Después de más de un año de prisión provisional, ha comenzado el juicio del Supremo contra los líderes independentistas catalanes. Las penas que pide el fiscal son aberrantes: 25 años de prisión para Junqueras, 17 para Forcadell, Cuixart y Sánchez o 16 para cinco exconsellers. Estas peticiones se basan en un delito de rebelión que nunca existió. Así lo han denunciado 120 catedráticos de Derecho Penal y así lo han dejado en evidencia tribunales de Alemania, Bélgica y Suiza
Es un montaje judicial para imponer un castigo ejemplar a más de dos millones de catalanes
Pero al Fiscal y a los jueces del Supremo los hechos les importan un bledo. Han construido las inculpaciones a su conveniencia para imponer un castigo ejemplar. Pero no debemos engañarnos. Lo que juzgan no es sólo la libertad y los derechos civiles y políticos de los dirigentes independentistas. A quien de verdad están juzgando es a los más de dos millones de catalanes que fueron a votar el 1-O, desafiando una represión salvaje. A quien juzgan es al 80% de catalanes que están a favor de un referéndum para decidir.
El trío Casado-Rivera-Abascal, en pleno delirio neofranquista, vive de azuzar el enfrentamiento contra los catalanes. Les echan la culpa de los problemas de Andalucía, Extremadura, Castilla o Aragón, mientras exculpan a los terratenientes, banqueros y empresarios del Ibex 35, es decir, a los amos de estos territorios y de España desde tiempo inmemorial. Dicen que el independentismo catalán es cosa de ricos, pero ocultan que los grandes burgueses catalanes apoyaron el 155, trasladaron el domicilio de sus empresas y son enemigos acérrimos de la independencia.
El trío Casado-Rivera-Abascal piensan que Cataluña es suya y no de los catalanes. El solo hecho de que estos tengan una cultura, una lengua y una historia propias les saca de quicio. Sólo entienden el lenguaje de la conquista, la sumisión y la unión forzada. Por eso prometen suspender la autonomía, un 155 permanente, ilegalizar las organizaciones independentistas y hasta detener al president Torra.
El Gobierno Sánchez, cobarde ante a la derecha e incapaz de decir la verdad, sale en defensa del Supremo y la Fiscalía, proclamando sin sonrojarse que «en España hay independencia judicial» y que los acusados tendrán un «juicio justo». A la vez, anuncia a los cuatro vientos que nunca cederá ante el derecho a decidir, porque la Constitución lo niega. Pero cuando quisieron cambiarla para dar «prioridad absoluta» al pago de la deuda pública a los bancos, el PSOE y el PP no tardaron un segundo en modificar el artículo 135.
Defender a los presos catalanes es defender las libertades y enfrentar la impunidad policial y judicial
Apoyar a los presos políticos catalanes no es un asunto de independentistas ni significa en absoluto compartir la política de sus dirigentes. Defenderlos:
-Es apoyar a los dos millones de catalanes que salieron a votar el 1 de Octubre.
-Es rechazar la impunidad policial ante la represión del 1 de Octubre, la ley mordaza o los palos a los taxistas.
-Es repudiar la arbitrariedad del aparato judicial, que nunca rompió amarras con el franquismo, fue extremadamente indulgente con los golpistas del 23-F, es servil con la banca (caso de las hipotecas), mantiene en libertad a los condenados de La Manada, arremete contra raperos porque se meten con el rey o la jerarquía católica e impone penas salvajes a los jóvenes de Altsasu por una pelea de bar.
-Es apoyar a la abrumadora mayoría de catalanes que están por el derecho a decidir. La clase trabajadora queremos una unión voluntaria y no a la fuerza.
-Es defender el derecho a decidir sobre la Monarquía, herencia del franquismo a la que nunca votamos.
Hay que movilizarse y hacer que el juicio se convierta en boomerang contra los acusadores
Llamamos a la movilización unitaria, a una respuesta masiva que, convierta el juicio en un boomerang contra los acusadores. En todas las ciudades de Cataluña y en el resto del Estado.