A pesar de toda la propaganda del gobierno, el Real Decreto que ha dado comienzo al proceso de regularización administrativa extraordinaria para miles de personas migrantes que ya residen en nuestro país, es el resultado de cuatro años de lucha del movimiento social, no una concesión política. Pero sus limitaciones son reales y afectan a los colectivos más vulnerables.
Por: Corriente Roja
El Partido Popular y Vox llevan semanas construyendo su discurso contra el decreto de regularización sobre una mentira de base: que se trata de algo inédito y peligroso. La realidad es otra. Desde la Transición, todos los gobiernos —González, Aznar, Zapatero— impulsaron procesos similares. Aznar regularizó a más de medio millón de personas migrantes. El único ejecutivo que no lo hizo fue el de Rajoy. El PP lo sabe. Y aun así, junto a Vox, ha convertido este decreto en un vector de agitación xenófoba. Frente a ese ruido, conviene partir de los hechos.
Una conquista, no un regalo
El avance más concreto es inmediato: las personas en situación irregular podrán residir y trabajar desde el momento en que su solicitud sea admitida a trámite. Para cientos de miles de personas, eso cambia la vida.
Pero es importante señalar que este decreto no nace de la generosidad del Gobierno. Es el resultado de cuatro años de movilización encabezada por la organización de migrantes Regularización Ya, que impulsó una recogida de firmas con más de 700 organizaciones del movimiento popular, superando las 500,000 firmas solicitadas por el Congreso de los/las diputados/as. Llamarlo «regalo» o «concesión electoral», es despojar a un movimiento social de su victoria.
Las limitaciones que no podemos ignorar
Dicho esto, el decreto tiene límites importantes que no deben quedar tapados por el debate con la derecha.
En primer lugar, los plazos son cortos y la Administración no ha reforzado sus plantillas para gestionar tal volumen de solicitudes. Esto está provocando mucha confusión, largas colas y saturación en varios puntos de atención. Pese a las promesas del Gobierno, es previsible que el 30 de junio, cuando acabe el plazo, muchas personas se queden fuera.
La regularización no supone una regularización permanente, sino que puede dar acceso a permisos de mayor duración pasado un año, solo si se cumplen los requisitos. Está enmarcada en la racista y xenófoba Ley de Extranjería que Vox quiere reformar para hacerla aún más restrictiva. La reagrupación familiar tampoco es automática: la ley exige al menos un año de residencia legal para iniciar siquiera el trámite.
Esta regularización de quienes viven, trabajan y pagan impuestos en nuestro país no da el derecho a votar ni en las elecciones generales y autonómicas ni en las municipales, donde solo existe para ciudadanos de la UE o de países con convenios específicos.
Dos colectivos quedan especialmente abandonados. El primero: los apátridas, de los que el 95% son saharauis. Su exclusión no responde a ningún criterio técnico sino a una decisión política: no irritar a Marruecos. El segundo: menores no acompañados atrapados en una contradicción legal, entre su documentación que acredita la minoría de edad y las pericias biométricas de la Fiscalía que la niega. Sin tutela como menores, sin acceso a la regularización como mayores.
Por último, para optar a la regularización será requisito indispensable no tener antecedentes penales en España ni los países donde se haya residido en los cinco años anteriores. El propio gobierno reconoce que esto dejará fuera a quienes no puedan demostrarlo a tiempo.
Las mentiras de PP y Vox
El PP, que en su día apoyó la ILP, compite con Vox en su oposición a esta regularización con un discurso racista y xenófobo en el que asocia migración y criminalidad. Según Feijoo, «que un inmigrante que ha delinquido, que ha abusado de una mujer o que ha robado, el Gobierno lo regularice no tiene ningún antecedente en ningún país de la UE». El Gobierno de Ayuso trabaja en la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo y según su consejero, esta regularización «se traducirá en la quiebra de la convivencia, la saturación y el desguace de los servicios públicos y tiene un efecto llamada».
En cuanto a Vox, que habla de una supuesta «invasión islamista que busca la sustitución del pueblo español por inmigrantes musulmanes», no hay más que ver las medidas sobre inmigración que han exigido para investir a Guardiola en Extremadura, para saber cual es su opinión del proceso.
