A pesar de que siempre han tratado de convencernos de que la Transición en este país fue modélica e incluso algunos la han puesto de ejemplo para exportar a otros países, la Transición no fue nunca el cuento de hadas que nos han querido contar. Como muy bien explica Mariano Soler autor de la  obra La Transición Sangrienta (Península), el objetivo era que la calle no fuera de izquierdas, así como controlar el proceso sin tocar a los franquistas ni a los grandes capitalistas.

Los datos que aporta Mariano Sánchez en su obra son demoledores. “Entre 1975 y 1983, se produjeron 591 muertes por violencia política. De ellos, nada menos que 188 de l@s asesinad@s, l@s menos investigad@s, entran dentro de lo que el autor denomina violencia política de origen institucional, alentados o instrumentalizados por las instituciones del Estado”.

Lamentablemente la vergüenza de vivir en un país que no termina de romper con su pasado más oscuro regresó 33 años después. El 24 de febrero de 2013, el reportaje “La vida oculta del asesino de Yolanda”, en el periódico El País, revelaba que Emilio Hellín había cambiado su nombre por el de Luis Enrique y que era uno de los principales asesores del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, sorprendiendo su asistencia como perito en la Audiencia Nacional. Hellín, fue contratado por el Ministerio del Interior en 15 ocasiones entre 2006 y 2011 (gobernaba el PSOE) y facturó 140.000 euros, en diferentes contratos para actividades de formación de miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, a los que impartía seminarios y conferencias; asesoramiento técnico en la recuperación de datos de ordenadores y móviles, y venta de material sobre telefonía móvil, volcados de información y software.  

En la actualidad, bajo el gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos se ha presentado un proyecto de Ley de Memoria Democrática como proyecto reformado de la Ley anterior 52/2007, que no recoge las demandas fundamentales para acabar con las impunidades del franquismo y que sigue manteniendo la Ley de Amnistía de 1977 como garante para no juzgar los crímenes del franquismo. Un ejemplo reciente en estos días es el veto de PSOE, PP y Vox contra de la petición de comparecencia del que fuera ministro de Interior durante la dictadura Rodolfo Martín Villa alegando que no puede comparecer ante la Comisión Constitucional por no ser miembro de Gobierno. La citación pretendía abordar los crímenes del franquismo. Rodolfo Martín Villa, quien en julio de 1977 pasó de último ministro de Gobernación de la dictadura a primer ministro de Interior de la monarquía parlamentaria sin que el cambio de denominación modificase sustancialmente aquella forma de administrar su departamento y que le valió el expresivo apodo de «La Porra de la Transición». Aunque tras la muerte de Franco nunca se dictase un estado de sitio de iure, abundan los episodios en que la fuerzas de seguridad sometieron a ciudades enteras y grandes masas de población a estados de sitio de facto, con trágicas consecuencias: 3 de marzo de 1976 en Vitoria (aún con Manuel Fraga como ministro de Gobernación y Martín Villa de Relaciones Sindicales; cinco muertos, cientos de heridos; declara Fraga: «Aquello de Vitoria había que aplastarlo […], eran pequeños soviets que se estaban gestando y había que extinguirlos«).