A continuación reproducimos nuestra entrevista a la Plataforma de Trabajadoras de la Red de Atención a la Violencia de Género del Ayuntamiento de Madrid.

1. ¿De qué recursos está compuesta la Red? ¿Todo el servicio está externalizado? 

La Red municipal está formada por 11 recursos entre centros ambulatorios, de emergencia y residenciales, para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas, y todos ellos están externalizados.

2. ¿Cómo afecta la subcontratación al servicio?

La subcontratación afecta a todos los recursos, impactando en la atención que ofrecen y las condiciones laborales de las profesionales. Nos encontramos con un primer colapso en la puerta de entrada a la red en lo referente a alojamientos de protección, el S.A.V.G24H, presenta puntos críticos desde hace mucho tiempo tales como la escasez de plazas de primera acogida, falta de personal dada la presión asistencial acrecentada en los últimos años, espacio inadecuado que en ocasiones roza el hacinamiento.

A nivel ambulatorio nos encontramos con agendas colapsadas, falta de personal y recursos. Dadas las precarias condiciones psicosociales en las que trabajamos, un elevado porcentaje de la plantilla se ha marchado no por gusto o por mejorar sus condiciones sino porque es verdaderamente costoso continuar trabajando en estas condiciones. Esto ha supuesto una “fuga de trabajadoras” junto con una temporalidad de permanencia en los puestos de trabajo de las compañeras muy elevada. La intervención continúa devaluándose. Esta situación ha hecho que pidamos ayuda para mejorar y poder dar respuesta a las demandas y necesidades planteadas por las usuarias con las que trabajamos, sin embargo, tanto la administración pública, en este caso Ayuntamiento de Madrid, como las entidades sociales para las que trabajamos han hecho caso omiso a nuestras reivindicaciones.

Hemos mantenido diversas reuniones con la Dirección de Igualdad y contra la Violencia de Género siendo todas ellas infructuosas. Negando de manera sistemática y casi vergonzosa nuestras reivindicaciones, en su mayoría relacionadas con la asistencia integral que tienen derecho a recibir y que actualmente no se está cumpliendo, infringiendo una y otra vez la Ley Integral tanto estatal como Regional que ampara a las mujeres víctimas y sus hijos e hijas.

3. ¿Qué os llevó a empezar a movilizaros?

Algunos recursos se habían organizado previamente a nivel interno y habían llegado a enviar escritos a la Dirección General de Igualdad y Contra la violencia de género del Ayuntamiento de Madrid, que es la responsable de nuestros recursos, exponiendo la situación en la que se encontraban y pidiendo soluciones urgentes. En septiembre se convocó una concentración en la entrada del Ayuntamiento de Madrid, en apoyo a las profesionales del recurso CAPSEM-NORTE, dado que en el pleno había una propuesta por parte del grupo municipal VOX en la que se cuestionaba su labor profesional.

A esa concentración acudimos profesionales de los diferentes recursos de la Red de Violencia de Genero del Ayuntamiento de Madrid. A partir de ahí surgió la idea de comenzar a reunirnos las profesionales de todos los recursos de la Red, para valorar posibles iniciativas conjuntas. Nos dimos cuenta de que la situación no era de un recurso en concreto, sino algo generalizado y estructural de toda la red en la que trabajamos, por lo que decidimos iniciar acciones conjuntas. Tras varios meses de reuniones, comenzamos las movilizaciones de forma oficial el 8 de marzo. Previamente enviamos un escrito al Ayuntamiento exponiendo nuestra situación e informando de las acciones que teníamos previsto emprender.

4. ¿Cómo afecta vuestra precariedad a las usuarias?

El impacto de la precariedad en la Red de Violencia de Género impacta de manera directa. Consideramos que no cumple debidamente su función a la hora de proteger a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas. Las mujeres que contactan por primera vez con la red de violencia de género, solicitando ayuda para salir de la situación de violencia, si no se encuentran en una situación de emergencia, tienen que esperar dos meses para ser atendidas por primera vez por una profesional.

Durante esos dos meses continúan expuestas a la violencia ejercida por sus parejas o exparejas, con los daños psicosociales y el riesgo para la integridad física que eso supone, tanto para ellas como para sus hijos e hijas. Con estos plazos, es imposible abordar estos casos desde la prevención y trabajar una salida segura para estas mujeres. Muchas de estas mujeres acaban siendo atendidas en la emergencia, porque en el plazo de esos dos meses acaban sufriendo agresiones o situaciones de riesgo, que probablemente se podrían haber evitado si se las hubiera atendido en el momento en el que pidieron ayuda.

Respecto a los alojamientos de protección, el primero de ellos, cuenta con 15 plazas (entre mujeres y menores) de valoración inicial, donde deberían estar un plazo máximo de 72 horas. En la situación actual las mujeres pueden llegar a pasar más de 1 mes en este tipo de alojamiento, no preparado para estancias largas y donde los y las menores permanecen sin escolarizar, a la espera de una plaza en Centro de Emergencia de la red. Cuando estas 15 plazas se encuentran cubiertas, la alternativa del Ayuntamiento es alojar a las mujeres en hoteles, donde las mujeres permanecen sin asistencia profesional que las pueda atender en caso de entrar en crisis. Asimismo, se encuentran desprotegidas, dado que pueden ser contactadas y localizadas por los agresores, teniendo en cuenta el momento de extremada vulnerabilidad en el que se encuentran.