Las verdaderas razones del proceso de regularización
Frente al relato del «efecto llamada» y la «invasión», los datos del INE dibujan una realidad muy diferente. El 70% de las personas que podrían acogerse a este decreto son de países latinoamericanos —muchas entraron con visado de turista—. Solo el 5% procede de países africanos. Son, en su mayoría, personas jóvenes que sostienen sectores enteros de la economía: hostelería, cuidados, servicios personales. Representan el 14% de la población activa y superan los 3,1 millones de cotizantes.
Detrás de la elevada tasa de desempleo estructural y la pérdida del poder adquisitivo de nuestros salarios, hay factores claves como las sucesivas reformas laborales así como el ataque a las pensiones que han llevado a cabo todos los gobiernos. El colapso y deterioro de los servicios públicos como la sanidad y la educación, tiene que ver con décadas de infrafinanciación y con su privatización, y no con la llegada de unos migrantes que aportan al erario público, más de lo que reciben
Informes del Banco de España y del Defensor del Pueblo coinciden: estos flujos migratorios han impulsado el consumo, la inversión y el crecimiento económico reciente. El Gobierno lo sabe, y esa es —más allá del lenguaje humanitario— la razón económica de fondo del decreto. Es importante señalar que el decreto tiene el acuerdo tanto de la patronal como de la Iglesia.
Aun así, estas personas siguen sufriendo una discriminación laboral estructural. Según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE de 2024, la ganancia media anual de los trabajadores extracomunitarios apenas alcanza el 58% de la de los trabajadores españoles. Las mujeres migrantes, en particular, trabajan de forma masiva en el sector de los cuidados, en su mayoría con frecuencia en condiciones de irregularidad.
Por una regularización real. Nativa o extranjera la misma clase obrera
Así, lo que el debate mediático trata de ocultar, es que la precariedad de las personas migrantes y la precariedad de la clase trabajadora son la misma lucha. Mientras una persona trabajadora pueda ser explotada sin consecuencias por estar en situación irregular, eso es una palanca que deprime las condiciones de todos y todas.
Si bien es importante combatir el racismo de la derecha y la ultraderecha que criminaliza a las personas migrantes, no podemos confiar en un Gobierno que por un lado se vanagloria de “otorgar derechos con esta regularización extraordinaria de personas migrantes que ya vivían en el Estado español, pero, por otro lado defiende el Pacto europeo de migración y Asilo, sigue llevando a cabo devoluciones en caliente y no dudó en alinearse con actores como Junts en Catalunya, para aprobar medidas de tinte racista, como la ley de multirreincidencia.
No olvidamos tampoco las 37 personas asesinadas en la Valla de Melilla por intentar cruzar la frontera bajo jurisdicción española y con Marlaska como ministro de Interior, ni el asesinato de personas migrantes a manos de oficiales de la policía.
Constar en un informe policial puede ser también motivo para ser excluido de esta regularización extraordinaria, si en él se dice que esa persona «representa una amenaza para el orden público o la seguridad ciudadana». Un mecanismo que a veces es utilizado por las fuerzas policiales para criminalizar movimientos sociales, activistas y defensores de derechos humanos.
Es importante destacar que el papel imperialista que sigue jugando el capitalismo español en América Latina y otros lugares del mundo, está relacionado con la xenofobia y el racismo estructural e institucional que sufren hoy las y los trabajadores inmigrantes de esos países, cuando llegan al Estado Español.
Por todo ello hay que seguir luchando para exigir:
¡Por más recursos en la Administración pública, refuerzo de las plantillas y ampliación del plazo para que esta regularización sea efectiva y no deje fuera a nadie!
Exigimos una acogida digna para tod@s, sin discriminación de ningún tipo¡Atención a las solicitudes y expedientes de asilo y refugio!
¡Derechos sociales y laborales para la infancia/juventud migrante!
¡Cierre inmediato de todos los CIEs y CETIs y derogación de la Ley de Extranjería!.
¡Basta de racismo e impunidad policial y judicial!¡Derechos de voto y sufragio pasivo para toda la clase trabajadora del estado, independientemente de su nacionalidad y situación administrativa o legal!
Imagen por: Regularización ya