El campo andaluz durante los últimos años, y especialmente a partir del comienzo de la crisis económica iniciada en 2008, ha sufrido un retroceso importante, no solamente en la producción, sino en las condiciones laborales y de vida de las jornaleras/os con salarios de miseria, jornadas interminables y bajo la lluvia, discriminación por el hecho de ser mujer, etc. Estas condiciones se deben a la complicidad entre los terratenientes, los distintos gobiernos de turno y el papel nefasto de los sindicatos oficialistas que callan las tropelías que se cometen y no hacen nada por el cumplimiento de los convenios.

Por Corriente Roja

A continuación presentamos un texto elaborado por los/as compañeras/os de Cobas de La Vega del Guadalquivir que están participando de una dura lucha contra las empresas Baena-Franco, Agrícola Espino y la Junta de Andalucía. Un conflicto que mas allá de su resultado, pone sobre la mesa una cuestión mucho más de fondo que es la perspectiva para los jornaleros/as en el campo andaluz bajo la bota de la UE y la necesidad de volver a levantar un programa cuyo centro sea la Reforma Agraria como única manera de darle una respuesta a la actual situación de paro, explotación y decadencia en las zonas que viven del campo.

¿A qué está esperando Susana Díaz para tomar cartas en el asunto y acabar con el tormento que sufren las jornaleras?

Antes que nada es necesario recordar que el PER es una conquista de los trabajadores del campo contra los señoritos y terratenientes, como parte de una lucha más general por la Reforma Agraria en Andalucía.

En la actualidad, los gobiernos de Rajoy y Díaz, sometidos a las directrices de la UE y la Troika, son quienes vienen imponiendo la reducción del gasto público en pos del cumplimiento con el déficit y la deuda y buscando la manera de acabar con el PER de los jornaleros andaluces, al igual que con las pensiones y demás derechos alcanzados. Además, la mecanización del campo de estos últimos años unido a la política restrictiva de cupos de producción de la UE, que ha generado un importante retroceso productivo del campo Andaluz, hace que empresas y terratenientes puedan prescindir de la abundante mano de obra jornalera, dejando así de ser “rentable” sustentar el PER en Andalucía, como forma de mantener a los jornaleros en el medio rural por eso desde hace unos años atrás, se viene alzando la voz desde las altas esferas sobre los “perjuicios” del PER en Andalucía.

Gobiernos e Inspección avalan el fraude en el campo

Desde hace años vienen arremetiendo contra el PER, como fue el caso del cambio del paro antiguo por la renta agraria, en la que se perdía el derecho a percibir el subsidio a los 52 años sin tener que juntar el requisito de las 35 peonadas. Ahora con la renta agraria tenemos que estar hasta los 65 años juntando 35 peonadas para percibir dicho subsidio. Además, estas nuevas exigencias se dan en un marco de irregularidad laboral, donde cada vez son menos las empresas que declaran todas las peonadas trabajadas, lo cual hace que muchas familias jornaleras queden desamparadas, abandonadas y sin percibir ninguna prestación, después de una vida entera trabajando en el campo. De ahí que sea necesario levantar la exigencia al gobierno andaluz y al central de acabar con el requisito de las 35 peonadas hasta que se ponga fin a dichas irregularidades y se den garantías a los trabajadores de que se van a declarar todas las peonadas trabajadas.

Las jornaleras demandadas de Baena Franco, como cabeza de turco para arremeter contra el PER

Hace dos años que las 197 trabajadoras de Baena Franco fueron injustamente castigadas por el SEPE porque la empresa se negó a pagar los seguros sociales de sus trabajadoras, dejando una deuda en cotizaciones a la Seguridad Social de 72.514€.

En este sentido, el SEPE, vulnerando la presunción de inocencia de las trabajadoras, sin ninguna prueba que demostrara la culpabilidad de los mismos, hizo recaer en las espaldas de las víctimas todo el peso, acusándolas de connivencia con la empresa en su afán por estafar a la Seguridad Social, lo que significó sanciones que ascienden a varios miles de euros, además de la exclusión de percibir el paro de los 52 años.

En el mes de mayo, el SEPE no contento con las sanciones impuestas, ha tomado la decisión de denunciar por lo penal a las trabajadoras, amparándose en la última reforma del código penal del ministro Gallardón. Se trata de una medida totalmente desproporcionada que busca arruinar la vida a cerca de 200 familias jornaleras, equiparando a las víctimas con los verdugos.

Quieren que creamos que en Andalucía “se vive del cuento” para justificar acabar con el PER

Sin embargo, para acabar con este Régimen Agrario, hacer la vista gorda no es suficiente; necesitan buscar argumentos y conejillos de indias, para reforzar la idea de que en Andalucía se vive del cuento y que todo el mundo compra peonadas, para así justificar un nuevo ataque contra el PER, como es el caso de las trabajadoras de Baena Franco a quienes acusan de comprar peonadas, sin tener ninguna prueba que demuestre la culpabilidad de dichas trabajadoras. De ahí, la persecución y el castigo que están empleando al abrirle la vía penal, como si de delincuentes se tratasen y a pesar de la gravedad de las sanciones ya impuestas por el SEPE.

Causa mucha indignación que en un país donde todos los días se destapan nuevos casos de corrupción (Gurtel, Noos, Tarjetas Black, Papeles de Panama, y un largo etc,) y todos son miembros de los partidos mayoritarios, sindicatos oficiales, de la Casa Real y empresarios sean ellos mismos los que pretenden condenar a jornaleras que lo único que han hecho es ir a echar sus jornadas en el campo. ¿Que autoridad puede tener la Junta de Andalucía a condenar jornaleras cuando son ellos mismos los Chavez y Griñan que han robado durante años a esas mismas trabajadores?

Esta situación, nos muestra a las claras el carácter de los gobiernos y de los empresarios que nos gobiernan y muestra que tenemos una justicia que está hecha para los ricos, para que ellos amasen fortunas al calor de la estafa, el saqueo de lo público y de la brutal explotación a los/as trabajadores/as.

¡Retirada inmediata de las víctimas del auto por lo Penal y en defensa del PER!

Desde la Plataforma de afectados por el PER de Osuna exigimos tanto al gobierno de Rajoy como al de Susana que retiren las denuncias por lo Penal a la víctimas y castiguen a los verdaderos responsables.

En este marco de desprotección legal, es igualmente necesario derogar el requisito de las 35 peonadas hasta que se ponga fin a las irregularidades y la patronal declare todas las peonadas que se trabajan. No nos pueden exigir 35 peonadas para cobrar el subsidio, mientras que los gobiernos hacen la vista gorda en el campo y permiten que la patronal siga sin declarar las peonadas trabajadas.

Es urgente que todos los/as trabajadores/as del campo, eventuales o fijos, nos apoyemos y arropemos de solidaridad a nuestras compañeras de Baena Franco, que después de una vida de trabajo duro en el campo ahora quieran quitarles todo por lo que han luchado. La unidad es el camino no solo para que absuelvan a las trabajadoras de Baena Franco sino para defender un derecho que para los/as jornaleros/as es vital, como es garantizar el PER.

 
¡Retirada inmediata del auto por lo penal a las jornaleras de Baena-Franco!
¡No a la liquidación del PER!
¡Reforma Agraria ya, para terminar con el paro y la precariedad en el campo andaluz!
¡Defender a las afectadas de Baena Franco hoy es defender el futuro del PER!