El pasado mes de mayo, cuando las consecuencias de la pandemia del Covid-19 ya habían demostrado su profundidad en todo el mundo, con la caída general del PIB y el desempleo masivo, el gobierno impulsó la constitución de una “comisión para la reconstrucción” que recuperara el espíritu de consenso de los Pactos de la Moncloa.
El contenido de esos pactos ya está clarificado en otro artículo, “¿Qué significaron los Pactos de la Moncloa?”. Sintetizando, fueron “un pacto social y político entre las fuerzas obreras, la patronal y el partido del régimen, para encauzar una situación que amenazaba con salirse de madre”. Tuvieron principalmente un sentido político, santificar la paz social como mecanismo de salida de la crisis.
¿Es este el sentido de la actual comisión para la reconstrucción de la economía? En principio parece que no, puesto que no hay en la hoja de ruta ningún tipo de acuerdos políticos como fue en el caso de los Pactos de la Moncloa, que incluían un “Acuerdo sobre el programa de actuación jurídica y política”. Como se verá al final hay que relativizarlo, los choques entre Pablo Iglesias y Espinosa de los Monteros (el gobierno vs VOX) en la comisión demuestran que hay una lucha interburguesa en ese “para quién” se hace la reconstrucción.
La hoja de ruta acordada tiene cuatro apartados: el refuerzo de la sanidad pública; la reactivación de la economía y la modernización del modelo productivo; el fortalecimiento de los sistemas de protección social, de los cuidados y la mejora del sistema fiscal; y la posición de España ante la Unión Europea. Es decir, la propuesta inicial del gobierno es bien económica y social, no política, basándose en la idea que lanzaron desde el comienzo de la pandemia, “que nadie se quede atrás”.
“Refuerzo de la sanidad pública”
Es obvio que el “papel lo soporta todo”. Hablan de “refuerzo”, de “blindar”, pero no dice mucho a su favor que en medio de la crisis del Covid-19, con miles de muert@s y contagiad@s, y con el Estado de Alarma en sus manos, no tocaran la sanidad privada para reforzar una sanidad pública desbordada. Es más, tras los momentos duros de la crisis sanitaria, se ve que no se ha aprendido nada; desde el gobierno se tolera que en Zaragoza se vaya a construir un hospital privado, que Feijóo asuma la “defensa” de las exigencias de la patronal de la sanidad privada, para que se les indemnice por las “pérdidas” de estos meses de confinamiento, o que el gobierno autonómico de Madrid ya haya despedido a los sanitarios y sanitarias que se contrataron en los momentos más duros de la pandemia.
En este sentido, ¿cómo se puede hablar de blindar la sanidad pública sin derogar la ley 15/97 y el artículo 135 de la Constitución? Para los que no estén tan puestos, esa ley, aprobada por el gobierno del PP y apoyada por el PSOE, fue la puerta abierta a la privatización de la sanidad, allá por 1997, cuando estableció “las nuevas formas de gestión” sanitaria. Tras este rótulo “genérico”, se permitieron los primeros acuerdos con la empresa privada, hasta la situación actual de gestión privada de decenas de hospitales, de privatización absoluta de servicios, etc… De aquellos lodos, estos barros.
Siguiendo con refrescar la memoria, que esto también es “memoria histórica”; el artículo 135 de la Constitución fue reformado con “nocturnidad” en un acuerdo entre el gobierno del PSOE y el PP, para responder a las necesidades de la banca en plena crisis del 2007/2008. En él se establece: “Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta”.
Más claro, el agua: “prioridad absoluta” el pago de intereses y capital de la deuda. Teniendo en cuenta que tanto el Tratado de Maastricht como ese mismo artículo prohíben expresamente que los Estados puedan financiarse de otra forma que no sea emitiendo deuda que compran los bancos y financieros, el negocio de las entidades financieras es evidente: obligan a los Estados a emitir deuda y les obligan a que la devolución de esta deuda sea “prioridad absoluta”.
