muchas veces, ¡los recortes y privatizaciones de lo público matan! Es la clase trabajadora y, especialmente, sus sectores más oprimidos y precarizados, quienes más afectados se están viendo por su deterioro constante y privatización. Para encarar esta lucha necesitamos ganar al conjunto de la clase trabajadora para apoyar y defender las demandas del sector, buscando su apoyo, y crear un gran movimiento en defensa de los servicios públicos, empezando por una gran jornada de lucha estatal.

Esta lucha será larga y, como hemos comprobado en los últimos años, en el sistema capitalista nada garantiza que las victorias sean duraderas, al contrario, en cada crisis, la burguesía, a través de sus gobiernos, las atacarán en nombre del déficit público, alegando que no hay recursos o que estos son ineficientes. Sin embargo, los recursos están, los beneficios récords que están teniendo las empresas del IBEX, se podrían reinvertir en los servicios públicos. Los problemas de eficiencia no se solucionan su privatización, sino mediante la expropiación sin indemnización de todas las empresas que llevan años lucrándose con ellos. Su planificación democrática desde el punto de vista social y ambiental deberá estar en manos de la clase trabajadora. Estas tareas, que son imprescindibles para garantizar unos servicios públicos al servicio de las necesidades sociales, no las realizará ningún gobierno del PSOE-SUMAR, mucho menos un gobierno de PP-VOX que, a pesar de todas sus diferencias, ambos garantizarían que las grandes empresas continúen lucrándose de la miseria de los/las trabajadores/as. La defensa de un programa de rescate de lo público debe, necesariamente, apoyarse en el desarrollo de la autoorganización democrática de los/las trabajadores/as. No hay otro camino que este para enfrentar a la burocracia sindical y política y para conseguir que la lucha de la clase obrera pase a la ofensiva.