En el día de ayer, 27 de junio, la Ley Trans fue aprobada por el Consejo de Ministros. Sabemos que habrá sido recortada, como comentamos en la declaración (escrita el 23/06/2022 y publicada en la web de Corriente Roja el 26/06/2022), dejando atrás a menores y personas no binarias. Además, la Ley todavía tendría que ser aprobada por el Parlamento donde, no sólo la derecha se opone a los derechos de las personas trans, sino también sectores del mismo gobierno. No tenemos ninguna confianza en un proceso que lleva postergándose durante 4 años al son de los intereses electoralistas de Unidas Podemos (UP), dejando tras de sí un debate público envenenado de odio, sin garantizar, durante todo este tiempo y todavía a día de hoy, el derecho a la libre autodeterminación de género.
Desde el 2021 ha habido un incremento brutal de las agresiones al colectivo LGTBI+ en todo el Estado español. Los datos hablan de un aumento del 70% de agresiones físicas respecto al año pasado, destacando también los actos discriminatorios en la calle, en el transporte público, en el mundo laboral o en redes sociales y sin contar las agresiones que no se han denunciado.
Ha pasado un año desde que el gobierno de PSOE-Unidas Podemos presentó a trámite el anteproyecto de “Ley trans” y de garantía de los derechos de las personas LGTBI+. Estamos en junio de 2022 y seguimos sin una Ley estatal que garantice el derecho de la autodeterminación del género, que nos proteja de las agresiones, o que prohíba las terapias de conversión. Actualmente, todavía hay Comunidades Autónomas en las que no se dispone de ley trans y LGTBI+ y, en las que si la hay, se regula de forma desigual aplicando unos derechos u otros. Esta situación no garantiza una respuesta unitaria frente a las agresiones LGTBIfóbicas.
Una justicia y un Gobierno cómplices del aumento de la LGTBIfobia
Durante cuatro meses, el Anteproyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, ha estado esperando el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En este informe, publicado en abril, expresa su oposición a la prohibición de las terapias de conversión; a que las personas trans menores puedan realizar su cambio de género como trámite administrativo, quitándoles toda autonomía en su decisión; y a la Ley Trans en sí, achacando supuestos de estafa procesal donde se utilizaría la Ley para eludir condenas por violencia de género (un argumento que nos recuerda, paradójicamente, al de las denuncias falsas, que estos mismos sectores conservadores utilizan para deslegitimar la legislación en materia de violencia de género).
Hoy la Ley se encuentra a la espera del próximo informe de aprobación por parte del Consejo de Estado. Denunciamos el retraso de la aprobación de la Ley por las trabas administrativas y burocráticas de este gobierno, del poder judicial y de las instituciones legislativas, y más en el contexto actual, en el que las agresiones a las personas LGTBI están en aumento. También denunciamos el papel hipócrita de UP que, de nuevo, acata sumisamente el no cumplimiento de su propio programa y guarda silencio en lugar de llamar a la movilización. Las demandas específicas del colectivo LGTBI no pueden ser utilizadas como mero reclamo electoral: ¿Dónde está la Ley Trans de la que tanto se ha abanderado UP mientras sufríamos el tratamiento envenenado que se le ha dado en los medios y discursos parlamentarios? ¿Por qué debemos esperar a una próxima legislatura si no están asegurando algo que prometieron y que, lejos de cumplir, está dejando tras de sí el aumento de la LGTBIfobia?
Aún con todo, si esta Ley se aprobara seguiría siendo insuficiente para garantizar verdaderamente el derecho a la autodeterminación del género. Gracias al ala transfóbica del PSOE, el borrador inicial de la Ley Trans, que recogía las demandas del colectivo movilizado, fue siendo recortado hasta dejar sin reconocer este derecho a las personas no binarias e impuso de nuevo plazos administrativos y procedimientos burocráticos, además de negar el derecho de libre autodeterminación de género a los menores de 16 años. Además, como en el borrador inicial, sigue sin plantear con qué recursos se garantizará este derecho tanto en el ámbito privado como en los servicios públicos. Por último, la lucha por la Ley Trans y LGTBI pasa por cuestionar la Ley de Extranjería para garantizar los mismos derechos a la población LGTBI migrante y acabar con las trabas para que puedan pedir asilo político por huir de LGTBIfobia en sus países de origen.
Teniendo en cuenta estos factores, no es de extrañar que el Estado español haya descendido al 11º puesto en el ránking europeo de ILGA en lo que respecta a derechos del colectivo.
Los ataques de la extrema derecha institucional en aumento
A la ineficacia del gobierno para defender y ampliar los derechos del colectivo, se le suma su incapacidad de hacer frente a los crecientes ataques LGTBIfóbicos de la derecha más reaccionaria del PP y VOX. Solo en los últimos meses hemos escuchado declaraciones de representantes de VOX, como Javier Moreno, atacando el matrimonio de personas del mismo género: “Nuestra postura es muy clara. Nosotros no reconocemos que las uniones entre personas del mismo sexo se denominen matrimonios. No lo reconocemos”.
