Tras el rimbombante nombre, «Anteproyecto de Ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la administración de la Comunidad de Madrid», se esconde una Ley que afectará a materias muy distintas. Hablamos de una Ley que reformará a su vez 32 Leyes y 5 Reglamentos, y que de aprobarse definitivamente, ahondará aún más en las privatizaciones en detrimento de lo público, y a favor de las grandes multinacionales.  

El anteproyecto de la “Ley Ómnibus”, como ha empezado a darse a conocer, se publicó el pasado 23 de diciembre con tan sólo 7 días para posibles alegaciones. Justo en vísperas de celebrar las fiestas navideñas, cuando muchas personas estaban ultimando las compras y detalles propios de esas fechas, el gobierno de Ayuso registraba a las carreras dicho Anteproyecto, lo que hacía presagiar que nada bueno se escondía tras dicha Ley. Una Ley que con toda seguridad afectará a l@s ciudadan@s de la Comunidad de Madrid y en especial a las clases más desfavorecidas.

Aunque uno de los elementos principales sobre el que esta Ley va a pivotar es la Ley del Suelo, hay también otros campos que se verían gravemente afectados como es la protección del Medioambiente, los Servicios Sociales, la Hacienda Pública, la Sanidad Pública, el Transporte urbano y los agentes forestales, entre otros.

La Sanidad Pública, que desde hace años viene sufriendo numerosos recortes con la Ley 15/97, que llegó para romper la Sanidad Pública y abrir las puertas a las empresas privadas, se vería de nuevo amenazada con la creación de la Agencia de Contratación Sanitaria, una entidad fuera del control parlamentario, que gestionaría algunos miles de millones de euros públicos y que como ya ha ocurrido en otras ocasiones iría a parar a empresas amigas o afines al PP que es quien hoy gobierna en la Comunidad de Madrid.

La Ley Ómnibus, permitiría también abrir la mano a la externalización de las licencias urbanísticas y verificación de los usos de suelo. Esto podría suponer que grandes inversores se autoconcedieran licencias urbanísticas y especularan con el suelo por medio de redes de empresas teóricamente “independientes”. Estos cambios facilitarían construir en espacios protegidos, complejos hoteleros en vías pecuarias o incluso dar la autorización para la caza y la recolección de especies protegidas. En definitiva, se eliminaría del ordenamiento urbanístico una máxima que es la obligación de ceder suelo al ayuntamiento por parte del promotor para construir hospitales, parques públicos o centros escolares. Con esta nueva hoja de ruta la depredación inmobiliaria, el arrase del territorio y las agresiones ambientales estarían a la orden del día.

También el transporte urbano con el sector del taxi a la cabeza sufriría las consecuencias de esta Ley. Una Ley que va profundizar en  la desregulación y privatización del sector ya que fomenta el uso de las empresas VTV (Uber, Cabify, Bolt), dejando las manos libres para que estas multinacionales impongan sus propias reglas de libre mercado. El sector del taxi sale claramente perjudicado ya que se equipararían todos los requisitos que hoy se necesitan para ser taxista en la Comunidad de Madrid (permisos específicos, licencias, exámenes), con una simple autorización y algunas advertencias mínimas. De esta manera las multinacionales seguirían metiendo “un gran bocado” a un sector estratégico como es el de la movilidad y así imponer sus propias condiciones.

La Cámara de Cuentas, esa institución encargada de comprobar la adecuación de la actividad económica, presupuestaria, financiera y contable del sector público madrileño a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia y economía, sufriría la rebaja de la mayoría de dos tercios a una mayoría simple para la elección de sus miembros. La Cámara de Cuentas ya rechazó en su día investigaciones de corrupción del PP madrileño. Ahora con esta modificación se pretende allanar el camino y conceder mayores atribuciones al gobierno de la Comunidad de Madrid.

Los Ayuntamientos perderían también protagonismo en la tramitación de la Renta Mínima de Inserción. Los posibles beneficiarios de dicha Renta ya no tendrían el asesoramiento que hasta ahora se les prestaba. Se liberalizarían también las carreteras, el juego y la caza. En definitiva, los ya escasos elementos de control frente a la especulación se eliminarían facilitando de esta manera los “pelotazos” de la época de Aguirre y Aznar con la famosa burbuja inmobiliaria, volviendo así a los tiempos de los proyectos faraónicos y fallidos del PP (La Caja Mágica, la Ciudad de la Justicia, el Centro Acuático, las radiales y la M-45 entre otros), cuya utilidad era ya muy dudosa en su momento o su coste terminó siendo muy superior a lo inicialmente previsto.

Asociaciones ecologistas, del taxi, vecinales, sindicatos, y otros colectivos sociales, han necesitado escasamente semanas para que más de 50.000 personas hayan mostrado su rechazo a esta nueva Ley con la que la presidenta de Madrid Isabel Díaz Ayuso pretende dar un nuevo apriete de tuercas a sus políticas neoliberales y privatizadoras. Y es que frente a la precariedad laboral con la nueva Reforma como instrumento principal, los desahucios, la represión, y las nuevas ofensivas que están por venir solo hay un camino: Organizarse y movilizarse masivamente en las calles hasta hacer caer sus leyes regresivas y recuperar los derechos perdidos y unas condiciones de vida dignas.