Entrevista a Tania, activista y trabajadora de Sabadell, sobre cómo llevar la lucha por la vivienda a los centros de trabajo
Por: Corriente Roja
La oleada de movilizaciones y acampadas ha vuelto a situar la vivienda en el centro del debate político. En Corriente Roja ya hemos contado cómo el desahucio de Maricarmen Abascal encendió las protestas, qué programa se necesita para garantizar una vivienda digna y cómo se prepara la huelga general del 11 de noviembre. Esta conversación aporta otra perspectiva: la experiencia concreta de construir la huelga desde Sabadell, en el Vallès, y el reto de conectar las asambleas de vivienda con los centros de trabajo y estudio.
El balance del gobierno municipal de Ada Colau también pesa en este debate. Barcelona en Comú prometió sumar 8.000 viviendas públicas; para febrero de 2023 había incorporado alrededor de 4.600. La norma del 30 % de vivienda protegida apenas se tradujo en ocho pisos terminados en cinco años, tras la ofensiva de promotores y propietarios. La movilización actual expresa que, para mucha gente, ya no bastan las medidas parciales: hace falta cambiar de forma estructural quién controla la vivienda y decide qué se construye y para quién.
Tania trabaja en Sabadell y forma parte de un comité de empresa de unas 800 personas. Cuenta cómo reactivar la organización tras años sin asambleas y qué trabajo se necesita para que la huelga no se agote en un día.
«La gente lleva años viendo cómo se desploman sus condiciones de vida»
¿Qué explica esta nueva oleada de movilizaciones? ¿Qué ha cambiado respecto de las luchas anteriores por la vivienda?
Hay varios factores. Uno es la acumulación de frustración, desencanto y falta de expectativas, no solo entre la juventud, sino también en amplios sectores de la clase trabajadora que llevan años viendo cómo se desploman sus condiciones de vida. La imposibilidad de acceder a una vivienda digna hace tiempo que es una de las principales preocupaciones de la gente trabajadora, pero por sí sola no explica los estallidos actuales.
También han avanzado las organizaciones de vivienda. Por un lado, han desarrollado reivindicaciones como los contratos de alquiler indefinidos, que se suman a demandas históricas: detener los desahucios y crear un parque público de vivienda mediante la expropiación de grandes tenedores y fondos buitre. Por otro, han impulsado formas de organización y tácticas que permiten pasar de una lucha principalmente defensiva —frenar un desahucio— a presionar por medidas concretas.
La movilización se apoya en esa experiencia y expresa un problema de toda la clase trabajadora, aunque golpee con especial dureza a jóvenes y migrantes.
«El problema no puede pagarlo la clase trabajadora»
¿Qué significa garantizar la vivienda como un derecho y no como una mercancía? ¿Qué medidas pueden responder a la urgencia y cuáles apuntan a una solución de fondo?
Hay que unir las demandas inmediatas con un programa que ataque a quien controla la vivienda y con qué objetivo. Para empezar, necesitamos una bajada drástica de los alquileres, contratos estables y renovables, la prohibición de los desahucios de familias vulnerables y la regulación de todas las formas de alquiler, incluidos los de temporada y por habitaciones. Son medidas por las que hay que luchar ahora, pero no bastan si los grandes propietarios siguen decidiendo quién puede vivir en una casa y a qué precio.
Corriente Roja defiende la expropiación sin indemnización de las viviendas vacías de bancos, fondos de inversión y grandes tenedores, empezando por la Sareb, para crear un parque público de alquiler social. También plantea expropiar a las grandes constructoras y poner la construcción y la rehabilitación de viviendas bajo una planificación democrática y ecológica, con control de las trabajadoras y los trabajadores. Así se puede orientar la vivienda a las necesidades sociales —y no a la rentabilidad— y asegurar alquileres realmente asequibles.
Las ayudas al alquiler y las bonificaciones pueden aliviar casos concretos, pero si el dinero público acaba en manos de grandes arrendadores no cambia quién manda en el mercado. La pregunta es quién paga: Corriente Roja defiende que lo hagan quienes se enriquecieron con la especulación y el rescate bancario.
Las medidas urgentes pueden mejorar vidas y fortalecer la organización. El programa de fondo explica por qué chocan con los intereses de los grandes propietarios y por qué habrá que defenderlas colectivamente.
«Cada comité debe pensar qué camino seguir después del 11N»
La huelga exige conectar sindicatos de vivienda, barrios, centros de estudio y centros de trabajo. ¿Qué puede aportar cada espacio?
Todos esos espacios tienen dos tareas relacionadas: fortalecer su propia capacidad política y organizativa y poner sus fuerzas al servicio de la organización del conjunto de la clase trabajadora. La huelga no es un fin en sí mismo, sino una oportunidad, un paso más. Cada comité —de barrio, de estudio o de empresa— tiene que partir de su situación concreta y preguntarse qué camino debe seguir para estar en mejores condiciones después del 11 de noviembre.
En mi caso, formo parte del comité de empresa. Somos 17 delegadas y delegados para una plantilla de unas 800 personas. Hace poco más de un año el comité estaba prácticamente agonizando. En el último año impulsamos dos asambleas, después de más de diez años sin una iniciativa de ese tipo. La tercera será para organizar la huelga.