Pero esto es la punta del iceberg, para un partido que, junto al PP, se ha declarado abiertamente en contra de la Ley Trans, en contra de una educación sexual inclusiva y de calidad en las escuelas -intentando imponer medidas como el Pin Parental- y que repetidamente ha manifestado sus intenciones de quitar todo tipo de subvenciones para recursos o asociaciones cuyo principal fin sea concienciar sobre la violencia de género y la LGTBIfobia. Sus discursos de odio solo dan alas al aumento de la LGTBIfobia en los medios y redes.
Nuestros derechos están constantemente amenazados por unas instituciones «tan democráticas» que dan cabida a organizaciones ultraderechistas que no dudan en utilizarnos como chivo expiatorio. En este contexto, es totalmente comprensible que cada vez que se celebran unas nuevas elecciones las alarmas del colectivo se activen y que, en cierto modo, la lógica del «voto útil» impere: mejor ellos que VOX, ¿no?. Aunque «ellos» llevan desde 2018 en el gobierno central, y ante la crisis socioeconómica que vivimos donde los desahucios, cortes de luz y contratos a tiempo parcial están a la orden del día, parece que no existiese una alternativa digna ¿Podemos culpar al pueblo andaluz de que no haya votado este mismo mes a PSOE-UP? El PP obtuvo mayoría absoluta, pero con la mayor abstención desde 1990 ¿Debemos alegrarnos de que puedan formar gobierno en solitario cuando ya están gobernando con VOX en Castilla y León?
Tan absurdo es votar al PP para acabar con VOX como lo es esperar que éste no salga fortalecido de mandatos «de izquierdas» más cercanos al oligopolio eléctrico que al pueblo trabajador. La desigualdad y polarización sociales van de la mano y, en ausencia de una alternativa real que busque aglutinar el interés de la mayoría pobre y trabajadora, los discursos de odio seguirán señalando a falsos culpables de la miseria social para salvaguardar a la minoría que se lucra de ella. Y esta dinámica, por la que el espacio político de la ultraderecha crece, no solo está instaurada en el Estado español: es una realidad mundial en tanto lo es la lucha de clases.
La autoorganización de la clase trabajadora para combatir la LGTBIfobia
Frente a un Gobierno que se hace llamar progresista mediante campañas de bombo y platillo, pero que no toma medidas reales para defender al colectivo, y una extrema derecha institucional que no deja de aumentar sus discursos de odio, las trabajadoras y jóvenes LGTBI+ tenemos que que ponernos a la cabeza de construir una movilización masiva y sostenida en el tiempo. Debemos organizarnos para conseguir de una vez por todas el derecho a la autodeterminación del género sin trabas, recursos reales en Sanidad y Educación para dar respuesta a nuestras necesidades, y medidas reales que nos protejan de las agresiones.
Para ello, solo nos queda dialogar, convencer y ganar a nuestras compañeras de trabajo y de estudios, a nuestras vecinas, y compañeras de militancia para que se unan a esta lucha. Reivindicamos la unificación de todos los colectivos, organizaciones y sindicatos para la defensa de los derechos de les Trans, y del conjunto del colectivo LGTBI+. La libertad sobre nuestra identidad de género y orientación sexual, y que no nos maten por ello, es un derecho democrático que el conjunto de la clase trabajadora debemos defender a toda costa.
La mayoría de personas LGTBI+ somos clase trabajadora: nos vemos perjudicadas por la subida de los precios de los productos básicos, el aumento de los alquileres, la bajada de los salarios, las Reformas Laborales, o los recortes en Sanidad y Educación. Es por ello, que cualquier mejora para el conjunto de trabajadoras del estado, supondrá una victoria para el colectivo, y las victorias del colectivo, lo serán también para el conjunto de nuestra clase.
Por esto desde Corriente Roja exigimos:
¡Autodeterminación de género sin trabas! Las personas trans no necesitamos informes médicos ni psicológicos para reafirmar nuestra identidad de género. El cambio de género debe ser un trámite administrativo, sin necesidad de reconocimientos de ningún especialista en cualquier edad.
¡Ley Trans y LGTBI+ estatales! Basta de campañas publicitarias y discursos vacíos, queremos medidas reales ya contra las agresiones.
Una Ley que prohíba y sancione las terapias de conversión realizadas a personas LGTBI+. ¡Hay que proteger a la infancia del colectivo contra las agresiones en la familia!
Recursos habitacionales para el colectivo para huir de la violencia LGTBIfóbica intrafamiliar y creación de empleo público con cupo LGTBI ¡Limitación del alquiler y detención de los desahucios! Pongamos los pisos vacíos de bancos/fondos inmobiliarios al servicio de un alquiler social.
¡Educación sexual y en valores de Igualdad! Implementación en el currículo escolar con carácter obligatorio ¡Ni un euro más a la concertada católica! ¡Educación 100% pública!
¡Aumento drástico en recursos sanitarios! Necesitamos personal formado y sensibilizado contra la LGTBIfobia