Si sumamos las dos normativas, es obvia la suma: recorte de presupuestos sociales para financiar a los bancos y financieros, y, a la vez, con esos recortes abrir agujeros en los sistemas asistenciales públicos, por donde entra la empresa privada. La pregunta es recurrente, ¿cómo se puede hablar de “refuerzo” de la sanidad pública, sin poner sobre la mesa primero y antes de nada, la derogación de estas dos obligaciones jurídicas, la ley 15/97 y el artículo 135?
“Reactivación y modernización”
Este es el segundo apartado de la hoja de ruta de la comisión que ya se está viendo como las gastan; cierre de Nissan, despidos masivos en Alcoa-San Cibrao, y amenaza de cierre tras la estafa de la venta de Alcoa Coruña y Avilés a Parter. ¿Estas decisiones no “dejan atrás” a los miles de trabajadores y trabajadoras despedidas, contra lo que dice defender el gobierno: “que nadie quede atrás”?
De cara al futuro, mantiene al Estado Español en su papel de desierto industrial. Como dicen los trabajadores y trabajadoras de Alcoa / Alu Ibérica, “sin industria no hay futuro”, una industria, la española, que es absolutamente dependiente del capital extranjero. Por eso hay oscuros nubarrones sobre la joya de la corona de la industria española, la del automóvil, son todas deslocalizaciones de marcas extranjeras; puesto que fruto de la crisis provocada por la pandemia, todos los estados imperialistas están fomentando la vuelta a sus naciones de la industria deslocalizada.
Al tiempo, desde el gobierno se niegan a tomar la única medida que puede salvar del cierre a muchas de estas fábricas, y sus auxiliares, que es la nacionalización no temporal, como preconiza la Unión Europea, sino permanente, que permita reactivar la economía sobre unas bases sólidas. La crisis demostró algo que era un “secreto a voces”; la desindustrialización de muchos Estados los hizo, primero dependientes de las “fábricas del mundo”, China, Alemania y los países de Extremo Oriente; dos, la debilidad de los países desindustrializados para enfrentar una crisis como ésta.
La “reactivación” de la economía sólo puede hacerse sobre la base de su planificación, pero no para que los beneficios reviertan de nuevo en los propietarios de las empresas, que demostraron no sólo su total inutilidad en esta crisis, sino que son un freno para que se pudiera coordinar la respuesta a nivel continental. En estas condiciones, predominó el “sálvese quien pueda” hasta el extremo de convertir los aeropuertos en verdaderos centros de subastas de los recursos sanitarios (mascarillas, respiradores, etc…)
Para “planificar” es preciso tener “qué” planificar. No se pueden hacer planes de reactivación si las empresas están en manos privadas, propias o extranjeras; es una falsa planificación, puesto que de últimas lo que va a primar es el beneficio privado y no la resolución de las necesidades sociales. ¿O en lo que piensa el gobierno es en cómo se “reactiva” la empresa privada para incrementar los beneficios de los capitalistas? Y así, por la “teoría del derrame”, la riqueza se esparce por la sociedad. ¡Ah!, esta era la teoría de Rajoy, hagamos que los ricos sean más ricos, para que la riqueza se derrame por la sociedad como en una torre de copas de champán cae el champán. A lo mejor, en el fondo, no hay tanta diferencia entre Rajoy y Sánchez.
La “reactivación” tiene una coletilla, “la modernización”. Ante esta palabra se encienden todas las alarmas. La última vez que un gobierno del PSOE habló de “modernización” se tradujo en la “reconversión industrial” con el cierre de siderurgias, astilleros, químicas y lo fundamental de la industria estatal española o desguazada o mal vendida por su heredero Aznar, como ahora vemos con INESPAL, que cayó en manos de Alcoa.
El gobierno de Felipe González dijo en boca de su mano derecha, Alfonso Guerra, que “a España no la iba a reconocer ni su madre”. El final del cuento se está viviendo ahora, cuando no hay fábricas ni para hacer mascarillas, y todo el problema de la “reactivación” se reduce a abrir los chiringuitos de playa, las terrazas y el turismo, única industria realmente española. Hasta las manifestaciones de la extrema derecha se han disuelto en cuanto les han abierto las terrazas donde tomar el gin tonic.