Cuando las mujeres acceden a un Centro de Emergencia de la Red de Alojamientos de Protección del Ayuntamiento de Madrid, la situación no mejora ya que, dados los cortos periodos de estancia (máximo dos meses), no es posible realizar una salida autónoma con estas mujeres, lo que les deja en una situación de precariedad y vulnerabilidad social que no les permiten recuperarse y reconstruir su vida tras la violencia sufrida. Se dan casos en los que, tras haber finalizado la estancia en los Centros de Emergencia, las mujeres vuelven con su agresor, no por dependencia emocional, si no por no disponer de otras alternativas socioeconómicas. Por otra parte, los recursos ambulatorios donde se lleva a cabo el apoyo para el proceso de recuperación de las mujeres (con orden de protección y sin ella) y sus hijos e hijas también se encuentran saturados. Esto condiciona el tiempo que tienen que esperar las mujeres para ser atendidas por primera vez, tras ser derivadas a estos recursos y los espacios entre citas, que pueden llegar a ser hasta de 5 semanas. El tiempo asignado para cada cita también se está reduciendo cada vez más.

Por todo esto, consideramos que estos espacios son insuficientes para poder trabajar la recuperación de una experiencia tan traumática y compleja como es la violencia de género y los daños tan profundos y a todos los niveles que genera. Por todo esto, consideramos que la Red de Violencia de Género del Ayuntamiento de Madrid no cubre las necesidades de las mujeres víctimas de violencia de género y de sus hijos e hijas, dejando a estas personas desprotegidas en un momento de extrema vulnerabilidad.

5. ¿Hay mujeres que acuden al servicio que lo abandonan? ¿Por qué?

Las causas pueden ser diversas, pero como apuntábamos con anterioridad, si una mujer pide ayuda en un momento dubitativo, con una toma de decisiones muy inicial, atenderla en un corto plazo de tiempo, permitiría intentar facilitar información de prevención para que pueda detectar indicadores de violencia en su relación, y que pueda ir evolucionando en su identificación. El hecho de que una primera cita pueda tardar dos meses, y después deba esperar nuevamente un mes o más tiempo para recibir atención psicológica individual, y así consecutivamente, influye en un posible sentimiento de abandono en un momento de prevención clave. Por otro lado, remarcar que se trata de mujeres en muchas en ocasiones en situación de extrema vulnerabilidad social y económica, que asumen diferentes trabajos, de baja remuneración, que tienen que conciliar con la crianza de sus hijos e hijas. No cuentan con tiempo de autocuidado y no pueden planificar tan a largo plazo.

6. En tu opinión ¿Le importa al Ayuntamiento la lucha contra la violencia machista? ¿Crees que tiene voluntad de escuchar vuestras demandas?

Por parte del Ayuntamiento son conscientes de la necesidad de mejorar, si bien consideran que por legislación y modificación de contratos, estos cambios son lentos, no ofreciendo medidas paliativas hasta que lleguen las definitivas. Tememos que las modificaciones que se produzcan en la Red no contemplen la saturación que ya existe en la misma.

Es necesario recalcar que, en el SAVG 24 Horas, no cuentan con espacio suficiente para la atención ambulatoria y el edificio está deteriorado. El alojamiento de protección inicial está colapsado, y alegaron que el problema del mismo se situaba en los centros de emergencia –segundo alojamiento- donde no se producían salidas, no existiendo propuestas alternativas. En algunos recursos ambulatorios, actualmente ya existe una demora para primera atención de 1 mes, y dos meses inter-cita, además de existir áreas, como psicología infantil, donde existe una espera de 6 meses para algunos menores.

En este sentido, tememos que las nuevas modificaciones, con el objetivo de acercar el servicio a las mujeres y sus hijos e hijas, pase por atender a las mujeres con y sin denuncia, y se produzca una ampliación ínfima para la demanda de atención que va a suponer, creando largas listas de espera. Por otro lado, en cuanto a las condiciones laborales de las trabajadoras, queremos recalcar que las técnicas perciben un salario de 1350€, a pesar de la experiencia y cualificación requerida. El Ayuntamiento dice no poder incluir en pliegos mejoras, como fijar ratios por profesionales e inclusión de plus de alta cualificación para profesionales. Nos orientan a Convenio de Intervención Social o a las empresas. Éstas dicen estar limitadas por los pliegos del Ayuntamiento. En cuanto al convenio de intervención social, prevén únicamente una subida de un 2 o 3%, lo cual supone irrisorio para las trabajadoras. En resumen, con independencia de que les importe o no, sí que tienen la responsabilidad como administración de asumir una mejora integral de la Red, ante la denuncia que realizamos públicamente.

7. ¿Cuál crees es el camino para que la Red funcione?

Creemos que más allá de la inversión económica, la Red necesita ser actualizada. Estamos completamente de acuerdo con descentralizar la atención en los recursos ambulatorios, pero para ello, los centros tienen que contar con despachos suficientes de atención, y unos ratios máximos que aseguren plazos de inter-citas semanales o quincenales.

En este sentido, queremos recalcar que más allá de ser un recurso de atención directa, tenemos funciones que incluyen la realización de informes, coordinaciones y tareas administrativas, relevantes e importante en nuestra profesión. Dichas tareas el Ayuntamiento las invisibiliza, indicándonos que demos prioridad a la atención directa, suponiendo una sobrecarga para los equipos.

Respecto al alojamiento inicial y los centros de emergencia, es evidente que las plazas están colapsadas, y se necesita mayor capacidad de las mismas, hasta que haya una solución definitiva, no pudiendo sostener intervenciones de 9 meses, o salidas sin alternativas seguras. Esto produce un efecto circular, ya que en ocasiones, las mujeres vuelven a ingresar en la Red al no contar con alternativas y haber sufrido violencia de género nuevamente, por el mismo u otro agresor. Por otro lado, para evitar que las mujeres ingresen en la emergencia en hoteles, desde la plataforma se propuso que siempre existiera un 20% de plazas libres en centros de emergencia.