El pasado miércoles compareció la ministra de educación, Isabel Celaá, explicando el plan del Ministerio de Educación para terminar el curso tras la incertidumbre generada desde el decreto del Estado de Alarma por la crisis del COVID 19. Fue una intervención confusa, con medidas poco concretas y generó más dudas de las que resolvió. Pese a ello, la ministra dejó muy claras algunas cosas.

No habrá aprobado general

El gobierno ha descartado esta opción. El curso acabará en junio, se continuará avanzando temario y evaluando a l@s estudiantes durante el tercer trimestre. El gobierno toma esta decisión pese a saber que un 14% de los hogares no tienen acceso a internet y un 22% no tienen ordenador en casa. También saben que much@s estudiantes tienen que compartir ordenador con sus herman@s o con l@s familiares que teletrabajan. Continuar evaluando en estas condiciones es discriminatorio para las familias más pobres, y si el gobierno no se preocupa de l@s estudiantes más precari@s, debemos ser nosotr@s mism@s l@s que nos organicemos clase por clase para exigir el apto general.

La repetición será la excepción, así que continuará siendo la norma para l@s estudiantes más precari@s

La ministra Celaá insistió en que la repetición de curso será una medida excepcional que sólo se tomará en caso que favorezca al estudiante, como ha sido siempre. Pero estas palabras, pese a sonar medio bien, están completamente vacías. La realidad es que la excepción de la que habla la ministra representa el 10% de los estudiantes; en la comunidad andaluza, que encabeza la lista, l@s repetidor@s representan un 16% de l@s estudiantes de secundaria y casi un 25% de l@s de bachillerato. Por ello, no se pueden considerar una excepción, sino la norma entre l@s más pobres, puesto que la repetición está completamente relacionada con el nivel adquisitivo de las familias y la situación laboral y personal de los padres.

Además, existen estudios y muchos profesionales de la educación respaldan lo inútil que resulta la repetición para l@s estudiantes. Para mejorar el nivel educativo de l@s alumn@s es necesario invertir en educación, de nada sirve hacer pagar a l@s jóvenes un problema que no es suyo sino del sistema.

Una selectividad más flexible, pero igual de injusta

Finalmente, parece que la solución que ofrecen a l@s estudiantes de segundo de bachillerato es una selectividad con mayor flexibilidad para elegir las preguntas, para que puedan evitar responder cuestiones que no se han dado en clase. Esta medida puede suponer un alivio para much@s jóvenes, pero continúa siendo una medida discriminatoria con l@s estudiantes de barrios más pobres. Insistimos, el acceso a la enseñanza superior es un derecho que tod@s l@s estudiantes debemos tener garantizado. Cualquier medida de selección será siempre discriminatoria hacia l@s más precari@s, por ello debemos luchar para que todo el mundo pueda acceder a una plaza en la universidad o el ciclo que quiera. Hay que garantizar plazas suficientes para que tod@s puedan acceder a la enseñanza superior, que el acceso sea gratuito y suspender la EBAU.

No contratarán nuevo profesorado, de hecho, se reducirá

El secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, insistió repetidamente en que el gobierno no le diría a l@s profesor@s cómo debían evaluar a sus alumn@s, puesto que l@s docentes son quienes mejor saben cuál es la forma más justa de evaluar a cada estudiante. Esta afirmación es una burla a la comunidad educativa que está afrontando una situación extraordinaria con condiciones muy precarias, pagando años de recortes en educación. ¿Cómo pretende este gobierno que l@s profesor@s evalúen de forma pormenorizada a sus alumnos con ratios de 30 estudiantes por clase? Además, la ministra Celaá pide a l@s docentes que presten especial atención a aquell@s alumn@s que tienen más complicaciones para seguir el curso telemáticamente. La realidad es que l@s estudiantes con más dificultades no están distribuidos uniformemente en todas las clases, sino que se acumulan en aquellos colegios e institutos “de segunda”, de barrios más pobres que además, gracias a leyes clasistas como la LOMCE, son los que reciben menos recursos.

Para poder atender realmente las necesidades del alumnado, l@s docentes necesitarán refuerzos, sin embargo el gobierno descarta la contratación de nuevo profesorado. De hecho, están apareciendo plataformas que denuncian que se ha frenado en seco la contratación de sustitutos y sustitutas y se está prescindiendo de l@s que trabajaban hasta el momento. Por lo que los centros cuentan con menos profesorado para hacer frente a esta crisis educativa.

Denunciamos la hipocresía de este gobierno que, mientras alaba a l@s profesional@s del sistema educativo, los abandona a su suerte ante el enorme reto al que se enfrentan. Cargar sobre las espaldas de l@s docentes el peso de la enorme desigualdad de este sistema educativo es condenar a l@s estudiantes más pobres. Necesitamos garantizar los materiales necesarios para l@s estudiantes y docentes, la contratación de nuevo profesorado para garantizar el seguimiento del curso y la creación de una red pública y gratuita de acceso a internet.

La prioridad sigue siendo salvar la economía antes que los servicios públicos

La guinda del pastel fue escuchar hablar a Celaá de las escuelas de verano que quieren impulsar para recuperar aquellos contenidos que no se hayan podido trabajar suficiente. Escuelas voluntarias que pretenden cubrir con voluntari@s de ONGs y personas que se ofrezcan. L@s estudiantes no podemos permitir que nuestra educación dependa de las limosnas y la solidaridad. La educación es un derecho fundamental que ha de ser garantizado por el Estado.

El gobierno no ha perdido tiempo a la hora de garantizar inyecciones económicas extraordinarias para salvar a los grandes empresarios. ¿Acaso no es igual de urgente salvar a nuestros jóvenes?

Las medidas propuestas por la ministra resultan completamente insuficientes. Son las medidas de un gobierno cobarde que no es capaz de plantarle cara a la presión de los ricos y los grandes magnates del país, anteponiendo sus intereses a l@s estudiantes y trabajador@s. Un gobierno que ni puede ni quiere tomar medidas drásticas y excepcionales porque para eso es necesario revertir los recortes educativos y aumentar drásticamente la inversión en los servicios públicos. Y estos recursos no pueden salir de los bolsillos de la clase trabajadora, sino de los banqueros y capitalistas que nos los robaron. ¡No al pago de la deuda! ¡Que el rey devuelva los millones robados y que la banca pague los más de 65.000 millones del rescate!

¡Que la crisis del coronavirus no deje a ninguna estudiante atrás!

¡Educación pública de calidad, gratuita, laica e igualitaria!