¿Se refieren a esta “modernización”? Porque por lo que están haciendo ante los dos primeros conflictos industriales que han saltado, Nissan y Alcoa, están reaccionando como Felipe González, permitiendo el cierre de las industrias.
Por otro lado, si por “modernización” entienden lo que la patronal de la construcción mal vamos; el presidente de la CNC dice que “el sector está preparado para abordar la necesaria salida de la crisis a través de un programa de inversión en infraestructuras de un alcance de aproximadamente 100.000 millones de euros y es inaplazable una acción decidida de los gobiernos con un programa de inversión en infraestructuras, porque nos va a conducir, sin duda, a superar antes el impacto económico de la pandemia mediante la generación de empleo y, además, a abordar un déficit de inversiones acumulado e identificado con el que mejorar la competitividad del país, ser más eficientes energéticamente y cumplir con los retos de la agenda 2030 y los ODS». De nuevo la receta de Aznar para la crisis: aeropuertos sin aviones, pisos sin vender, AVEs deficitarios, autopistas rescatadas.
¿Es esta la modernización que prometen? ¿O es la de las eléctricas? Un oligopolio que vive del saqueo de los bolsillos de los trabajadores y trabajadoras del Estado Español, e incluso de la pequeña empresa, que pagan la tarifa más cara de Europa. Eso sí, todas ellas se “venden” como industrias ecológicas, mientras apoyaron al gobierno de Rajoy en el impuesto al sol; no fuera que la producción de electricidad se abaratara y tuvieran que bajar el recibo de la luz.
“Reactivar y modernizar” sin planificar acorde con las necesidades sociales, que incluya el combate al cambio climático, es poner la economía al servicio de los beneficios capitalistas. Además, y como luego se verá, vender “la reactivación y la modernización” sin tener en cuenta que existe el marco de la división del trabajo en Europa y a nivel mundial, es vender humo.
“Fortalecimiento de los sistemas de protección social, de los cuidados y la mejora del sistema fiscal”
Los saludos a la bandera se transforman en insultos a la inteligencia cuando un gobierno que es cómplice en la muerte de miles de ancian@s, promete que va a “fortalecer los sistemas de protección y cuidados”. ¿Dónde estaba el gobierno del PSOE-UP, con todo su Estado de Alarma, cuando en Madrid en las residencias de mayores murieron miles de personas por la nefasta gestión del gobierno del PP y de Ayuso (y no sólo, en Galiza todavía no se sabe que pasó en esas residencias)? Intervenir las residencias hubiera supuesto un enfrentamiento directo con el PP y el régimen; pero por su cobardía para hacerlo, murieron miles de ancianos y ancianas, dejadas en manos de los psicópatas de los fondos de inversión propietarios de esas residencias.
Eso es complicidad con las muertes; así que ahora hablar de “reforzamientos de …” sin proponerse en primer lugar desmantelar ese laberinto de empresas e intereses privados que se mueven tras las residencias de mayores, de asistencia en el hogar, muchas de ellas ligadas a intereses municipales, etc., nacionalizándolas e incluyéndolas en un servicio público “sociosanitario”, no tiene un calificativo que no sea penal.
Y no se sabe muy bien por qué introducen la política fiscal en este apartado, salvo que se tenga una mentalidad cristiana, de que la fiscalidad sólo sirve para ayudar a los “más débiles”, como hace Felipe VI “convenciendo” a sus pares de sangre azul, la “nobleza”, para que “repartan leche y aceite” entre l@s “más desfavorecid@s”. Es una concepción caritativa de la política fiscal no muy diferente de lo que hace Amancio Ortega con las donaciones o al poner los aviones de Inditex al servicio del Estado, cuando este lo precisa, mientras tiene su fortuna en SICAVs o paraísos fiscales. La política fiscal no puede partir de esta concepción, pues se limitaría a ser “asistencial”, no de justicia social; que es bien distinto.
