Tras el estadillo de la rebelión chilena, el 18 de octubre, contra el gobierno asesino de Piñera, son más de 2.500 activistas y luchador@s, jóvenes y trabajador@s de la Primera Línea encarcelad@s.
Hoy, frente a la pandemia del COVID-19, Piñera mantiene a l@s pres@s polític@s encarcelad@s y expuest@s a la muerte por contagio. La situación de las cárceles en medio de la pandemia es una bomba de relojería, pues debido al hacinamiento y a las condiciones carcelarias es imposible garantizar protocolos mínimos para detener la propagación del virus.
La política de Piñera es una política asesina focalizada contra l@s luchador@s y contra la revolución abierta el año pasado. Si mantienen encarcelad@s a l@s pres@s polític@s, entregándolos a la muerte por coronavirus, será un duro golpe a la pelea contra Piñera, con la cual quieren acabar.
Desde el inicio de la revolución, María Rivera, coordinadora de la Defensoría Popular de Chile y dirigente del MIT (sección chilena de la LIT-CI) ha sido amenazada de muerte y perseguida por asumir la defensa de vari@s pres@s acusad@s por participar en la Primera Línea y por haberse querellado contra el presidente Sebastián Piñera, por crímenes de Lesa Humanidad.
Creemos que esas amenazas hoy se vuelven más peligrosas al estar en medio de la pandemia del COVID-19, con medidas de aislamiento social y sin movilizaciones, ya que muchas veces en estos momentos de “calma” algunos grupos se aprovechan para continuar persiguiendo.
Así como otras organizaciones en el mundo y en el Estado Español y asociaciones de juristas como ALA (Asociación Libre de Abogadas y Abogadas) y la Sociedad Andaluza de Juristas para la Defensa de los DDHH individuales y colectivos lo han hecho, Corriente Roja expresamos nuestro apoyo y solidaridad a la compañera María Rivera y exigimos la libertad inmediata de tod@s l@s pres@s polític@s, así como medidas sanitarias en todas las cárceles.