Me gustaría convocarla ya y conseguir un apoyo masivo, pero si hoy llamáramos a toda la plantilla probablemente nos encontraríamos con mucha gente desinformada y sin motivación para luchar. Hemos decidido realizar primero un trabajo previo y convocar la asamblea la semana previa a la huelga. Eso significa repartir información, recorrer las secciones y hablar en grupos pequeños con compañeras y compañeros. También queremos apoyarnos en el movimiento estudiantil para difundir la convocatoria.
Este trabajo puede parecer lento, pero permite que la asamblea no sea un acto formal. La gente tiene que saber qué se propone, poder plantear dudas y decidir colectivamente. Si queremos que la huelga se sienta propia, hay que construirla con quienes trabajan, no hablar en su nombre.
¿Qué dificultades habéis encontrado para que esa participación sea real?
Hace poco asistí a una reunión online de delegadas sindicales organizada por UGT para ayudar a preparar la huelga. Un representante del sindicato habló desde un atril sobre el peligro de la ultraderecha, pero no mencionó los ocho años de gobierno del PSOE, no apeló a la responsabilidad de las delegadas en la construcción de la huelga y no respondió a las dudas más comunes. Ni siquiera hubo turno de palabra o trabajo en grupos. Muchas de las personas conectadas tenían interés en la huelga. ¿Qué se llevan de una reunión en la que no pueden intervenir?
También hay formas más sutiles de bloquear la participación: ocupar las asambleas con cuestiones secundarias, proponer acciones para centros de trabajo sin contar con quienes trabajan allí o intentar unificar el movimiento sin respetar su diversidad. He oído incluso que los comités de barrio no deberían escribir sus propios panfletos, por temor a que alguno termine favoreciendo al PSOE. Hay que discutir políticamente esas diferencias, pero censurar no ayuda a organizar. Necesitamos saber qué piensan nuestras vecinas y compañeros de trabajo para poder convencerles y luchar juntos. Nadie se organiza sin estar convencido.
«La huelga se construye desde abajo»
¿Qué pasos concretos ayudarían a que la convocatoria llegue a más trabajadores y no se quede en los sectores ya movilizados?
Primero, hacer el trabajo de información y conversación en cada centro. Hay que convocar asambleas, escuchar las preocupaciones, discutir las reivindicaciones y votar cómo participar. Después, conectar esas decisiones: que los comités de empresa y de barrio se encuentren, coordinen iniciativas y compartan lo que funciona. Los sindicatos tienen que poner sus recursos al servicio de esa organización y no sustituirla.
En cada lugar habrá condiciones distintas. Puede que una plantilla no esté en condiciones de parar todo el día; aun así, puede hacer un paro parcial, aprobar un comunicado, colgar una pancarta o acudir junta a la manifestación. Lo importante es abrir una discusión colectiva y dar pasos que permitan sumar a más gente. Las asambleas en centros de estudio pueden acercar a estudiantes y trabajadores; las acciones en barrios y polígonos pueden hacer que la convocatoria llegue a personas que todavía no participan en el movimiento.
La unidad no consiste en borrar las diferencias ni en esperar a que todo el mundo esté de acuerdo en cada detalle. Consiste en acordar objetivos comunes y decidir democráticamente cómo llevarlos a cabo. La clase trabajadora puede intervenir con voz propia si tiene espacios para deliberar y organizarse.
Para que esa fuerza no desaparezca después del 11N, los comités pueden acordar desde ahora una reunión de balance, elegir quiénes llevarán las propuestas a la coordinación local y fijar una siguiente fecha de encuentro. También pueden identificar qué sectores aún no han participado y qué obstáculos concretos les impiden sumarse. Son pasos modestos, pero convierten una convocatoria puntual en una estructura que puede reunirse de nuevo, tomar decisiones y preparar nuevas acciones.
«La única garantía es nuestra propia organización»
Sánchez ha convocado elecciones para el 29 de noviembre, pocas semanas después de la huelga. ¿Cómo evitar que la lucha se disuelva en la campaña electoral?
La convocatoria electoral puede servir para desviar una crisis abierta contra el Gobierno y trasladar la discusión a quién será el siguiente Ejecutivo. Pero, gobierne quien gobierne, seguirá existiendo el mismo problema si se mantiene el poder de los propietarios y de quienes hacen negocio con nuestras necesidades.
Ya vivimos una experiencia parecida tras el 15M: muchas personas sintieron que se abría una posibilidad de cambio, pero la aparición de Podemos devolvió parte de esa indignación al ámbito institucional. Hay que sacar conclusiones. No podemos delegar la solución en un gobierno ni esperar a las elecciones para ver si alguien cumple sus promesas. La única garantía de supervivencia y dignidad para la clase trabajadora es su propia organización.
Tras la huelga, los comités deberían reunirse para evaluar qué se ha conseguido y acordar las siguientes acciones en cada barrio y centro de trabajo, sin esperar a que un gobierno resuelva el problema.
La huelga puede mostrar nuestra fuerza; las asambleas y los comités pueden convertirla en una organización duradera para conquistar derechos, gobierne quien gobierne.