La política fiscal o tiene un objetivo redistributivo de la riqueza generada por el conjunto de la sociedad, o sólo es asistencial. Es el reconocimiento de que esa riqueza no surge de la nada o de la herencia de sangre, como el dinero no sale de los cajeros si uno no tiene saldo; sino del trabajo humano; así se estableció cuando la burguesía hizo su revolución. En el mundo burgués “avanzado” la política fiscal se basa en que el trabajo humano, sea del capitalista como del trabajador, es la fuente de esa riqueza; en el mundo burgués “medievalizado” como el español, que no hizo su revolución burguesa, no existe esta concepción; para ellos son los presupuestos generales del Estado los generadores de riqueza, porque son los que financian al núcleo duro del capital español, el turismo y la construcción: Madrid es la capital donde se aprueban esos presupuestos, reparte el dinero de todos y todas las habitantes del estado, como si éste hubiera brotado del Manzanares.
Una política fiscal progresiva debe tener ese carácter y bajo el principio de que “paga más quién más tiene”, y no de una forma temporal, como avanzan algunos miembros del gobierno con el “impuesto del Covid-19”; sino permanente. Los ricos pagan más porque acumulan más riqueza fruto del trabajo humano, y punto. Y si no quieren, se les expropia pues si algo ha demostrado estas crisis es que la pandemia la frenaron no los Ortegas, Florentinos, Roigs, Botines, y demás capitalistas, pequeños, medianos o grandes, que rápidamente se apuntaron a los ERTEs o a los despidos masivos; sino la clase obrera, con los sanitarios y sanitarias a la cabeza.
Cualquier política fiscal que no parta de estos principios de redistribución y progresividad permanente, no es más que una engañifa al pueblo que sí paga religiosamente sus impuestos; y no como esas empresas que tienen sus domicilios en paraísos fiscales o acumulan su riqueza en las SICAV.
“La posición de España ante la Unión Europea”
Y, …. ¿cuál es ahora? La pandemia, como todas las crisis sean de lo que sean, ponen blanco sobre negro lo que es uno realmente. Cierto es que fue una pandemia que afectó a todo el mundo, pero mientras Alemania, Corea del Sur o China tiraban de su industria para enfrentarla, el Estado Español, como tantos otros (¡Italia!), tuvieron que mendigar por los mercados mundiales los suministros sanitarios necesarios fruto de una desindustrialización planificada.
Estallan en las narices de la población trabajadora del Estado Español las políticas de reconversión industrial aplicadas por los gobiernos del PSOE en los años 80, poniendo de manifiesto lo que realmente es el Estado Español, el gran centro vacacional de los europeos. Fueron los acuerdos para la entrada en la Comunidad Económica Europea firmados en esa década las que trajeron consigo la situación actual.
El capital alemán y francés, junto con sus “escuderos” del norte de Europa, impusieron el desmantelamiento de la industria española, de la pesca, desde la siderurgia hasta los astilleros, pasando por la química y la de productos sanitarios (que existía). La división del trabajo que se impuso mantenía esta situación de monocultivo económico de un imperialismo, el español, de segunda división basado en dos sectores relacionados, la construcción y el turismo, que suponen el 28% de su PIB.
Tras esta crisis es obvio que esta relación de fuerzas entre la potencia industrial alemana y el resto de Europa no se va a modificar; no es previsible que el capital alemán renuncie por las buenas a la situación dominante que tiene, máxime cuando su gran competidor, Francia, ha entrado en un proceso de abierto retroceso.
Este fue uno de los motivos de las peleas entre el norte de Europa y el Sur. Mientras Italia, Francia y el Estado Español buscaban un reacomodo en la división del trabajo y soltar lastre de una deuda pública que les atenaza, Alemania y sus fieles escuderos querían mantener el status quo logrado todos estos años, que no es otro que captar el ahorro y los beneficios del sur, sin tener que mover un dedo.
La posición española en la Unión Europea no se ha reforzado, por el contrario, se ha debilitado pues el cierre de fronteras, la tendencia a la vuelta a las metrópolis de las industrias deslocalizadas, como vemos en el caso de Nissan o Alcoa, etc… ha puesto de manifiesto sus flaquezas. Fue Hobbes quien definió a la perfección el carácter de los burgueses cuando dijo aquello de “el hombre es un lobo para el hombre”. ¿Renunciarán los capitales del norte de Europa a los márgenes de beneficio que les dan la relación desigual entre el norte y el sur?
El Tratado de Maastricht fue construido a imagen y semejanza de esta relación desigual, pues fue el capital alemán y francés, junto con sus escuderos belgas, holandeses, etc… los que impusieron las normas. Para modificar la relación del Estado Español en la UE hay que romper con esta estructura; de lo contrario su papel subsidiario en la división del trabajo se va a mantener y profundizar tras esta crisis.
¿Una “reconstrucción” para quién?
En una de las primeras comparecencias en la comisión de marras, la del vicepresidente Pablo Iglesias, se produjo un choque frontal con el portavoz de Vox, Espinosa de los Monteros al que acusó directamente de “querer un golpe de estado”, sólo que «no se atrevía». Cuando dos sectores de la burguesía a través de sus partidos, de un lado VOX y su “escudero” el PP, y del otro, el gobierno “progresista”, llegan a niveles de enfrentamiento tan duros como llamar a golpes de estado, es que hay un gran mar de fondo en la sociedad que todavía no se ha manifestado como un temporal.
Las organizaciones de la clase obrera y los pueblos harían mal si se tomaran esto como un simple “enfrentamiento” entre políticos para rebañar votos. Esta es la idea “equidistante”, de “todos los políticos son iguales”, que tanto les gusta a los medios de comunicación desde el supuesto de “izquierdas” Wyoming hasta la “derechosa” Ana Rosa, para ocultar las causas de ese mar de fondo: la crisis y polarización social que atraviesa el estado con millones de parad@s y precarizad@s, mientras los ricos y la «clase media alta» organiza caceroladas para poder ir a sus segundas residencias.
La pregunta de “para quién” es la reconstrucción no es unidireccional, como muchos mecanicistas podrían creer: no es sólo la contradicción clase obrera / capital la que se dilucida en ese “para quién”; sino que, fruto de la caída de la economía de manera abrupta -el Banco de España cifra que el descenso del PIB va a estar entre el 9 y 12 %-, el mercado se reduce para los propios capitalistas, que entran como locos en la batalla por ver quién se queda con la mayor parte del mercado y quién evita la ruina.
La recentralización absoluta que VOX y el PP quieren, que ya están aplicando allí donde gobiernan como Galiza o Madrid, dejando todo lo que no sea gestión de dinero en ayudas para sus amigos en manos del gobierno central no es más que la expresión política de que la tarta del mercado se ha reducido, y el capital español no puede ni quiere perder ni un euro ni la posición dominante que tiene en el Estado, basado en tres pilares: la construcción, el turismo y el oligopolio de las eléctricas con un capital financiero sobre dimensionado respecto a la capacidad industrial española.
Sobre la lucha de clases hay una lucha entre facciones de la clase dominante, para ver quién se queda con la parte del león de la plusvalía generada en la explotación de la clase obrera que les une a todos ellos. Como se da en un marco de una crisis brutal, de ahí la virulencia de la extrema derecha contra el gobierno que busca mantener el viejo equilibrio alcanzado en la Transición entre esas facciones. No todos los políticos son iguales, sino que cada uno expresa intereses de clase y de fracción de la clase diferentes, y en este conflicto político hay que moverse.
La pregunta tiene una segunda vertiente, que es lo central: o se reconstruye para la burguesía, sea la fracción “verde” y “progresista”, sea para la “casposa” nacionalcatólica, o se reconstruye para la clase obrera y los pueblos.
Sea el sector que sea de la burguesía, se adorne de “verde” o de “negro”, los costes de la crisis lo van a pagar la clase trabajadora y los pueblos con sus condiciones de trabajo y de vida: el redescubrimiento del «teletrabajo» como una forma de «autoexplotación». Lo que el gobierno “progresista” ha hecho hasta ahora, el llamado “escudo social”, no han sido nada más que medidas “paliativas” para evitar un desastre que hubiera tenido solución, si ese gobierno no fuera “progresista” burgués, y sí un gobierno revolucionario.
Un gobierno de los trabajadores y las trabajadoras habría nacionalizado la sanidad y las residencias de mayores privadas, poniéndolas al servicio de un sistema sociosanitario público; habría expropiado las fábricas necesarias para fabricar mascarillas, respiradores, etc… habría contratado todo el personal necesario en todos los sectores esenciales (sanidad, alimentación, distribución, …) para garantizar la salud pública. En fin, si había una “guerra” contra el virus, habría tomado medidas de “guerra” para frenarlo.
El problema era que la “economía no cayera”, ahora es “cómo reactivamos la economía”. Cuando se habla de economía no se refieren a los puestos de trabajo de Nissan o Alcoa, a los millones de despedid@s, a los que tras los ERTEs les va a venir un ERE; se refieren a que las empresas sigan vivas… porque en el fondo Sánchez, Iglesias, Rajoy, Casado y Abascal comparten la misma tesis burguesa de la “teoría del derrame”: hagamos que las empresas tengan beneficios, que después esta riqueza se esparcirá por la sociedad.
Frente a estas políticas burguesas, que terminarán pagando los de siempre, hay otro programa que parte de la lógica inversa: la resolución de las necesidades sociales a cualquier precio, empezando por la expropiación propiedad privada de los medios de producción, distribución y financieros, y su nacionalización para ponerlos al servicio de esas necesidades. Este es el verdadero “para quién” de la reconstrucción económica.
¡Es la política, estúpidos!
Las manifestaciones de la extrema derecha, las broncas parlamentarias, las dimisiones de “golpistas” de la Guardia Civil, el lento renacer de las movilizaciones obreras y sociales, etc… son la confirmación del axioma leninista de que “la política es economía concentrada”. Todas las tensiones que genera una crisis del calibre de ésta, y las disputas por “quién” se va a beneficiar de la salida se concentran en que derribar a la Monarquía y sus gobiernos es una tarea fundamental de tod@s l@s revolucionari@s. No se puede aspirar al socialismo y a la vez ignorar el modelo de Estado con el que nos exprimen y oprimen los capitalistas.
Dicho de otra forma, las medidas qué serían precisas para que la reconstrucción, primero no “deje a nadie atrás” como promete el gobierno, y segundo, no la paguen los que siempre la ha pagado, la clase obrera y los pueblos, no caben ni con calzador -esto es lo que pretende este gobierno, su «escudo social» es ese calzador- dentro de un régimen hecho a imagen y semejanza del capital que lo gestó, el español.
La lucha por los planes de choque sociales o van ligados a la exigencia de planes de choque políticos, o no son más que fuegos de artificio. La extrema derecha pone el dedo en la llaga, “es la política, ¡estúpidos!» dicen con sus gritos y caceroladas de plata; las organizaciones de la clase obrera, políticas y sindicales no pueden seguir atadas a esa concepción economicista de la política, según la cual la clase obrera sólo habla de lo que le interesa, el trabajo y poco más. Esa es una concepción elitista; a la clase obrera le interesa más enfrentar a este gobierno que a la extrema derecha, puesto que es tan burgués como ella que, con calzador o sin él, va a tomar medidas que enriquezcan más a los capitalistas. Dejar en manos de la extrema derecha la denuncia de este gobierno la fortalece, y abre las puertas a que esas medidas se adopten sin el calzador.
La “reconstrucción de la economía” para la clase obrera exige de ésta la construcción de organizaciones políticas y sindicales que tengan como eje la lucha por las medidas sociales y políticas que apunten a la transformación socialista de la sociedad, y no el desarrollo de “teorías del derrame”, como hacen desde el gobierno.